MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Los trabajadores públicos de Argentina arrancan este viernes 5 de abril un nuevo paro, apenas 48 horas después del anterior que se organizó el pasado miércoles, con una solicitud de evidencias al Gobierno para justificar los despidos de más de 70.000 empleados públicos en todo el país.
«Resulta imperiosa la justificación de los despidos. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos», ha sostenido el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público, Rodolfo Aguiar, a primera hora de este viernes, horas antes del arranque de la jornada de paro.
Está previsto que los representantes sindicales y los trabajadores marchen hacia el Ministerio de Economía a las 12.00 horas locales. El objetivo de esta movilización es que se paralicen los despidos y que los trabajadores públicos que han sido cesados de sus puestos puedan volver a la administración.
Asimismo, entre sus exigencias figura un aumento salarial que supere las cifras de inflación en el país y el freno de las políticas de ajuste en el sector, rechazando cualquier privatización de las empresas públicas que está llevando a cabo el presidente de Argentina, Javier Milei.
«Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: En este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país», ha denunciado Aguiar, quien además ha señalado que los despidos no están siendo entre los empleados estacionales o temporales, sino entre trabajadores que realizan «funciones inherentes» a cada uno de los organismos, «independientemente de la modalidad de la contratación».
La movilización de los trabajadores será distinta en cada una de las provincias de Argentina, con arreglo a las decisiones tomadas en las reuniones plenarias del sindicato en cada escala provincial. Está previsto que las oficinas públicas permanezcan cerradas o que se abra el servicio de ventanilla de forma intermitente.
ATAQUE DEL ESTADO
De los 70.000 despidos previstos en la administración pública de Argentina, la ATE ha calculado que ya se han concretado unos 11.000 tan solo en los últimos días, lo que supone «vulnerar la garantía de estabilidad» del Estado que rige la Constitución.
«Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal», ha manifestado Aguiar en reiteradas ocasiones.
Ante la convocatoria de este y otros paros en los últimos días, el Gobierno ha mostrado su sorpresa, asegurando que les llama la atención que «de repente» haya tantas propuestas de movilización.
«Después de tantos años de inflación y bajos salarios seguimos tratando de entender las razones por las que los sindicatos se duermes y se despiertan», vaciló el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, el pasado jueves.
En sus declaraciones criticó que los representantes de los trabajadores hayan estado tanto tiempo sin movilizarse bajo el Gobierno de Alberto Fernández mientras que, apenas un mes después de que Milei asumiese el cargo de presidente, ya tuviera convocado un paro nacional.