El FBI allana la casa de una periodista del Washington Post
Agentes federales se presentaron sin aviso previo en el domicilio de Natanson, registraron la vivienda e incautaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos su teléfono, un reloj inteligente y dos ordenadores portátiles —uno de ellos propiedad del periódico—. Aunque los agentes aseguraron a la periodista que no es el objetivo de la investigación ni está acusada de delito alguno, la magnitud de la intervención ha reavivado las críticas contra la estrategia de la Casa Blanca hacia los medios y sus fuentes confidenciales.
Un registro “extraordinario y agresivo”
En un correo interno a la redacción, el director ejecutivo del Washington Post, Matt Murray, calificó la redada como una actuación «extraordinaria y agresiva» que plantea «profundas dudas sobre las protecciones constitucionales» que amparan el trabajo de los periodistas. El mensaje, desvelado por varios medios, subraya que los agentes llegaron «sin previo aviso», registraron el domicilio de Natanson y se llevaron varios dispositivos.
«El Washington Post tiene una larga historia de defensa férrea de la libertad de prensa. Toda la institución se mantiene firme en la defensa de esos derechos y de nuestro trabajo», escribió Murray, que también recalcó que ni el diario ni la periodista habían sido informados de que pudieran ser objetivo de una investigación del Departamento de Justicia.
El exdirector del Post, Marty Baron, fue aún más contundente: consideró el registro «una señal clara y terrible de que esta administración no pondrá límites a sus actos de agresión contra una prensa independiente».
La versión oficial: filtraciones de información clasificada
La fiscal general, Pam Bondi, aseguró en una publicación en X que el registro se llevó a cabo por el Departamento de Justicia y el FBI a petición del Pentágono. Según su versión, la orden judicial autorizaba el registro de la vivienda de «una periodista del Washington Post que estaba obteniendo y publicando información clasificada filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono».
Bondi afirmó que el supuesto filtrador se encuentra «actualmente entre rejas» y defendió la operación como parte del esfuerzo del Gobierno para frenar las filtraciones de información sensible: «La Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser publicadas, supongan un grave riesgo para la seguridad nacional y para los hombres y mujeres que sirven a nuestro país».
El mandato judicial, según reveló el propio Washington Post, está vinculado a la investigación de Aurelio Pérez-Lugones, administrador de sistemas en Maryland con acceso a información de alto secreto. Se le acusa de haber accedido y llevado a su domicilio varios informes de inteligencia clasificados. Parte de esos documentos habrían sido encontrados en su fiambrera y en el sótano de su casa, de acuerdo con una declaración jurada del FBI. Por ahora, la denuncia penal no le imputa directamente la filtración de los materiales a la prensa.
Natanson, en el centro de la cobertura sobre el Gobierno federal
Hannah Natanson cubre la función pública federal y ha participado en algunas de las informaciones más sensibles y de mayor perfil del Post durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. En un relato en primera persona publicado recientemente, se describía como la «susurradora del Gobierno federal» del periódico.
En ese texto, Natanson explicaba que recibía llamadas a cualquier hora del día y de la noche de funcionarios federales que querían contarle cómo el presidente estaba reescribiendo políticas internas, despidiendo colegas o cambiando la misión de sus agencias. Afirmaba que su trabajo le había llevado a acumular 1.169 nuevas fuentes, todas ellas empleados o ex empleados federales, y que con frecuencia obtenía información que «las personas dentro del Gobierno no se suponía que debían contarle». La intensidad de esa cobertura, admitía, casi la «rompió» profesional y personalmente.
El hecho de que ahora sea su casa la que ha sido registrada y sus dispositivos los que han sido incautados se percibe, para muchos observadores, como un mensaje disuasorio hacia posibles fuentes dentro de la administración.
Condena unánime de las organizaciones de libertad de prensa
Las reacciones de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa fueron inmediatas y muy críticas.
Bruce D. Brown, director del Reporters’ Committee for Freedom of the Press, subrayó que los registros físicos de domicilios y dispositivos de periodistas son «algunos de los pasos más invasivos» que puede dar la policía. Recordó que hay leyes y políticas específicas en el Departamento de Justicia para limitar este tipo de actuaciones solo a «casos extremos», porque pueden poner en peligro fuentes confidenciales más allá de la investigación concreta.
Desde el Knight First Amendment Institute, su director, Jameel Jaffer, exigió una explicación pública de por qué el Departamento de Justicia considera que este registro era «necesario y legalmente admisible». «Cualquier registro dirigido a un periodista merece un escrutinio intenso, porque puede desalentar e impedir la labor informativa que resulta vital para nuestra democracia», señaló.
Seth Stern, responsable de incidencia en la Freedom of the Press Foundation, calificó el allanamiento de «escalada alarmante en la guerra de la Administración Trump contra la libertad de prensa» y tildó la orden de registro de «indignante». A su juicio, el Gobierno podría estar ahora en posesión de volúmenes de comunicaciones periodísticas sin relación con la investigación, y dudó de que las autoridades vayan a respetar la confidencialidad entre periodistas y fuentes.
Desde PEN America, el director del programa de periodismo y desinformación, Tim Richardson, advirtió de que una acción «tan rara y agresiva señala un ataque creciente contra la información independiente y socava la Primera Enmienda». «Este tipo de comportamientos son más propios de Estados policiales autoritarios que de una democracia que reconoce el papel esencial del periodismo en la información al público», añadió.
Una relación cada vez más tensa entre Trump y el Washington Post
El allanamiento se enmarca en una relación deteriorada entre el Washington Post y la Administración Trump. A pesar de que el propietario del diario, el fundador de Amazon Jeff Bezos, ha intentado en ocasiones rebajar la tensión —por ejemplo, impidiendo que el medio respaldara a Kamala Harris en las presidenciales de 2024—, los choques con la Casa Blanca se han intensificado en los últimos meses.
Para los críticos, el caso Natanson encaja en una estrategia más amplia de presión sobre medios y periodistas que investigan el funcionamiento interno del Gobierno, especialmente en ámbitos sensibles como la seguridad nacional o las filtraciones de información clasificada.
A la espera de que se conozcan más detalles del expediente judicial y de la justificación oficial del registro, la redada en la casa de una reportera de un gran diario nacional ya se ha convertido en símbolo de la preocupación por los límites que la Administración Trump está dispuesta a cruzar en su confrontación con la prensa.
