Iberdrola, Endesa y Naturgy presionan para prolongar la vida de las centrales nucleares en España

El debate sobre el futuro de las centrales nucleares en España lleva meses sobre la mesa, pero la escalada del conflicto en Oriente Medio entre Israel, Estados Unidos e Irán ha añadido una urgencia que antes no tenía. El encarecimiento de los combustibles fósiles y la volatilidad del mercado energético global han reactivado la discusión sobre el papel de la energía nuclear en el mix energético español.

Desde el inicio de los ataques a finales de febrero, el precio del gas natural en Europa se ha disparado cerca de un 45%, mientras que el petróleo Brent ha superado los 100 dólares por barril. Este escenario ha vuelto a poner en primer plano la dependencia española de los combustibles fósiles importados y su impacto directo en las facturas energéticas.

En este contexto, Iberdrola, Endesa y Naturgy han intensificado su presión sobre el Gobierno para revisar el calendario de cierre nuclear pactado en 2019, que contempla el apagado progresivo de los reactores entre 2027 y 2035. Por el momento, el Ejecutivo mantiene su postura sin cambios.

El encarecimiento del gas reaviva el debate nuclear

La guerra en Oriente Medio ha actuado como catalizador de un debate que ya estaba latente desde el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. El fuerte repunte del precio del gas ha agravado la exposición del sistema energético español a la volatilidad internacional.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el conflicto ha provocado una caída del bombeo global de petróleo de unos 8 millones de barriles diarios solo en marzo, lo que ha tensionado aún más los mercados energéticos.

En el sistema eléctrico español esto tiene una consecuencia directa: las centrales de ciclo combinado alimentadas con gas han aumentado su peso en el mix energético, reforzando su papel para garantizar la estabilidad de la red.

En este contexto, cerrar los siete reactores nucleares —que generan cerca del 20% de la electricidad en España— aumentaría la dependencia del gas importado, según advierten las compañías eléctricas.

Iberdrola apuesta por ampliar la vida útil de las centrales

La postura más ambiciosa dentro del sector energético la mantiene Iberdrola. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, anunció durante la presentación de resultados de 2025 que la compañía respalda la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y solicitará además la ampliación de la vida útil de todas sus centrales nucleares.

Según Galán, la mayoría de las plantas nucleares pueden operar entre 60 y 80 años, muy por encima de los 40 años para los que fueron diseñadas originalmente.

El presidente de Iberdrola defendió que mantener la energía nuclear es clave para contener el precio de la electricidad, señalando que los países europeos sin centrales nucleares registran precios estructuralmente unos 20 euros por megavatio hora más altos que aquellos que sí cuentan con esta tecnología.

No obstante, la compañía insiste en que la elevada carga fiscal es el principal obstáculo para extender la vida útil de las centrales, que actualmente soportan entre 30 y 35 euros por MWh en impuestos y tasas.

Endesa propone extender el parque nuclear hasta 2045

La posición de Endesa también apuesta por la prórroga del parque nuclear español. Su consejero delegado, José Bogas, propone alargar la vida útil de las centrales unos diez años más, lo que llevaría el último cierre aproximadamente hasta 2045.

Bogas advierte de que sustituir la generación nuclear por un mix de solar, baterías y gas duplicaría el coste de producción eléctrica, pasando de unos 50 euros por MWh a cerca de 100 euros por MWh.

Según sus cálculos, esta diferencia supondría casi 3.000 millones de euros adicionales al año para el sistema energético español.

El directivo también ha señalado que el calendario actual de cierre de Almaraz —con el reactor I previsto para 2027 y el II en 2028— carece de sentido técnico, al separar ambos cierres apenas un año.

Naturgy mantiene una posición más prudente

Naturgy mantiene una postura más cauta. Su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, defiende una estrategia basada en la “neutralidad tecnológica”, es decir, utilizar todas las tecnologías disponibles para garantizar el suministro energético.

La compañía respalda prorrogar la central nuclear de Almaraz hasta 2030, pero propone utilizar ese tiempo para revisar con calma el calendario completo de cierre nuclear.

Reynés considera que el nuevo contexto energético obliga a replantear el debate con datos actualizados, especialmente teniendo en cuenta los retrasos acumulados en almacenamiento energético y desarrollo eólico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Bruselas respalda la continuidad de la energía nuclear

En paralelo al debate español, la Comisión Europea ha reforzado su apoyo a la energía nuclear como parte de la estrategia energética del continente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido en una carta enviada a los líderes europeos la necesidad de “evitar la retirada prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden seguir suministrando electricidad fiable, de bajo coste y bajas emisiones”.

Estas declaraciones respaldan indirectamente la petición de las eléctricas españolas de extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Von der Leyen considera que las centrales nucleares pueden desempeñar un papel clave para reducir de forma duradera los costes energéticos en Europa, un factor fundamental para mejorar la competitividad del continente frente a Estados Unidos y China.

Además, la presidenta de la Comisión Europea ha reconocido recientemente que el abandono de la energía nuclear en Europa durante la última década fue “un error estratégico”.

El Gobierno mantiene el calendario de cierre nuclear

A pesar de la presión del sector energético y del giro estratégico en Bruselas, el Gobierno español mantiene su calendario de cierre nuclear sin modificaciones.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reiteró el 12 de marzo que el calendario acordado en 2019 “sigue siendo el mismo”.

El Ejecutivo ha fijado tres condiciones para estudiar cualquier prórroga:
garantizar la seguridad radiológica, asegurar el suministro eléctrico y evitar un mayor coste para los consumidores.

Por ahora, solo la central de Almaraz ha solicitado formalmente extender su vida útil, una petición que está siendo evaluada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El informe del regulador, previsto para el verano de 2026, podría marcar el punto de inflexión definitivo en el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España.