La caída de BNP Paribas S.A.: un veredicto de 20 millones US$ que sacude al sector financiero
La sentencia emitida el pasado 17 de octubre en un tribunal federal de Manhattan marca un hito en la responsabilidad de las entidades bancarias frente a los derechos humanos y el cumplimiento normativo. Una parte central del veredicto es que BNP Paribas —el mayor banco de Francia— dio acceso al sistema financiero estadounidense al régimen sudanés entre 2002 y 2008 y facilitó el flujo de dólares que, según los demandantes, contribuyó al financiamiento de campañas de represión, desplazamiento masivo y asesinatos en Darfur, las Montañas Nuba y otras regiones del país.
Los tres demandantes, dos hombres y una mujer actualmente ciudadanos estadounidenses y originarios de Sudán, testificaron haber sido víctimas directas de tortura, violencia sexual, mutilaciones y persecución bajo el régimen de al-Bashir. El jurado reconoció que la actuación del banco fue una causa “natural y adecuada” del daño sufrido, lo que abre la puerta a miles de reclamaciones similares: unos 20.000 refugiados sudaneses podrían estar ya habilitados para reclamar miles de millones de dólares.
Este fallo se apoya además en el antecedente de 2014, cuando BNP Paribas aceptó declararse culpable y pagar casi 9.000 millones de dólares por haber procesado transacciones para entidades de Sudán, Irán y Cuba en violación de sanciones estadounidenses.
Las acciones del banco en bolsa reaccionaron inmediatamente: los títulos de BNP Paribas se desplomaron más del 7 % en la apertura europea tras conocerse el veredicto. Este impacto bursátil refleja una elevada sensibilidad del mercado ante riesgos legales y reputacionales crecientes para la banca internacional.
Para el sector financiero, el mensaje es claro: las instituciones ya no pueden alegar simplemente que “no financiaron armas” o “no dieron órdenes militares directas”. El veredicto considera que el acceso al sistema financiero en dólares —cartas de crédito, compensaciones, liquidez internacional— tiene un papel clave en la continuación de escenarios de violación de derechos humanos. En otras palabras, el cumplimiento normativo se está fusionando con la ética bancaria.
BNP Paribas anunció que recurrirá la decisión, alegando que se basa en una distorsión del derecho suizo que regula sus operaciones, y que no se le permitió introducir pruebas clave durante el juicio. Asimismo, el banco sostiene que las violaciones de derechos humanos en Sudán “no comenzaron ni terminaron con nosotros” y que no hay pruebas de que una transacción concreta haya causado el daño alegado.
Sin embargo, los especialistas creen que el caso ya ha cumplido su función de “sonda”: aunque el fallo sea limitado a los tres demandantes, sienta precedente y da pie al potencial de liquidaciones masivas futuras en el entorno estadounidense y más allá.
Para los analistas del mercado, este veredicto deja varias lecciones. En primer lugar, evidencia el peso del riesgo reputacional y legal en la banca global, donde el cumplimiento de sanciones y la debida diligencia se convierten en factores determinantes. En segundo lugar, pone el foco en los flujos financieros en dólares, que pasan a ser una herramienta crítica para responsabilizar a terceros en casos de violaciones de derechos humanos. En tercer lugar, refuerza la necesidad de que los consejos de administración garanticen que las operaciones internacionales no solo cumplan la normativa, sino también estándares éticos cada vez más exigentes.
