Gaza: ¿un nuevo holocausto?

El análisis de Valdecasas

Las fotos de los cadáveres ambulantes de Auschwitz han acompañado el sentimiento de culpa del subconsciente colectivo de los países occidentales de los últimos ochenta años. Los videos de los niños palestinos muriendo de hambre en vivo y en directo serán la marca de nuestra vergüenza durante el S.XXI.

En Gaza se está consumando una tragedia humana de escala histórica: bajo la operación militar iniciada por Israel en octubre de 2023, se ha desatado una campaña sistemática de muerte, hambre y destrucción cuyo perfil se aproxima inquietantemente al de un genocidio. Tal como ha reconocido el Tribunal Penal Internacional (TPI) con órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por usar el hambre como arma de guerra, la destrucción deliberada de infraestructuras clave y la negación de servicios esenciales apuntan a un patrón legalmente condenable.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que el poder israelí ha desatado una política de “aniquilación de civiles” y transformación de Gaza en un espacio inhabitable, tal como evidencian recientes imágenes satelitales que muestran la devastación total de comunas como Khuza’a en mayo de 2025. En julio de 2025, más de 1000 personas perdieron la vida solo por buscar comida: víctimas de fuego israelí en puntos de distribución humanitaria, fusilamientos deliberados documentados por la ONU. El diario israelí HAARETZ publicó declaraciones de militares israelíes que decían haber recibido órdenes de disparar indiscriminadamente contra los palestinos en las colas del hambre.

Numerosas ONG internacionales y expertos en derecho internacional han calificado los hechos como genocidio. El informe del Comité Especial de la ONU publicado en septiembre de 2024 concluye que las prácticas israelíes “son consistentes con las características del genocidio” por su intención destructiva sobre un grupo protegido. Más aún, un informe de marzo de 2025 detalló cómo la destrucción sistemática de centros de fertilidad y de atención reproductiva constituía un acto que apunta a impedir nacimientos entre palestinos, una conducta considerada genocida.

El caso llevado ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas por Sudáfrica, iniciado el 29 de diciembre de 2023, acusa formalmente a Israel de genocidio bajo la Convención de 1948. En enero de 2024, el TIJ ordenó medidas provisionales, afirmando que “actos y omisiones” de Israel parecen plausiblemente caer bajo la Convención y advirtiendo del riesgo inminente de perjuicio irreparable a los derechos de los palestinos. El TIJ ha señalado que las acciones israelíes podrían estar violando la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, emitiendo medidas provisionales obligatorias que exigen a Israel actuar con urgencia para impedir actos genocidas, facilitar ayuda humanitaria y proteger a la población palestina. Las acusaciones en este caso se basan principalmente en las propias declaraciones públicas de los responsables políticos israelíes.

Uno de los intelectuales más incisivos en este análisis, el profesor John J. Mearsheimer de la Universidad de Chicago, sostiene que la campaña no solo representa una secuencia de destrucción masiva y hambruna inducida, sino que exhibe una intención genocida. Su perspectiva subraya cómo la élite política israelí y ciertos grupos ideológicos proyectan convertir Gaza en un territorio inhabitable, evidenciando la posibilidad de limpieza étnica reciente o en curso.

Incluso analistas conservadores como Piers Morgan han señalado que el propósito es transformar Gaza en un “desierto social” convirtiéndolo en un lugar inhabitable y provocando de esta manera una limpieza étnica larvada cuya narrativa pública se sostiene bajo la lógica de seguridad extrema. Esta narrativa no proviene de interpretaciones radicales, sino del análisis de planes oficiales y declaraciones de funcionarios israelíes de alto rango que descartan posibilidades de vida en Gaza para los palestinos, lo que sugiere una orientación de exterminio urbano y demográfico.

El sufrimiento cotidiano es desgarrador: según MsF y la ONU, un tercio de la población vive varios días sin comida y centenares han muerto intentando recibir ayuda humanitaria. El hambre ha sido usada como arma: los cortes de comida, agua y combustible han provocado desnutrición masiva, especialmente entre niños, situación descrita por expertos como “humanistarismo genocida”, un término que resume el uso de mínimas provisiones para mantener vidas, pero destruyendo la identidad social y el tejido civil palestino.

La respuesta internacional es escasa y débil. Estados como el Reino Unido, Francia y Alemania han emitido declaraciones conjuntas condenando la catástrofe humanitaria y exigiendo al gobierno israelí levantar restricciones sobre la ayuda, pero siguen ayudándole en todos los frentes incluso con armamento. Francia, finalmente, ha anunciado que formalizará el reconocimiento de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre, una medida histórica que ha intensificado la tensión diplomática con Israel.

Paralelamente, en la conferencia promovida por Sudáfrica en Bogotá (julio 2025), más de veinte países del Sur global, y la propia España, adoptaron medidas concretas: embargo de armas, suspensión de relaciones institucionales, rechazo a contratos públicos con entidades israelíes y apoyo a la aplicación de jurisdicción universal contra crímenes internacionales. ¿Se cumplirán?

Desde el punto de vista del derecho internacional, la falta, por el momento, de reconocimiento formal del genocidio por el TIJ no reduce la gravedad de los hechos. Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, critica que la consideración de genocidio es suprimida en algunos países y en algunas instancias políticas por una mezcla de tabú histórico ("Israel fue víctima del Holocausto") y una definición judicial excesivamente estricta de “genocidio”, lo que podría dejar impunes hechos que cumplen con elementos sustanciales de la Convención de 1948. Roth lo detalla como una disonancia cognitiva: se menosprecia la historia palestina para justificar la impunidad actual de Israel. Francesca Albanese, relatora de derechos humanos de la ONU, instó durante la cumbre de Bogotá a sanciones y ruptura de lazos diplomáticos con Israel, comparando su régimen con el apartheid sudafricano y exigiendo justicia global inmediata.

¿Cómo entender este desastre desde una mirada neutral? Gaza representa un laboratorio de muerte controlada: bombardeos, hambruna, falta de agua, éxodo forzado. La destrucción de hospitales, escuelas y centros culturales es parte de una estrategia de despojo y borrado identitario. Permitir que una población sea empujada al colapso, especialmente tras sellar sus fronteras y expulsar agencias como UNRWA, es usar la ayuda internacional como arma letal. Mearsheimer ha hecho un análisis detallado comparando el comportamiento israelí en Gaza con el comportamiento de la Alemania nazi en Europa oriental: genocidio y Lebensraum.

Pero lo más inquietante reside en las intenciones declaradas. Las expresiones de líderes como Bezalel Smotrich anunciando que Gaza será "enteramente destruida" y abogando por desplazar a su población hacia terceros países, son ecos de una lógica étnica de remoción urbana, sin precedentes desde el apartheid o la limpieza de Bosnia. Estas declaraciones ocurren mientras miles mueren de desnutrición, mientras millones sufren el colapso social y el mundo observa impasible la tragedia.

Amnistía Internacional, en un informe de julio de 2025, advirtió que la extensión de la destrucción sobre poblaciones civiles de Gaza ya ha rebasado cualquier justificación militar creíble, apuntando a un propósito deliberado de limpieza territorial y destrucción social sistemática.

Es evidente que en esta matanza se han cometido y se están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad porque así lo ha dictaminado el TPI. Por su parte, el TIJ ha señalado que los actos “son plausibles de constituir genocidio”. Conviene esperar a la sentencia final antes de hacer una calificación jurídica definitiva. La calificación como genocidio de lo ocurrido en Gaza tendría consecuencias dramáticas no solo para Israel sino también para los países que han ayudado activamente a Israel a cometerlo. Estamos hablando de EEUU, Reino Unido, Alemania y Francia, entre otros. Sus responsables políticos, al menos en teoría, podrían ser enjuiciados por los tribunales internos y por la justicia internacional. También habría que dilucidar la responsabilidad de países como España que condenan a Israel en sus declaraciones, pero le ayudan en la práctica comprándole y vendiéndole armamento.

Las naciones del Sur global se han organizado políticamente para preservar la vigencia del derecho internacional. El TIJ debe decidir en un sentido u otro con plena independencia y libertad. Ahora bien, si el TIJ no declarase formalmente genocidio, a causa de presiones políticas, provocaría una catástrofe institucional: una señal de que la arquitectura jurídica erigida después de 1945 se desploma ante la ley del más fuerte. No habrá salvación para el sistema internacional si se establece que no vale la pena juzgar al criminal cuando este se alinea con potencias hegemónicas que le protegen. Y no hay razones para el optimismo a la vista de las presiones, soterradas, de los servicios de inteligencia y, públicas, de legisladores y de los gobiernos de EE.UU. y de Israel contra el TPI.

Finalmente conviene subrayar algo esencial: Gaza no es solo territorio de combate, es un espacio colonizado por políticas invisibles de exterminio. No es solo una crisis humanitaria; es una prueba de fuego para el derecho internacional, para nuestra conciencia colectiva. Si la fuerza se impone sobre la injusticia, el resto del mundo lo considerará el fracaso moral de un Occidente, atrapado entre intereses inconfesables y los principios del derecho internacional.

Campocámara, a 27 de julio de 2025