BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido este jueves más flexibilidad para sectores como el agrícola en la revisión de la ley de morosidad que presentó la Comisión Europea y que establece un plazo máximo de 30 días para que entidades públicas y privadas paguen las facturas emitidas por pequeñas y medianas empresas (pymes).
Hereu, que participa este jueves en la reunión de ministros de Industria de la UE en Bruselas, ha expresado su respaldo al desarrollo del reglamento planteado por el Ejecutivo comunitario, pero ha pedido que se tenga en cuenta la realidad empresarial de diferentes países y sectores, para lo que solicita que el límite de 30 días se amplíe a 60 para algunos sectores.
«Se podría pasar de 30 a 60 días en algunos sectores industriales, en sectores comerciales donde hay productos de baja rotación y en algunos productos agrícolas», ha explicado el ministro.
Según la revisión que planteó Bruselas, los Estados miembro deberán crear autoridades de ejecución para supervisar y garantizar la aplicación de las normas y podrán, además, recibir denuncias, iniciar investigaciones y dictar sanciones contra los morosos.
En este sentido, el ministro ha resaltado que la morosidad es uno de los «grandes retos» a los que deben hacer frente las pyme y ha incidido en que «Europa necesita un texto legislativo que determine claramente que hay que luchar contra la morosidad y que el respeto a los plazos en el pago es fundamental».
No obstante, un grupo de 11 países liderado por Alemania considera que la idea de crear una nueva autoridad para hacer cumplir las normas supone añadir burocracia a un proceso ya de por sí complicado, al tiempo que critica también el marco legal, pues prefiere una directiva a una regulación para evitar una capa extra de legislación y dejar más margen de maniobra a los Estados miembro.
Al respecto, Hereu aboga por mantener la forma de reglamento para luchar contra la morosidad si este permite incluir las flexibilidades que reclaman países como España para «atender la realidad sectorial y de los diferentes países».
DILIGENCIA DEBIDA
El ministro también se ha referido a la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), que prevé multas y sanciones para las grandes empresas que socaven los derechos humanos y el medio y ha defendido que esta «encarna perfectamente los valores europeos».
Después de que 13 países, entre ellos Alemania e Italia, expresasen reticencias sobre el texto ya acordado con el Parlamento Europeo, el expediente volverá a votarse el viernes a nivel de embajadores tras un debate de los ministros durante la reunión de este jueves.
Hereu ha recordado que este proyecto, que afecta a grandes empresas con millones de facturación, nació en la presidencia española y considera que se trata de un elemento de responsabilidad social que «para nada va en contra de la competitividad empresarial».