La formación aboga en el Congreso por primar a ciudadanos que comparten «idiomas y lazos históricos y culturales» con España
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone dar prioridad a los ciudadanos españoles en los programas de acceso a la vivienda y las ayudas sociales, pues denuncia que en comunidades como el País Vasco se destinan 182 millones de euros a personas extranjeras por estos conceptos.
La formación de Santiago Abascal se queja del impacto económico negativo que tiene la inmigración «debido a la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas». «La inmigración en España aporta actualmente un porcentaje muy pequeño del total recaudado, siendo la contribución fiscal de estos inmigrantes muy inferior a la del español medio, que aporta de media casi tres veces más que los extranjeros», dice Vox.
El grupo parlamentario critica también la «escasa voluntad de integración» de estas personas, las «elevadas tasas de paro» que registran y el «auge de la violencia que trae acompañada cierto tipo de inmigración».
Por todo ello, Vox justifica su iniciativa para dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales y los programas de vivienda, que se debatirá en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Cámara Baja.
QUIEREN UNA INMIGRACIÓN ORDENADA Y CON VOLUNTAD DE INTEGRACIÓN
Pero además, la proposición no de ley plantea también promover una «adecuada inmigración que sea legal, ordenada y con voluntad de integración» de las personas que llegan a España. En esta línea, sugieren atender «prioritariamente» a los ciudadanos que comparten «idiomas y lazos históricos y culturales» con nuestro país.
En otro orden de cosas, la formación pide al Gobierno incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de sus normas y en todas las políticas públicas que acometan.
Asimismo, demandan reforzar las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar y los programas de atención a la soledad no deseada. Por último, la PNL de Vox insta al Gobierno a generar un entorno social, económico y normativo «atractivo y fiable» para las familias.