La Unión Europea y el futuro del carnet de conducir digital: más control y nuevas obligaciones
El plan de la Unión Europea para extender el carnet de conducir digital, vinculado a la identidad digital europea, promete acabar con el plástico y simplificar trámites. Pero detrás de la palabra “modernización” asoman nuevas obligaciones: renovaciones más frecuentes, posibles exámenes periódicos, cursos para mayores y un uso masivo de datos de movilidad. Lo que se vende como comodidad puede convertirse, según sus críticos, en una herramienta de vigilancia y en otra factura creciente para los conductores europeos.
La UE no quiere solo cambiar el soporte del carnet de conducir; quiere reescribir las reglas del juego en carretera. El Parlamento Europeo ya ha dado luz verde a un modelo en el que el permiso digital, accesible en el móvil, está llamado a ser el formato dominante en los próximos años, aunque se mantenga el derecho a solicitar la tarjeta física. Al mismo tiempo, se fijan nuevas pautas de validez: hasta 15 años para coches y motos, con margen para que los países reduzcan ese plazo –por ejemplo, a diez años– cuando el carnet se use también como documento de identidad, y la posibilidad de acortar aún más la vigencia a partir de los 65 años para imponer revisiones médicas o cursos de reciclaje más frecuentes.
Sobre el papel suena razonable: un permiso europeo homogéneo, con formato digital, que se integra en la futura identidad digital comunitaria y que permite compartir datos entre administraciones con más rapidez. En la práctica, sin embargo, el debate se ha encendido porque el carnet deja de ser un simple plástico en la cartera para convertirse en una pieza más del engranaje de datos del ciudadano: conectado con tu identidad, tus multas, tus antecedentes de siniestralidad, tus informes médicos y, a medio plazo, con el propio vehículo.
La gran promesa es la comodidad: un permiso en el móvil, válido en toda la UE, imposible de olvidar en casa, con renovaciones y trámites que se podrían hacer en pocos clics. Pero el reverso de esa moneda es una preocupación creciente por la vigilancia. Los críticos alertan de que el carnet digital puede evolucionar hacia un perfil de conductor alimentado por una batería de datos: historial de sanciones, patrones de movilidad, tipo de vehículo, emisiones, e incluso estadísticas de velocidad media o frenazos bruscos cuando los coches estén plenamente conectados a las plataformas de tráfico. No es ciencia ficción: varias normas europeas ya obligan a incorporar registradores de datos en vehículos nuevos.
En ese escenario, cada renovación podría dejar de ser un trámite rutinario para convertirse en una revisión de tu “huella de conducción”. Si tu historial muestra accidentes, excesos de velocidad o informes médicos dudosos, el sistema podría sugerir –o imponer– renovaciones más cortas, cursos obligatorios o controles adicionales. El riesgo que denuncian asociaciones de mayores y plataformas por la privacidad es claro: pasar de un modelo de normas generales a un control personalizado, donde tu forma de conducir determine cuánta libertad tienes al volante.
El capítulo de los exámenes y los mayores es el que más ampollas levanta. Los nuevos estándares europeos abren la puerta a que los Estados combinen renovaciones más frecuentes con pruebas teóricas o cursos de reciclaje, especialmente a partir de los 65 años. Hoy, en países como España, el permiso B se renueva cada diez años hasta esa edad y cada cinco años a partir de entonces, con un coste total que suele situarse entre 50 y 80 euros por trámite entre tasa oficial y reconocimiento médico. Si a esa frecuencia se le suman exámenes periódicos y cursos obligatorios, las asociaciones de consumidores calculan que la factura podría multiplicarse fácilmente hasta los 300 o 500 euros en algunos casos, sobre todo si se añaden nuevas tasas o certificados específicos. No está decidido, pero el marco legal deja espacio para que cada país endurezca el proceso.
Ahí surge la sospecha de nuevo impuesto encubierto. La UE fija el esqueleto normativo, pero son los gobiernos nacionales los que pondrán carne –y precio– a esas obligaciones: tasas, tipo de pruebas, número de revisiones, condiciones para los mayores. En un contexto en el que ya se ha aprobado un sistema europeo de emisiones (ETS2) que encarecerá gasolina y diésel a partir de 2027, muchos conductores sienten que la movilidad se ha convertido en una vía rápida de recaudación verde: pagar más por repostar, más por entrar en las ciudades y, ahora, potencialmente más por conservar el derecho a conducir.
La disparidad entre países puede agravar la sensación de agravio comparativo. Algunos Estados podrían optar por una aplicación mínima de las nuevas facultades de control; otros, aprovecharlas para subir tasas, recortar plazos de vigencia del carnet y exigir cursos recurrentes a partir de cierta edad. Resultado: un mismo conductor, con el mismo historial, afrontando cargas económicas y burocráticas muy distintas según el lado de la frontera donde viva.
En el fondo, la discusión sobre el carnet digital va mucho más allá del coche. Es un test sobre qué modelo de digitalización quiere Europa: uno que realmente simplifique la vida del ciudadano o uno que, bajo la promesa de seguridad y sostenibilidad, incremente la capacidad de supervisión del Estado sobre la movilidad privada. La tecnología para tenerlo todo medido ya existe; lo que está en juego ahora es hasta dónde llegará el regulador y cuánto estará dispuesto a tolerar el conductor europeo antes de sentir que su permiso de conducir se ha transformado en algo más parecido a una pulsera de control que a un derecho básico de movilidad.
