BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
Los Veintisiete han fracasado este miércoles en un nuevo intento de acordar la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), que prevé multas y sanciones para las grandes empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente, después de un total de 14 Estados miembro hayan expresado reparos.
En concreto, 13 países de la UE se han abstenido en la votación de este miércoles a nivel de embajadores, entre ellos Alemania, mientras que sólo Suecia ha votado en contra del texto actual, acorde a fuentes diplomáticas.
Este nuevo rechazo llega después de que el pasado 9 de febrero los Veintisiete decidiesen aplazar sin fecha las negociaciones, por lo que tras el nuevo resultado fallido de este miércoles la presidencia del Consejo, que este semestre corresponde a Bélgica, ha concluido que estudiará si es posible abordar las preocupaciones planteadas por los Estados miembro en consulta con el Parlamento Europeo.
El Consejo y la Eurocámara ya llegaron a un acuerdo en diciembre de 2023, pero el texto debe ser todavía refrendado por los Veintisiete para que pueda entrar en vigor.
El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha lamentado la incapacidad del Consejo para lograr un acuerdo y ha recordado que los Veintisiete disponen de dos semanas para encontrar un nuevo compromiso que permita superar este «punto muerto», ya que consideran que «aplazar la directiva hasta la próxima legislatura pondría en peligro todo el proyecto legislativo».
Asimismo, acusan directamente al Partido Democrático Liberal, que forma parte de la coalición de gobierno en Alemania, de haber tenido «éxito en su sabotaje» al lograr «arrastrar» a varios Estados miembro, algo que a su juicio socava la «credibilidad y la integridad de la toma de decisiones de la UE», porque supone «dar marcha atrás» al acuerdo cerrado a tres bandas en lo que califican de «nueva ronda de tira y afloja europeo».
La normativa cuenta, además, con el apoyo de empresas y consumidores de la UE, que respaldan este acuerdo, como ya recordó la Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF, por sus siglas en inglés), que señala también a Alemania en particular, e invita al país a preguntarse «si quiere tener sobre su conciencia un bloqueo de última hora de esta legislación crucial».
DISPOSICIONES DEL ACUERDO
El texto del pacto alcanzado el pasado diciembre buscaba presionar a aquellas empresas que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente con sanciones y multas que iban desde medidas como «nombrar y avergonzar» hasta retirar del mercado los productos de una empresa o imponer multas de, al menos, el 5% de su facturación mundial neta.
Se preveía que estas nuevas reglas se aplicasen a las compañías europeas con más de 500 empleados y una facturación mundial neta de más de 150 millones de euros y a las compañías con más de 250 empleados y con una facturación superior a 40 millones de euros si, al menos, 20 millones proceden de sectores específicos como el textil, la agricultura, la pesca, las materias primas agrícolas o materiales de construcción.
Está previsto que las nuevas reglas afecten también a las firmas extracomunitarias con una facturación neta de, al menos, 300 millones de euros en la Unión Europea y cuya lista será configurada por la Comisión Europea. El sector financiero, no obstante, quedaría temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva, aunque se incluirá una cláusula de revisión para volver a analizar la situación el futuro en base a una evaluación de impacto con datos suficientes.
Además, se quiere obligar a las compañías a integrar en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos medidas de «diligencia debida», incluido un código de conducta, y a adoptar un plan específico que garantice que su modelo de negocio cumplirá con la limitación del calentamiento global a 1,5°C.