La ambición de Infantino que puede quebrar el fútbol
I. La propuesta que ha encendido la mecha
Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, ha puesto sobre la mesa una iniciativa que ha desatado la mayor crisis institucional en la historia moderna del fútbol. El plan consiste en crear una filial comercial, bautizada como FIFA Forward Enterprise, que concentraría todos los ingresos comerciales de la organización —derechos audiovisuales, patrocinios, venta de entradas, licencias— y en vender hasta un 30 por ciento de sus participaciones a inversores privados seleccionados, entre los que figuran gigantes financieros como J.P. Morgan y la firma Thrive Eternal. La operación, valorada en unos 20.000 millones de dólares, transformaría el principal activo del fútbol internacional —la Copa del Mundo— en un producto cotizado, sometido a la lógica del dividendo y la rentabilidad para accionistas ajenos.
La respuesta no se ha hecho esperar. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, que preside Aleksander Ceferin, ha convocado a sus 55 federaciones miembro y ha anunciado un boicot sin precedentes: ninguna selección europea participará en el próximo Mundial ni en competición alguna organizada por la FIFA mientras la propuesta no sea retirada por completo. La Confederación Asiática, por boca de su presidente Salman bin Ebrahim Al Jalifa, ha calificado de «inaceptable» el secretismo con el que ha actuado Infantino. La Comisión Europea ha anunciado que monitorizará el proceso para comprobar si el plan vulnera las leyes comunitarias de competencia. Y el primer ministro británico, Andy Burnham, ha colgado un mensaje en redes sociales tan contundente como elocuente: «El fútbol no pertenece a los inversores. Pertenece a las personas que llenan las gradas semana tras semana. El Mundial no es un producto. Es la mayor competición del deporte y nunca fue propiedad de nadie».
II. La naturaleza jurídica de la FIFA y el límite del ánimo de lucro
La FIFA es, conforme a sus estatutos, una asociación sin ánimo de lucro registrada en el derecho suizo. El artículo 2 de los Estatutos de la FIFA establece que su objeto es «promover el fútbol en todo el mundo, proteger la integridad del juego y organizar competiciones internacionales». La ausencia de ánimo de lucro no es un adorno retórico, sino un elemento estructural de su régimen jurídico que condiciona el destino de sus ingresos, la fiscalidad que le es aplicable y la legitimación social que ostenta ante las federaciones que la integran y ante los aficionados que llenan los estadios.
La creación de una filial con participación de inversores privados que persiguen legítimamente el lucro no convierte a la FIFA en una entidad mercantil, pero introduce un elemento de tensión con su naturaleza fundacional que ningún comunicado ha conseguido disipar. La FIFA asegura que mantendrá el control absoluto sobre el calendario, las reglas del juego y la gobernanza del fútbol, y que los inversores no tendrán capacidad de decisión sobre las competiciones. Pero la distinción entre la propiedad formal y la influencia real es, en el mundo de las grandes corporaciones, una frontera porosa. Quien posee una participación minoritaria en una empresa valorada en 20.000 millones de dólares no se limita a cobrar dividendos: pregunta, sugiere, condiciona y, llegado el caso, presiona. Y quien tiene la potestad de vender más participaciones en el futuro —porque la FIFA no ha descartado ampliar el porcentaje— está sometido a la expectativa de quienes ya han comprado.
III. La coerción económica como método: el plazo de 53 días
El procedimiento elegido por Infantino para recabar apoyos ha sido tan criticado como el fondo de la propuesta. Las 211 federaciones disponen de 53 días —hasta el 19 de septiembre— para pronunciarse sobre el plan. La urgencia no se justifica por ninguna circunstancia sobrevenida, sino por la necesidad de cerrar la operación antes de que las resistencias se organicen. Pero lo que ha indignado a buena parte de las federaciones no es el plazo, sino la vinculación explícita entre la aprobación del proyecto y la financiación que recibirán en los próximos ciclos. Si la propuesta sale adelante, cada federación podría recibir hasta 86 millones de dólares hasta 2038, sumando los programas FIFA Forward y FIFA Fast Forward. Si es rechazada, la financiación se reduciría a unos 2.700 millones globales, cerca de un 75 por ciento menos.
The Times ha calificado esta presión económica de intento de «soborno». La palabra es jurídicamente precisa si se entiende en su acepción de corrupción en los negocios, pero incluso sin llegar a ese extremo, la conducta de la FIFA plantea un problema de legitimidad democrática. Las federaciones no son sucursales de Zúrich, sino entidades soberanas que deben decidir sobre el futuro del fútbol con arreglo a sus propios intereses y a los del deporte que representan. Someterlas a un ultimátum económico que condiciona su viabilidad financiera a la aceptación de un proyecto que muchas consideran lesivo para el interés general del fútbol es una forma de coerción que vicia el consentimiento y deslegitima el resultado de la votación, cualquiera que sea.
IV. El boicot europeo y la posible fractura del fútbol mundial
La respuesta de la UEFA ha sido tan contundente como inusual en el lenguaje diplomático que suele emplear. «Nadie es propietario del fútbol», afirmó el organismo en su primer comunicado. Y en el segundo, emitido tras la cumbre telemática de urgencia, añadió: «La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos». La declaración no es una mera queja, sino la advertencia de que Europa está dispuesta a llegar hasta el final. Ninguna de las 55 federaciones europeas participará en competiciones de la FIFA si la propuesta no se retira por completo y se ofrecen garantías jurídicas de que jamás se volverá a abrir la gobernanza del fútbol a la propiedad privada.
El órdago es de una gravedad que no admite matices. Si Europa se retira del Mundial, el torneo pierde a las selecciones más poderosas del planeta —España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia— y se convierte en un espectáculo de segunda fila. Los patrocinadores huirían, los derechos audiovisuales se desplomarían y la nueva empresa que Infantino pretende vender valdría una fracción de los 20.000 millones de dólares estimados. La paradoja es que la amenaza de boicot, lejos de fortalecer la posición negociadora de la FIFA, la debilita, porque demuestra que el activo que pretende privatizar no es suyo, sino de las federaciones que lo sostienen con su participación. Sin las federaciones, no hay Mundial. Y sin Mundial, no hay FIFA Forward Enterprise.
V. El derecho de la competencia como límite a la privatización del Mundial
La Comisión Europea ha anunciado que monitorizará el proceso para comprobar si el plan de la FIFA vulnera las leyes comunitarias de competencia. La referencia no es casual. La creación de una sociedad que concentra todos los derechos comerciales del fútbol mundial y los vende a inversores seleccionados sin un procedimiento de licitación abierto y transparente podría constituir una infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe los acuerdos entre empresas que falseen la competencia. La venta de participaciones a inversores elegidos a dedo, entre los que se encuentran empresas vinculadas al entorno familiar del presidente de los Estados Unidos, añade un elemento de opacidad que no pasará desapercibido para las autoridades de competencia europeas.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lo expresó con claridad: «El desarrollo no puede utilizarse para comprar votos ni silencios». La frase resume una preocupación que va más allá de la competencia y penetra en el terreno de la integridad del proceso decisorio. Si la FIFA utiliza los fondos que promete a las federaciones para obtener su respaldo en una votación que decidirá el futuro económico de la organización, está utilizando el dinero del fútbol para comprar el futuro del fútbol. Y eso, en cualquier ordenamiento jurídico mínimamente garantista, se llama conflicto de intereses.
VI. Reflexiones finales sobre un proyecto que puede destruir lo que pretende salvar
El proyecto de Infantino de privatizar parcialmente el Mundial es, en el fondo, un intento de convertir el principal activo del fútbol mundial en un producto financiero, sometido a la lógica del beneficio a corto plazo y ajeno al control democrático de las federaciones que integran la FIFA. La resistencia que ha despertado no es una reacción gremial, sino la defensa de un principio que el derecho conoce bien: hay bienes que no pueden ser objeto de comercio, porque pertenecen a una comunidad que los ha construido a lo largo de generaciones y que no los ha puesto en el mercado porque nunca consideró que estuvieran en venta.
El Mundial no es de la FIFA, como el mar no es de nadie y el aire no se compra. Es un patrimonio colectivo del fútbol, gestionado por una organización que debe rendir cuentas ante quienes la integran y ante quienes la sostienen con su pasión y su dinero. Vender una parte de ese patrimonio a inversores privados es, en el fondo, vender lo que no es propio. Y quien vende lo que no es propio, tarde o temprano, descubre que el comprador le reclama lo que creía haber vendido y que los verdaderos dueños le reclaman lo que nunca debió poner en venta. La ambición de Infantino puede quebrar el fútbol. Y cuando se quiebra el fútbol, no se rompe solo un negocio, sino algo mucho más frágil y valioso: la ilusión de millones de personas que cada cuatro años se sientan frente al televisor, o viajan al estadio, o se reúnen en una plaza, convencidas de que aquello que están viendo no pertenece a nadie y es de todos. Porque el fútbol, como la democracia, no se vende. Se defiende. O no es fútbol. Ni democracia. Ni nada.