Google avisa: la UE se juega su ventaja tecnológica
Europa llega a la cumbre industrial de Amberes con una industria que paga por la electricidad más del doble que Estados Unidos y China, en plena fuga de inversiones industriales y con una brecha creciente en inteligencia artificial. En ese contexto, Google ha lanzado una advertencia poco habitual: si Bruselas convierte la “soberanía digital” en sinónimo de cierre a la tecnología estadounidense, la Unión corre el riesgo de perder la poca ventaja competitiva que aún conserva. Desde las páginas del Financial Times, el jefe jurídico y de asuntos globales de Google, Kent Walker, ha reclamado una “soberanía digital abierta” y ha pedido que Europa evite “levantar muros” contra las grandes plataformas extranjeras. Su mensaje llega horas después de que los líderes de la UE, reunidos en Bélgica, se comprometieran a impulsar un giro “Buy European” y a priorizar el sello “Made in Europe” en sectores estratégicos, desde la defensa hasta la inteligencia artificial. El choque es frontal: de un lado, una Bruselas decidida a recortar dependencias de EEUU y China; del otro, una Big Tech que recuerda que la mayor parte de las herramientas digitales que usan los europeos siguen siendo estadounidenses. La cuestión ya no es solo regulatoria. Es un dilema de modelo económico.
Una advertencia directa en plena ofensiva regulatoria
Walker no cuestiona la legitimidad de la UE para regular a las grandes plataformas. Google ha asumido el peso del Digital Markets Act (DMA), del Digital Services Act (DSA) y se prepara para la nueva regulación de inteligencia artificial. Pero subraya el punto crítico: la suma de normas, vetos y requisitos nacionales divergentes puede convertir Europa en un laberinto jurídico inabordable para el desarrollo de software.
“Es muy difícil construir ‘software’ si tenemos 190 países con 190 normas diferentes”, ha advertido, reclamando certeza y previsibilidad regulatoria. La frase no es solo un lamento corporativo: resume la preocupación de muchos inversores tecnológicos que ven en la UE un mercado grande en población, pero pequeño en escala efectiva por la fragmentación normativa.
Mientras tanto, la Comisión Europea mantiene abiertas investigaciones sobre el cumplimiento del DMA por parte de Google y otros gigantes digitales, y prepara un nuevo paquete de “soberanía tecnológica” para esta primavera. El riesgo no es menor: si el mensaje percibido es que Europa quiere sustituir a los proveedores estadounidenses antes de tener alternativas propias de escala global, la reacción lógica de las multinacionales será redirigir inversión y talento hacia mercados más previsibles.
Lo paradójico es que, en paralelo, los mismos líderes que endurecen el marco digital piden a las empresas que apuesten por la UE como plataforma industrial. El diagnóstico es inequívoco: la política digital y la política industrial están avanzando por carriles que, en ocasiones, parecen contradictorios.
La cruzada europea por la ‘soberanía digital’
El concepto de “soberanía digital” lleva años ganando peso en Bruselas, pero en los últimos meses ha dado un salto cualitativo. La UE prepara un paquete específico para reforzar infraestructuras de cloud “soberano”, ciberseguridad y control sobre los datos estratégicos, mientras el gasto europeo en nube soberana podría pasar de 6.700 millones de dólares en 2025 a más de 23.100 millones en 2027, más del triple en apenas dos años.
La idea de fondo es comprensible: reducir la dependencia de proveedores estadounidenses y chinos en sectores críticos, garantizar que determinados datos permanezcan en suelo europeo y evitar que decisiones regulatorias de Washington o Pekín condicionen de facto la política industrial de la UE. Sin embargo, la ejecución abre interrogantes.
Walker propone una vía intermedia: soberanía abierta. Es decir, control local de los datos, cumplimiento estricto de la normativa europea, pero sin expulsar del mercado a “las mejores tecnologías del mundo”. En la práctica, esto se traduciría en alianzas entre proveedores estadounidenses y operadores europeos que permitan almacenar información en centros de datos comunitarios, bajo jurisdicción europea, aprovechando a la vez la potencia de cómputo y las herramientas de IA desarrolladas en EEUU.
Detrás del debate late otra pugna: quién se queda con el valor añadido de la nueva economía de datos. La UE discute fondos específicos para tecnologías abiertas –como el propuesto EU Sovereign Tech Fund– precisamente para no depender eternamente de plataformas de terceros y para blindar componentes críticos de código abierto que hoy sostienen buena parte de su economía digital.
Pero lo más grave es que, mientras se multiplican los instrumentos de soberanía, no hay consenso claro sobre cuánto cierre es compatible con seguir siendo atractivos para el capital global.
Industria en alerta: energía cara y presión regulatoria
La advertencia de Google llega tras la cumbre industrial de Amberes, donde más de 500 directivos y líderes sectoriales reclamaron a los jefes de Estado un plan de emergencia para salvar la base manufacturera europea. El mensaje fue contundente: con los actuales niveles de precios de la energía y de CO₂, muchas compañías están dejando de considerar Europa como destino viable para sus inversiones de la década de 2030.
Los datos son demoledores. Según la propia Comisión y el IEA, los precios de la electricidad para grandes consumidores industriales en la UE son ya el doble que en EEUU y un 50% superiores a los de China. Empresas químicas, siderúrgicas y del cemento llevan meses advirtiendo de cierres de plantas, retrasos en proyectos de descarbonización y pérdida de decenas de miles de empleos de alta cualificación.
En Amberes, CEOs de grupos como BASF y ArcelorMittal recordaron que los próximos cinco años serán los más difíciles en décadas para la industria europea y exigieron precios de la electricidad cercanos a los niveles de 2021, en torno a 44 euros/MWh, para no seguir perdiendo capacidad frente a EEUU y Asia.
Al mismo tiempo, varios primeros ministros de Europa central han pedido rebajas estructurales de impuestos energéticos y una reforma del mercado eléctrico europeo para salvaguardar la competitividad industrial. Y, sin embargo, la respuesta avanza a un ritmo muy inferior al de la deslocalización.
Este hecho revela una contradicción de fondo: se endurecen las exigencias climáticas y digitales sin haber resuelto todavía el problema básico de costes y escala. La consecuencia es clara: el riesgo de que la UE diseñe un mercado “ideal” sobre el papel, pero al que las grandes inversiones industriales y tecnológicas lleguen cada vez menos.
El gran agujero: Europa llega tarde a la inteligencia artificial
La discusión sobre soberanía digital sería menos inquietante si Europa liderase la carrera en inteligencia artificial. O al menos si compitiese en igualdad de condiciones. Pero no es el caso.
En 2023, la inversión en IA se estimó en 8.000 millones de dólares en la UE, frente a 68.000 millones en Estados Unidos y 15.000 millones en China, según el informe sobre competitividad encargado a Mario Draghi. Estudios más recientes apuntan a que el conjunto de la inversión anual europea en IA apenas representa entre el 10% y el 15% de lo que mueve EEUU, incluso contando fondos públicos y privados.
La brecha no es solo financiera. En capacidad de supercomputación para IA, los datos indican que la capacidad de la UE equivale a una diecisieteava parte de la estadounidense. Sin acceso a los mejores modelos ni a la infraestructura de cómputo necesaria, muchas empresas europeas acaban dependiendo, de facto, de proveedores norteamericanos.
A ello se suma un retraso notable en la adopción empresarial. Un informe reciente de Accenture cifra en un 56% las grandes compañías europeas que aún no han escalado ninguna inversión de IA verdaderamente transformadora, muy por detrás de sus equivalentes en EEUU.
En este contexto, la advertencia de Walker cobra otro sentido: si la UE limita el acceso a tecnologías de vanguardia procedentes de California mientras no consigue levantar un ecosistema propio de escala comparable, corre el riesgo de blindar su dependencia, no de reducirla.
El contraste con el discurso oficial es demoledor. Mientras las instituciones europeas prometen un nuevo “milagro de productividad” gracias a la IA, el continente sigue siendo tercero en casi todos los indicadores relevantes, por detrás de EEUU y China.
Fragmentación normativa y ‘guerra’ intraeuropea
No solo la relación con EEUU está en juego. También la propia cohesión regulatoria interna de la UE. En la reunión de líderes en el castillo de Alden Biesen, el primer ministro belga Bart De Wever advirtió contra el riesgo de una “guerra” entre Estados miembros y la Comisión a cuenta de la agenda de desregulación y simplificación normativa.
Mientras algunos países, encabezados por Alemania e Italia, piden revisar el sistema de comercio de emisiones (ETS) y aliviar cargas para la industria, Francia presiona para extender la lógica “Buy European” a grandes compras públicas y proyectos estratégicos. La tensión se traslada inevitablemente al terreno digital: ¿hasta qué punto puede cada Estado añadir sus propias capas regulatorias sobre datos, nubes soberanas o requisitos de localización sin romper el mercado único?
La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha admitido que la UE sufre un exceso de complejidad regulatoria, con más de 300 mercados de capitales fragmentados y 27 sistemas de supervisión financiera distintos, lo que lastra la financiación de empresas tecnológicas y proyectos de alto riesgo.
El diagnóstico es inequívoco: si la estrategia de soberanía se construye sobre una base ya fragmentada, el resultado puede ser un mosaico de minirregímenes nacionales incompatibles entre sí, justo lo contrario de la escala que exige la economía digital.