VOX denuncia en Bruselas que España regulariza reclusos extranjeros y elude el Reglamento Eurodac
La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro del debate europeo tras la aprobación del Real Decreto 316/2026. La medida, que contempla la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, incluye ahora una instrucción específica dirigida a las prisiones españolas para facilitar el acceso de los reclusos extranjeros a este proceso.
El impulso del Gobierno a la regularización en prisiones
El Ministerio del Interior ha dado un paso más en la aplicación del decreto al ordenar a los centros penitenciarios que colaboren activamente en la regularización de internos extranjeros. Según datos oficiales, este colectivo representa más del 30% de la población reclusa en España, superando las 15.000 personas.
La instrucción, emitida por la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, establece varias medidas concretas:
- Difusión obligatoria del decreto en tablones informativos, bibliotecas y espacios educativos.
- Asignación de un profesional de referencia para acompañar a cada interno durante el proceso.
- Creación de un registro estadístico de solicitantes dentro de cada centro.
- Facilitación ágil de documentación, incluso permitiendo solicitudes incompletas.
- Apoyo lingüístico para garantizar el acceso al procedimiento.
Esta iniciativa busca acelerar la integración administrativa de los reclusos extranjeros, pero ha generado una fuerte controversia política y jurídica.
A contracorriente de Europa
La medida española contrasta con la tendencia dominante en otros países europeos. Mientras tanto:
- Alemania refuerza controles en fronteras interiores.
- Francia debate la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes.
- Italia intensifica acuerdos de retorno con terceros países.
- El Parlamento Europeo endurece políticas migratorias con nuevos marcos normativos.
En este contexto, la decisión del Ejecutivo español sitúa a España en una posición divergente respecto a sus socios comunitarios, generando inquietud sobre su impacto en el espacio Schengen.
El conflicto con el Reglamento Eurodac
Uno de los puntos más críticos señalados por la oposición es la posible vulneración del Reglamento Eurodac, sistema clave para el control migratorio en la Unión Europea.
El eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha denunciado que el decreto permite la regularización sin garantizar el cruce previo de antecedentes penales a nivel europeo.
Según sus declaraciones:
“El filtro es inexistente. Un recluso sin antecedentes en España pero con condenas en otros países podría obtener documentación legal y circular libremente por Schengen.”
Esta situación, advierte, podría suponer un riesgo para la seguridad de toda la Unión Europea, al debilitar los mecanismos de control compartidos entre Estados miembros.
El Tribunal Supremo entra en escena
El conflicto ha llegado también al ámbito judicial. VOX presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 316/2026, solicitando su suspensión cautelar.
El alto tribunal ha reaccionado con rapidez:
- Admisión a trámite en menos de 48 horas.
- Designación del magistrado José Luis Quesada Varea como ponente.
- Requerimiento al Gobierno para entregar el expediente completo en 20 días.
El recurso sostiene que el decreto podría exceder los límites legales de un real decreto, al abordar materias que requerirían ley orgánica, y advierte de posibles consecuencias como:
- Alteración del cuerpo electoral.
- Sobrecarga de los servicios públicos.
- Impacto estructural en el sistema administrativo.
Presión sobre Bruselas
Desde el grupo Patriotas por Europa, VOX ha intensificado su ofensiva política en las instituciones comunitarias. Buxadé ha anunciado acciones ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y Europol.
El eurodiputado reclama una respuesta contundente:
“No basta con declaraciones de preocupación. Exigimos una condena formal que respalde la suspensión inmediata del decreto.”
La formación considera que esta normativa representa “un riesgo existencial” tanto para España como para la Unión Europea, elevando así el tono del debate migratorio en el ámbito comunitario.
Un debate abierto en Europa
El caso español abre un nuevo frente en la política migratoria europea, enfrentando dos visiones claramente diferenciadas: la apuesta por la regularización e integración frente al endurecimiento de controles y restricciones.
Mientras el Gobierno defiende su medida como una vía para normalizar situaciones administrativas y favorecer la reinserción, sus detractores advierten de posibles efectos colaterales en seguridad, legalidad y cohesión europea.
La resolución del Tribunal Supremo y la reacción de Bruselas serán determinantes para definir el futuro de esta política y su encaje en el marco normativo de la Unión Europea.
