BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)
Los Veintisiete intentarán perfilar una serie de pautas de carácter voluntario que permitan medir de forma cuantitativa el impacto de las futuras inversiones sociales en la economía de la Unión Europea.
«Hay que definir las metodologías, pero hemos visto una voluntad real de muchos Estados miembro de proseguir esa labor para crear directrices voluntarias sobre cómo medir el impacto de la política social», ha explicado el ministro de Asuntos Sociales de Bélgica –país que ostenta la presidencia del Consejo, Frank Vandenbroucke.
Así lo ha señalado junto al ministro belga de Finanzas, Vincent Van Peteghem, tras la reunión conjunta de ministros de Economía y Asuntos Sociales de la UE, en la que se ha abordado la importancia de las inversiones sociales en la gobernanza comunitaria de cara a los próximos años.
En una reunión que, según los políticos belgas ha sido «muy participativa y de gran utilidad», los ministros han compartido ejemplos sobre cómo la inversión social contribuye al crecimiento económico y al bienestar social.
Durante el debate se ha mencionado también la importancia de la salud mental y la necesidad de abordar desde una perspectiva integrada las políticas económicas y sociales.
«Hay que ser capaz de medir el impacto de la inversión social y las reformas en la productividad y la gobernanza», ha agregado Vandenbroucke, que confía en que sea posible desarrollar esas directrices voluntarias sobre cómo medir el impacto de las inversiones sociales.
Por su lado, Van Peteghem ha destacado que la UE debe centrarse en la inversión y las reformas para «cerrar la brecha» de productividad con respecto a Estados Unidos.
«Sabemos que la productividad será uno de los principales motores de la competitividad, que el crecimiento de la última década se está estancando y que la diferencia de productividad con Estados Unidos está aumentando, por lo que es importante centrarse en la inversión en reformas para cerrar esa brecha», ha apuntado.
Para ello, ha incidido que, en el plano técnico, los Estados miembro trabajarán en la definición de una metodología que permita «medir el impacto de los instrumentos sociales en la práctica».