El juez Zamarriego eleva la investigación del 'caso Leire' a la Audiencia Nacional
El denominado caso Leire acaba de cambiar de dimensión judicial. El juez Arturo Zamarriego ha decidido inhibirse y remitir sus diligencias a la Audiencia Nacional, donde Santiago Pedraz investiga desde una perspectiva mucho más amplia una supuesta estructura dedicada a interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno.
La clave está en una expresión incluida en la resolución del 11 de agosto: Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol «podrían no ocupar un lugar principal» dentro del entramado investigado. Por encima, según el razonamiento judicial, podrían aparecer personas con «mayor nivel de jerarquía».
El juez apunta más arriba
Zamarriego llevaba desde 2025 investigando las presuntas maniobras de Díez, Pérez Dolset y Rusiñol para conseguir información comprometida sobre miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo, según las pesquisas, habría sido obtener material susceptible de perjudicar o neutralizar investigaciones sensibles.
Pero el escenario cambió cuando la investigación de Pedraz empezó a incorporar más actores y una estructura presuntamente superior.
Zamarriego considera ahora que las dos causas están «indisolublemente unidas» y que mantenerlas separadas dificultaría esclarecer quién daba las órdenes, quién financiaba las actuaciones y cuál era el destino real del dinero manejado.
De tres investigados a una estructura mayor
La causa madrileña tenía inicialmente tres protagonistas principales. La Audiencia Nacional ha ampliado considerablemente el perímetro.
Pedraz investiga, entre otros, al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías y varios abogados y personas relacionadas con el aparato del partido. El Poder Judicial detalló en mayo que las pesquisas abarcan posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y delito contra las instituciones del Estado, entre otros.
Se trata de imputaciones y líneas de investigación todavía sometidas a instrucción. No implican culpabilidad ni permiten atribuir responsabilidades penales al PSOE o al Gobierno como tales.
Santos Cerdán entra en el centro
El salto jerárquico tiene un nombre especialmente relevante. Pedraz sitúa entre los investigados a Santos Cerdán, antiguo número tres del PSOE, dentro de una supuesta operativa destinada a «desestabilizar de forma sistemática y continuada» procedimientos que pudieran afectar al partido o al Ejecutivo.
La investigación trata de determinar si Díez actuaba por iniciativa propia o disponía de respaldo político, económico y logístico.
Según documentación judicial recogida por RTVE, se investigan pagos que superarían los 180.000 euros, así como una supuesta remuneración de 4.000 euros mensuales atribuida a Díez. Son extremos bajo investigación que deberán ser acreditados durante el procedimiento.
La UCO entra en Ferraz
La investigación adquirió otra dimensión el 27 de mayo de 2026, cuando Pedraz ordenó a la UCO acudir a la sede federal del PSOE para requerir documentación y archivos electrónicos.
No fue una actuación aislada. El magistrado buscaba reconstruir pagos, comunicaciones y relaciones entre los investigados para establecer si existía una estructura organizada.
El elemento más delicado no es que aparezcan dirigentes políticos en una investigación, sino la hipótesis de que pudieran haberse empleado recursos y contactos para interferir en actuaciones de jueces, fiscales y guardias civiles.
La defensa rechaza la acumulación
La decisión tampoco está exenta de controversia jurídica. La defensa de Leire Díez ha cuestionado que Pedraz absorba las diligencias de Madrid al considerar que podrían investigarse dos veces hechos sustancialmente coincidentes.
Su abogada ha alegado que la acumulación podría afectar a derechos fundamentales de los investigados, especialmente porque algunas personas que comparecieron inicialmente como testigos terminaron posteriormente siendo investigadas en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía, por el contrario, defendió la unificación al considerar que la investigación de Pedraz es más amplia, incluye más investigados y aborda hechos potencialmente de mayor gravedad.
Pedraz concentra ahora todas las piezas
La consecuencia práctica es relevante: una sola instrucción concentrará ahora las distintas ramificaciones del caso Leire.
Pedraz podrá cruzar las diligencias desarrolladas durante más de un año por Zamarriego con los informes de la UCO, documentación bancaria, comunicaciones y material intervenido durante la investigación de la Audiencia Nacional.
El caso deja así de girar exclusivamente alrededor de las actividades de una exmilitante socialista. La pregunta judicial pasa a ser mucho más incómoda: si detrás de esas actuaciones existió una estructura superior, quién la dirigía y hasta dónde llegaba su capacidad de influencia.
La investigación aún debe demostrarlo. Pero la decisión de Zamarriego deja un mensaje inequívoco: para el instructor, las piezas que tenía sobre la mesa ya no podían entenderse sin mirar más arriba.
