MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este miércoles en el Congreso las obras para la ampliación norte del Puerto de Valencia, enfrentándose a sus socios de Sumar, que insisten en pedir que se paralicen porque la consideran «insostenible» e «innecesaria».
«Creemos que estamos haciendo lo correcto», ha defendido Puente durante su comparecencia para explicar las líneas generales de su departamento en la legislatura. Eso sí, el ministro ha asegurado que en caso de que se produzcan daños medioambientales por la operación habrá «medidas correctoras», aunque ha incidido en que las obras se limitan «a rellenar un muelle de contorno que ya existe».
Óscar Puente ha explicado que la operación, al ampliar la masa crítica del puerto, ayudará a trasladar más mercancías de los barcos a los trenes y no tantas a los camiones. «Podremos liberar más de 1.000 camiones diarios que en este momento están colapsando la V-30», ha defendido el ministro en su intervención.
«Lo que se va a hacer ahora no es una incorporación muy relevante desde el punto de vista medioambiental», ha defendido Puente. En concreto, ha explicado que la primera ampliación del Puerto sí produjo una incidencia importante en las playas del sur de Valencia, pero esta se hizo hace 30 años y después se han ido añadiendo nuevas terminales. «El daño ya estaba hecho», ha explicado Puente.
SUMAR INSISTE EN QUE ES INSOSTENIBLE
Pero Sumar no comparte esta opinión del Gobierno del que forma parte. El diputado de Compromís integrado en el grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha criticado que la ampliación «es insostenible» desde el punto de vista medioambiental e «innecesaria» en el plano económico y de comercio exterior.
«Lo que se está haciendo es vender un trozo de España más grande que Gibraltar a una multinacional extranjera. Señor ministro, no se preocupe, no habrá ampliación del Puerto de Valencia», ha remachado Ibáñez.
En respuesta a estas declaraciones, Óscar Puente ha asegurado a Ibáñez que si tuviera constancia de que la operación es dañina para el medio ambiente no se llevaría adelante, siempre que los tribunales no digan lo contrario.