Estados Unidos considera a Argentina como nuevo ‘tercer país’ para deportaciones masivas

La administración estadounidense ha vuelto a abrir una caja de Pandora migratoria: designar a Argentina como “tercer país” para trasladar allí a parte de los migrantes deportados desde Estados Unidos. La idea, aún en fase preliminar dentro del Departamento de Seguridad Nacional, reproduce el patrón de acuerdos como el de Reino Unido con Ruanda o Italia con Albania, pero trasladado al Cono Sur. El movimiento llega en un momento en que la Casa Blanca afronta compromisos de expulsar a más de 300.000 personas antes de finales de 2026, bajo fuerte presión política interna. El resultado es un cóctel de externalización de fronteras, coste contenido y máxima incertidumbre diplomática. 

El nuevo mapa de las deportaciones

En los despachos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se trabaja desde hace semanas en escenarios de externalización de los procesos migratorios. La lógica es conocida: trasladar fuera del territorio estadounidense parte de las fases más sensibles de la gestión de deportados –alojamiento temporal, tramitación, reasentamiento o simple retención– para aliviar la presión sobre un sistema desbordado.

Fuentes conocedoras de esos estudios hablan de “mapas de capacidad” que cruzan tres variables: coste por persona, estabilidad política del país receptor y margen de negociación diplomática. En ese tablero, Argentina aparece como opción emergente, junto a otros destinos de renta media, alejados de las rutas migratorias más visibles pero con infraestructura básica suficiente para levantar centros de acogida o detención.

Los escenarios manejan cifras crecientes: desde una fase piloto de 5.000 a 10.000 personas al año, hasta umbrales de 30.000 o 40.000 deportados anuales si el programa se considera exitoso y políticamente sostenible. En términos presupuestarios, el DHS calcula que externalizar parte de las expulsiones puede reducir el coste medio por deportado entre un 20% y un 35% frente a la gestión íntegra en suelo estadounidense. La consecuencia es clara: el incentivo financiero empuja en la misma dirección que la presión política.

El espejo de Ruanda y Albania

La movida que se estudia en Washington no surge en el vacío. Es parte de un patrón global que ya se ha ensayado, con enorme polémica, en Europa. El acuerdo del Reino Unido con Ruanda, valorado inicialmente en más de 500 millones de libras para unos pocos centenares de solicitantes de asilo, y el pacto de Italia con Albania para procesar allí parte de sus llegadas irregulares, funcionan como laboratorio del modelo de externalización.

En ambos casos, el argumento oficial combina tres ejes: disuasión, reducción de costes y “gestión ordenada” de los flujos. En la práctica, esos acuerdos han generado contenciosos judiciales, críticas de organismos internacionales y un impacto reputacional difícil de cuantificar. Washington, sin embargo, parece dispuesto a tomar nota solo de la parte que considera “exportable”: la idea de delegar físicamente la presencia de los migrantes en otro país a cambio de compensaciones financieras, inversiones y apoyo político.

El contraste con las tradicionales políticas de acogida resulta demoledor: mientras en los años 90 el foco estaba en integrar, hoy la prioridad pasa por alejar físicamente el problema, aunque sea a miles de kilómetros. Argentina entra en esa ecuación como una pieza nueva en un engranaje ya probado en otros continentes.

Por qué Argentina entra en la ecuación

La elección de Argentina sorprende a primera vista. El país arrastra una década de crisis económica crónica, con inflación de dos y hasta tres dígitos en algunos ejercicios, más de un 40% de la población bajo el umbral de pobreza y un Estado con margen fiscal muy limitado. Pero precisamente por eso, desde Washington se le percibe como un socio potencial con alta necesidad de divisas, infraestructuras subutilizadas y liderazgo político dispuesto a exhibir alineamiento con Estados Unidos.

En los documentos preliminares se subrayan tres ventajas:

• Coste relativo bajo: el gasto en personal, servicios y construcción de infraestructuras puede ser, en algunos casos, hasta un 50% menor que en Estados Unidos.

• Ubicación estratégica: Argentina está fuera de las rutas migratorias tradicionales hacia EE. UU., lo que la convierte en un destino menos atractivo para redes de tráfico o retornos irregulares.

• Capacidad de negociación: un acuerdo de este tipo permitiría a Buenos Aires exigir paquetes de inversión, condonación parcial de deuda o apoyos en organismos multilaterales.

Sin embargo, el riesgo político interno es evidente. Convertirse en “contenedor” de deportados puede ser percibido por buena parte de la sociedad argentina como una cesión de soberanía y un uso instrumental del país como patio trasero de la política migratoria estadounidense.

La apuesta de alto riesgo para Buenos Aires

Para el Gobierno argentino, entrar en una negociación de este tipo sería una apuesta de alto riesgo con retornos muy difíciles de garantizar. Sobre el papel, los incentivos pueden ser tentadores:

• Un flujo anual de decenas o cientos de millones de dólares en contratos de servicios, construcción y logística.

• Visibilidad geopolítica como socio preferente de Washington en la región.

• Potencial acceso a programas de cooperación y seguridad asociados al control de flujos migratorios.

Pero el coste político y social puede ser aún mayor. A corto plazo, el Ejecutivo tendría que explicar a una población fatigada por el ajuste por qué acepta acoger a miles de deportados que no tienen vínculo alguno con Argentina, más allá de las necesidades de Estados Unidos. A medio plazo, el país podría ver nacer nuevas tensiones locales en las zonas donde se instalen centros o campamentos, especialmente si se ubican en regiones con alto desempleo o conflictividad social.

Este hecho revela una tensión de fondo: la necesidad de divisas y apoyo internacional choca con la percepción de que el país puede ser tratado como “zona de sacrificio” en la arquitectura migratoria global. El debate no será solo económico, sino profundamente simbólico.

Derechos humanos, soberanía y la letra pequeña

Las organizaciones de derechos humanos han reaccionado con inquietud ante la sola posibilidad de un acuerdo. Las experiencias de Ruanda y Albania han mostrado que la externalización tiende a relajar estándares de supervisión, diluir responsabilidades legales y generar “zonas grises” jurídicas donde los deportados quedan atrapados.

En el caso argentino, las dudas se multiplican:

• ¿Bajo qué jurisdicción quedarían los centros?

• ¿Qué derechos tendrían los deportados para recurrir decisiones o pedir asilo?

• ¿Quién asumiría la responsabilidad en caso de abusos, motines o violencias internas?

Los borradores de trabajo que circulan en Washington esbozan fórmulas híbridas: instalaciones formalmente bajo control argentino, pero con financiación, protocolos y personal mixto estadounidense-argentino. Desde la óptica de los defensores de derechos, es la receta perfecta para que cada parte señale a la otra cuando surja un problema. La consecuencia es clara: los deportados corren el riesgo de quedar en un limbo legal y humano aún más opaco que el actual.

El cálculo político en Washington

En Estados Unidos, la lógica que impulsa el plan es eminentemente política. La administración Trump afronta compromisos públicos de multiplicar las expulsiones hasta un 30%–40% respecto a 2024, en un contexto de fuerte presión por parte de su base electoral y de varios Estados fronterizos. El sistema de detención y tramitación, ya saturado, tiene poca capacidad para absorber ese salto sin incrementar el gasto en miles de millones de dólares anuales.

Externalizar parte del proceso a terceros países permite presentar a la opinión pública un doble mensaje: “mano dura” y “eficiencia fiscal”. Es decir, más deportaciones, pero sin que el contribuyente vea dispararse los presupuestos. Además, desplaza el foco mediático: las imágenes de centros de detención y deportaciones masivas dejarían de producirse en suelo estadounidense para pasar a ubicarse, literalmente, en otro continente.

No obstante, el cálculo puede salir caro. Los precedentes europeos muestran que este tipo de acuerdos se convierten en munición permanente para la oposición, alimentan litigios judiciales y generan fricciones diplomáticas. Si Argentina entra en este juego, se sumará a esa lista, convirtiéndose en protagonista involuntario de la disputa interna estadounidense.

Impacto regional: el Cono Sur en la línea de fuego

La posible designación de Argentina como “tercer país seguro” –o equivalente– no se produciría en un vacío regional. El Cono Sur ya vive tensiones migratorias propias, con millones de venezolanos repartidos entre Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina, y flujos internos condicionados por crisis económicas recurrentes. Incorporar una población adicional de deportados procedentes de Estados Unidos, con orígenes potencialmente diversos (Centroamérica, Caribe, África o Asia), añadiría una capa extra de complejidad.

Los países vecinos observarían con preocupación la creación de centros o programas en territorio argentino, temiendo efectos de “derrame” si parte de esos deportados intenta moverse dentro de la región. Al mismo tiempo, la maniobra podría reactivar la idea de acuerdos similares con otros Estados sudamericanos, fragmentando aún más la respuesta regional y generando competencia a la baja en estándares de protección.

El contraste con los discursos oficiales sobre integración regional y derechos humanos resulta evidente: mientras en foros multilaterales se reivindica una respuesta compartida y solidaria, en la práctica cada país negocia en solitario con las grandes potencias sus propios paquetes de incentivos.