JPMorgan reconoce cierre de cuentas a Donald Trump tras asalto al Capitolio
La mayor entidad financiera de Estados Unidos ha cruzado un umbral simbólico. JPMorgan Chase ha reconocido en documentación judicial que cerró en 2021 las cuentas bancarias de Donald Trump y varias de sus empresas tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. No se trata solo de un movimiento comercial: la admisión llega en plena batalla legal, con una demanda de 5.000 millones de dólares presentada por el presidente estadounidense contra el banco y su consejero delegado, Jamie Dimon, por “debanking” político. El caso irrumpe en un momento en el que Gobiernos y reguladores de ambos lados del Atlántico se interrogan sobre hasta dónde puede llegar el poder discrecional de la banca cuando invoca el riesgo reputacional. Si un banco puede prescindir de un jefe de Estado con 60 días de preaviso, ningún cliente es realmente intocable.
Un cierre confirmado en sede judicial
Hasta ahora se sabía que JPMorgan había cortado sus lazos con Trump poco después del 6 de enero, pero la entidad evitaba confirmarlo de forma explícita. Esa línea roja se ha traspasado. Según la demanda presentada en el condado de Miami-Dade y diversas informaciones financieras, el banco notificó al entonces expresidente en febrero de 2021 que varias cuentas —tanto personales como de su entramado hotelero— serían clausuradas en un plazo de 60 días, tras décadas de relación y “cientos de millones de dólares” en operaciones.
La novedad ahora es que, en escritos judiciales de febrero de 2026, JPMorgan reconoce expresamente que cerró esas cuentas en 2021 tras el asalto al Capitolio, aunque insiste en que se trató de una decisión basada en sus modelos de riesgo y no en afinidades políticas. La admisión llega en paralelo a la estrategia procesal del banco, que intenta trasladar el caso a Nueva York y cuestiona que Dimon pueda ser demandado personalmente en Florida.
El movimiento tiene un valor que va más allá del pleito concreto. Supone documentar que el mayor banco estadounidense por activos rompe con un cliente ultraexpuesto mediáticamente —y hoy de nuevo en la Casa Blanca— justo después de un episodio clave en la historia política reciente del país.
El ‘debanking’, de anomalía a fenómeno estructural
La batalla entre Trump y JPMorgan no se produce en el vacío. En los últimos años, el término ‘debanking’ se ha instalado en el vocabulario regulatorio para describir la cancelación o denegación de cuentas a clientes considerados de “alto riesgo”, ya sea por cuestiones legales, regulatorias o reputacionales. Firmas legales especializadas recuerdan que, en la mayoría de casos, las entidades actúan empujadas por obligaciones de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo más estrictas, así como por presiones supervisoras.
Sin embargo, el relato público es otro. Diversos grupos políticos y asociaciones civiles denuncian que el concepto de riesgo reputacional se ha convertido en un cajón de sastre para cerrar puertas a clientes incómodos por sus opiniones, su actividad económica o su perfil ideológico. El propio Trump ha convertido el ‘debanking’ en bandera política, hasta el punto de firmar en agosto de 2025 una orden ejecutiva para sancionar a las entidades que cierren cuentas “por motivos políticos” y obligar a los supervisores a retirar el criterio de reputational risk de sus guías.
El diagnóstico es inequívoco: el acceso al sistema bancario se ha vuelto tan esencial que perderlo, siquiera temporalmente, puede suponer un daño económico y reputacional difícilmente reparable. De ahí que el caso Trump–JPMorgan se esté leyendo ya como un test de estrés institucional sobre dónde acaba la gestión prudencial y dónde empieza la censura privada.
La delgada frontera entre riesgo reputacional y veto político
En su defensa, JPMorgan insiste en que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas y que sus decisiones se basan en modelos de riesgo, cumplimiento normativo y presión supervisora. Ese discurso encaja con una tendencia más amplia: los grandes bancos llevan años utilizando el concepto de “riesgo reputacional” para justificar la salida de sectores controvertidos —armas, carbón, tabaco, prisiones privadas— o clientes con alto potencial de sanciones. Un reciente informe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) estadounidense identifica al menos nueve grandes bancos que habrían restringido servicios a industrias políticamente sensibles, reavivando las críticas por “debanking” ideológico.
El problema es que esa frontera es, por definición, borrosa. Cuando el riesgo reputacional depende de cómo sopla el viento político, la tentación de usarlo como herramienta de veto se dispara. Las autoridades lo saben. Estudios recientes señalan que buena parte de los casos de debanking obedecen más a presiones gubernamentales informales que a decisiones autónomas de los bancos, lo que complica aún más la rendición de cuentas.
La consecuencia es clara: sin criterios transparentes, clientes de todo tipo —desde organizaciones sin ánimo de lucro hasta empresas energéticas o figuras políticas— pueden verse expulsados del sistema sin un marco claro de derechos, recursos y plazos.
La demanda de 5.000 millones y el choque con el marco legal
En este contexto, la demanda de Trump busca mucho más que una indemnización millonaria. El presidente acusa a JPMorgan y a Jamie Dimon de cerrar múltiples cuentas en 2021 “por motivaciones políticas y sociales”, de incluirle en una supuesta “lista negra” que habría disuadido a otros bancos y de alterar de forma irreversible la relación comercial tras décadas de negocio conjunto. Sus abogados sostienen que la decisión cortó el acceso a “millones de dólares” y obligó a abrir de urgencia nuevas posiciones bancarias, con costes operativos y de financiación añadidos.
JPMorgan replica que la demanda “no tiene fundamento”, niega la existencia de cualquier lista negra y subraya que le sería imposible crearla sin vulnerar el complejo entramado regulatorio al que está sujeto. El banco también cuestiona que Dimon pueda ser considerado responsable directo bajo la normativa de prácticas comerciales de Florida.
Más allá de la batalla de versiones, el caso pone a prueba los límites jurídicos del ‘debanking’. La legislación financiera estadounidense prohíbe la discriminación en el crédito por motivos como raza, religión o sexo, pero no menciona las opiniones políticas como categoría protegida. De ahí que varios despachos adviertan de que, incluso si Trump demostrara un móvil político, el encaje legal sería complejo salvo que los tribunales acepten reinterpretar de forma expansiva las normas sobre prácticas “injustas o abusivas”. El contraste con los discursos políticos, mucho más tajantes contra el debanking, resulta demoledor.
El espejo británico: Farage, Coutts y el coste de un cierre mal explicado
Europa ya ha vivido su propio terremoto bancario por cierre de cuentas a un líder político. En 2023, la filial de banca privada Coutts (NatWest) cerró la cuenta de Nigel Farage, exlíder de UKIP, alegando inicialmente motivos comerciales. Meses después salieron a la luz documentos internos donde se aludía a que sus opiniones eran incompatibles con los valores del banco, lo que provocó la dimisión de la consejera delegada de NatWest y un intenso debate sobre libertad de expresión y acceso a servicios financieros.
El episodio no quedó ahí. En 2025, Farage alcanzó un acuerdo confidencial de compensación con la entidad y esta pidió disculpas públicas, en un contexto de creciente indignación social por el aumento de cierres de cuentas. Según datos obtenidos por solicitudes de transparencia, en Reino Unido se clausuraron 453.230 cuentas en 2025, casi diez veces más que en 2016-17 y un 11% más que en el ejercicio anterior.
La respuesta regulatoria ha sido contundente: a partir de abril de 2026, los bancos británicos deberán dar 90 días de preaviso y una explicación por escrito antes de cerrar una cuenta corriente, salvo sospecha de fraude. El mensaje al sector es claro: el derecho de la banca a elegir con quién trabaja existe, pero ya no puede ejercerse a oscuras.
