OURENSE, 7 (EUROPA PRESS)
El juzgado de lo social número 1 de Ourense ha declarado improcedente el cese de una trabajadora interina durante más de diez años en la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia a la que, en aplicación del reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), da la posibilidad de escoger entre la readmisión o recibir la indemnización que le corresponde.
El fallo, facilitado por CSIF, sindicato demandante en este caso, y contra el que cabe recurso ante el TSXG, da la razón a la empleada que ejerció con contrato de internidad entre abril de 2013 y octubre de 2023, cuando fue cesada de su plaza en Política Social.
La funcionaria había reclamado su inclusión en el proceso de estabilización de la Ley 20/21, pero su solicitud fue declinada. Pese a esto, el tribunal considera que los más de 10 años que prestó sus servicios a la Administración dan prueba de que la relación laboral era de carácter fijo, al haber excedido «con mucho» el plazo de tres años que marca el Estatuto Básico de Empleo Pública para la cobertura reglamentaria del puesto que ocupaba.
Así, determina que el fallo de la TJUE marca, a falta de medidas en el derecho estatal sobre el abuso de contratos temporales sucesivos en la Administración, que la conversión de estos contratos en fijos puede ser una salida, por lo que concede la oportunidad a la demandante de pedir su reingreso.
En un comunicado, CSIF muestra su satisfacción por la resolución del juzgado ourensano, que creen que «vuelve a poner en evidencia el abuso de la temporalidad que han realizado la administración del estado y autonómicas a lo largo de los últimos decenios».
«Tal y como hemos venido denunciando, los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar», añade el sindicato del funcionariado.
Asimismo, concluye que «tampoco han sido efectivas» las medidas disuasorias, por lo que piden «endurecer la responsabilidad de las administraciones que no cumplan y que el Gobierno asuma ya en los próximos Presupuestos el compromiso de eliminar la tasa de reposición».