CÁDIZ, 5 (EUROPA PRESS)
Los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Cádiz han mantenido este lunes un encuentro para retomar, en unidad de acción, el proceso de movilizaciones que tuvo su último gran acto reivindicativo ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que tuvo lugar en Córdoba el pasado mes de septiembre. Así, han acordado movilizaciones para el 22 de febrero en Jerez y el 21 de marzo en el Puerto de Algeciras.
El motivo de las protestas, según han explicado en una nota, es reclamar un cambio de rumbo de las políticas agrarias que están «asfixiando al sector», así como un «plan de choque específico» para la provincia de Cádiz, que incluya soluciones urgentes ante a la falta de agua.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas gaditanas han consensuado un calendario de movilizaciones en la provincia que dará comienzo el próximo jueves, 22 de febrero, en Jerez, cortando las principales vías de comunicación de la provincia.
Asimismo, se ha previsto el 21 de marzo bloquear el Puerto de Algeciras, al ser una de las principales entradas en el mercado europeo de productos agroalimentarios importados de terceros países, que suponen una «competencia desleal» para los agricultores europeos, además de entrar «sin control y sin garantías de seguridad alimentaria».
Las organizaciones y cooperativas agrarias de Cádiz participarán, igualmente, en las movilizaciones ya convocadas el 14 de febrero en las provincias de Sevilla y Jaén, así como en el resto de actos de protesta que se irán convocando a nivel regional.
Las reivindicaciones de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Cádiz se recogen en un documento en el que piden revalorizar la actividad agraria en su conjunto (agrícola, ganadera, cinegética y forestal), poniendo en valor el trabajo estratégico y esencial de los agricultores y ganaderos y el reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y ganadero.
Asimismo, reivindican un nuevo Plan Estratégico de la PAC «acorde a la realidad productiva» de los diferentes territorios, reforzando, blindando su presupuesto y con «menos requisitos medioambientales absurdos (condicionalidad y ecorregímenes)», así como la simplificación administrativa y burocrática para el agricultor y ganadero, ya que consideran que los registros que se exigen actualmente, como el Cuaderno Digital, del que proponen su eliminación, son «excesivos».
Además, piden la paralización de todas las normas comunitarias medioambientalistas que imposibilitan su labor, como el Pacto Verde Europeo, De la granja a la mesa o la Ley de Restauración de la Naturaleza, así como la revisión de todos los acuerdos comerciales y paralización de todos aquellos, como Mercosur, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio para otros intereses o la introducción de Cláusulas Espejos para evitar la competencia desleal de terceros países.
Igualmente, reivindican garantizar una «cadena alimentaria resistente, transparente y más justa para los agricultores y ganaderos», así como mayores incentivos fiscales, laborares y de financiación a tipo cero, con una legislación laboral y de seguridad social acorde a la realidad del sector, un apoyo reforzado a los jóvenes agricultores y la necesidad de una revisión a fondo del modelo de seguros agrarios en España.