La administración Trump quiere deportar a 475 trabajadores de una nueva fábrica de Hyundai por "ilegales"
Lo que debía ser un símbolo de cooperación internacional y apuesta por la movilidad eléctrica, ha terminado bajo el foco mediático por una de las redadas migratorias más grandes de los últimos años en Estados Unidos. El pasado 4 de septiembre, agentes federales irrumpieron en las obras del complejo Hyundai/Metaplant en Ellabell, Georgia, deteniendo a 475 trabajadores, la mayoría de ellos ciudadanos surcoreanos en situación migratoria irregular.
La intervención se produjo de forma repentina, sin previo aviso. Las imágenes que se difundieron en los días posteriores —filas de trabajadores esposados, agentes registrando zonas en construcción, empleados intentando escapar por canalizaciones— reflejan no solo la magnitud del operativo, sino también las tensiones latentes en torno a la legalidad en proyectos internacionales.
Una inversión colosal, una grieta legal
El complejo Hyundai Metaplant no es una obra cualquiera. Con una inversión prevista de 7.600 millones de dólares (6.475 millones de euros), se trata del mayor proyecto industrial de la historia del estado de Georgia, destinado a la producción de vehículos eléctricos y baterías. Un pilar estratégico en la expansión global de Hyundai, con Estados Unidos como mercado clave.
Pero lo que debía ser una historia de innovación, empleo y transición energética, se ha visto eclipsado por una falla estructural: la gestión de los recursos humanos en la cadena de subcontratación. Según las autoridades migratorias, muchos de los trabajadores estaban en el país con visados inadecuados, otros habían excedido su tiempo legal de estancia y varios ni siquiera tenían permiso de trabajo.
Corea del Sur reacciona: repatriación exprés
El escándalo no tardó en tener repercusiones diplomáticas. El gobierno de Corea del Sur expresó su malestar, envió personal consular y negoció directamente con Washington para evitar una crisis mayor. Como resultado, más de 300 trabajadores fueron repatriados en un vuelo chárter hacia Seúl, sin pasar por los prolongados procesos de detención habituales en estos casos.
Además, las autoridades surcoreanas anunciaron que revisarán los protocolos de visado para sus ciudadanos destinados a proyectos en el extranjero, tratando de evitar que se repitan incidentes como este.
Hyundai se desvincula, pero la reputación queda tocada
Hyundai Motor Company, por su parte, aclaró rápidamente que ninguno de los detenidos era empleado directo ni de la propia compañía ni de LG Energy Solution, su socio en la construcción de la planta de baterías. La mayoría formaba parte de empresas subcontratadas que trabajan en el proyecto.
Sin embargo, este matiz no evita el daño reputacional. En la era de la globalización, donde las grandes empresas fragmentan sus cadenas de producción y contratación en múltiples niveles, la trazabilidad legal de los trabajadores se diluye, y los riesgos aumentan. ¿Hasta qué punto es responsable una multinacional cuando una de sus subcontratas vulnera la ley?
Una lección de legalidad para todos
Este episodio no es solo una cuestión de visados o de errores administrativos. Es una advertencia clara sobre cómo se construyen hoy los megaproyectos globales. La seguridad jurídica, la legalidad migratoria y la responsabilidad social no pueden quedarse en segundo plano. Si un trabajador no tiene su documentación en regla, el proyecto entero se tambalea.
Estados Unidos no está en contra de la inmigración. Es un país construido por inmigrantes y que depende aún hoy del talento extranjero. Pero también es un país con normas estrictas: si un visado se incumple, la respuesta es clara y contundente.
El caso de Hyundai en Georgia nos recuerda que la legalidad no es un trámite burocrático, sino una columna vertebral de los grandes proyectos internacionales. Cuando no se respeta, las consecuencias afectan a todos: a los trabajadores, a los gobiernos implicados y, sobre todo, a las empresas que aspiran a liderar la economía del futuro.
La movilidad eléctrica avanza, sí. Pero sin seguridad legal y control real en cada fase del proceso, ninguna revolución tecnológica puede considerarse sólida. El escándalo de Georgia no es solo un incidente migratorio: es una señal de alarma sobre cómo se construyen los sueños industriales en la era global.
