Juez Peinado mantién en suspenso el pasaporte de Begoña Gómez y exige su presencia personal para su devolución
Los pasaportes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez continúan en el juzgado pese a que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su devolución.
El juez Juan Carlos Peinado ha comunicado que ambas deberán acudir personalmente para recuperarlos, en lugar de permitir que el trámite sea realizado por sus representantes procesales.
La decisión llega una semana después de que cinco magistrados levantaran la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente.
El caso ya no discute sólo el alcance de la investigación, sino la forma en que se ejecutan las resoluciones del tribunal superior.
Una devolución todavía pendiente
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid anuló el 16 de julio las medidas cautelares impuestas por Peinado a Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El tribunal dejó sin efecto la retirada de los pasaportes, la prohibición de abandonar España y las comparecencias periódicas en sede judicial.
Sin embargo, una semana después, los documentos de Gómez y Álvarez seguían bajo custodia judicial. El instructor no ha acordado mantener formalmente la prohibición de viajar, pero condiciona la entrega a que ambas comparezcan en persona.
La diferencia es jurídicamente relevante: no se ha dictado una nueva medida cautelar, aunque la exigencia impide que los pasaportes sean recuperados mediante el procedimiento ordinario solicitado por sus defensas.
La exigencia de Peinado
Peinado pretende evitar que un procurador, abogado u otro intermediario recoja los documentos. La instrucción obliga a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en La Moncloa a desplazarse hasta el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La defensa de Álvarez sostiene que la devolución constituye un acto de ejecución procesal que debería gestionar el letrado de la Administración de Justicia. También advierte de que condicionar o retrasar la entrega puede afectar al derecho fundamental a la libre circulación.
El debate no reside, por tanto, en si la Audiencia levantó las restricciones —esa decisión es inequívoca—, sino en si el juez puede imponer una comparecencia personal para materializarla.
Cuatro delitos reducidos a dos
La resolución de la Audiencia supuso un revés parcial para la instrucción de Peinado. El magistrado había encaminado a Gómez hacia un juicio con jurado por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El tribunal provincial descartó los dos últimos, aunque avaló la continuación del procedimiento por tráfico de influencias y malversación. También mantuvo la posibilidad de que Gómez y Álvarez sean juzgadas por un jurado popular.
Este hecho impide presentar la resolución como una desautorización completa del instructor. La Audiencia reduce sustancialmente el perímetro penal, pero considera que permanecen indicios suficientes para continuar por dos delitos.
La cátedra bajo investigación
La causa analiza la actividad profesional de Gómez, especialmente su relación con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y la utilización de recursos públicos por parte de Cristina Álvarez.
La tesis judicial examina si la posición institucional de Gómez pudo favorecer determinados proyectos privados y si su asistente realizó tareas vinculadas a esas actividades. La Fiscalía, por el contrario, ha pedido la absolución al sostener que no aprecia delito ni un beneficio económico indebido para las acusadas.
La existencia de una investigación o de indicios no equivale a una condena. Gómez y Álvarez mantienen intacta su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Una instrucción contra el reloj
Peinado se jubilará el próximo 27 de septiembre, una circunstancia que añade presión al calendario del procedimiento. El magistrado intenta avanzar hacia el auto de apertura de juicio oral antes de abandonar el juzgado, después de conceder a las partes nuevos plazos para presentar escritos.
Ese ritmo acelerado alimenta las críticas de las defensas, que denuncian decisiones innecesariamente gravosas. Los partidarios de la actuación judicial, en cambio, sostienen que el juez está obligado a completar una investigación extensa antes de dejar el cargo.
Lo más grave es que cada controversia procesal desplaza el foco desde los hechos investigados hacia la actuación del propio instructor.
El impacto sobre Moncloa
El procedimiento afecta directamente al entorno del presidente Pedro Sánchez y mantiene al Gobierno sometido a una presión política constante. El PSOE denuncia una persecución judicial, mientras la oposición reclama que la causa llegue hasta el final y exige explicaciones sobre la actividad profesional de Gómez.
La devolución pendiente de los pasaportes ofrece munición a ambos bloques. Para los socialistas, ejemplifica un exceso del instructor. Para sus adversarios, el mantenimiento de dos delitos demuestra que la investigación no ha quedado desmontada.
La Audiencia ha levantado las restricciones de movilidad, pero no ha cerrado la causa. Esa doble realidad explica por qué el episodio de los pasaportes trasciende un simple trámite administrativo y se convierte en otra batalla dentro del proceso.
