Budapest despliega tropas para proteger la energía, veta un macrocrédito europeo y agrava la fractura política en plena guerra del Druzhba

Hungría despliega tropas para blindar sus infraestructuras ante la creciente tensión con Ucrania

Hungría despliega tropas para blindar sus infraestructuras ante la creciente tensión con Ucrania

Hungría ha dado un salto cualitativo en la escalada con Ucrania y con Bruselas. El Gobierno de Viktor Orbán ha desplegado tropas y policía militar en torno a sus principales infraestructuras energéticas, mientras denuncia sin pruebas un supuesto plan ucraniano para “atacar” el sistema húngaro. En paralelo, Budapest ha anunciado que mantendrá bloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea negocia para sostener a Kiev hasta que se reanude el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. En el corazón de la disputa está un tubo que aporta en torno al 65% del crudo que consume Hungría y que permanece parado desde el 27 de enero por daños en territorio ucraniano.

Un despliegue inédito para proteger la energía

El anuncio llegó envuelto en retórica de excepcionalidad. Orbán aseguró que dispone de información según la cual «Ucrania se prepara para nuevas acciones dirigidas a perturbar el funcionamiento del sistema energético húngaro». A partir de ahí, el Ejecutivo ordenó reforzar con militares y unidades especiales las centrales eléctricas, los grandes nodos de la red y los puntos clave de transporte de hidrocarburos.

El movimiento va más allá de un simple aumento de vigilancia privada. Implica militarizar infraestructuras críticas en tiempo de guerra en el país vecino, y se interpreta en Bruselas como un gesto calculado para elevar la presión política sobre Kiev y sobre la propia Comisión Europea. Orbán, aislado en muchas votaciones, ha convertido la energía en su principal palanca de negociación.

Lo más llamativo es la asimetría de percepciones. Mientras Budapest habla de “amenaza” ucraniana, Kiev insiste en que los cortes en Druzhba se deben a ataques rusos y a daños físicos en el trazado, no a decisiones políticas. La diferencia no es solo semántica: de aceptarse la narrativa húngara, el conflicto pasaría de ser un daño colateral de la guerra a un caso de supuesta agresión económica directa entre vecinos.

El oleoducto que alimenta el 65% del crudo húngaro

El centro neurálgico del pulso es el ramal sur del oleoducto Druzhba, una de las arterias históricas por las que fluye crudo ruso hacia Europa central. El tubo entra en la UE por Ucrania y abastece a Hungría y Eslovaquia, países que gozan de una exención temporal en el embargo europeo al petróleo ruso precisamente por su elevada dependencia física de esta infraestructura.

Según estimaciones del sector, en torno a dos tercios del petróleo que consumen las refinerías húngaras llegan por este conducto. La parada desde finales de enero, oficialmente atribuida a un ataque con drones en territorio ucraniano, ha obligado a incrementar las compras por vía alternativa a través del Adriático, más caras y con menos capacidad.

Este hecho revela varias vulnerabilidades. Primero, la escasa diversificación de Hungría, que no ha utilizado los últimos dos años para reducir su dependencia de Rusia al ritmo de otros socios regionales. Segundo, la fragilidad física de una infraestructura que atraviesa una zona de guerra y que se ha convertido en objetivo legítimo en la lógica militar ucraniana, centrada en cortar los ingresos energéticos de Moscú. Y tercero, la tensión jurídica: Budapest sostiene que Kiev, al no priorizar la reparación, está violando sus compromisos con la UE; Kiev replica que su prioridad es defenderse de los bombardeos rusos, no garantizar el negocio de los hidrocarburos.

Drones, frontera y una militarización silenciosa

El despliegue terrestre se complementa con una batería de restricciones en el espacio aéreo, especialmente en la franja fronteriza con Ucrania. El Gobierno húngaro ha anunciado la prohibición de vuelos de drones en una región limítrofe clave para el paso de infraestructuras energéticas, alegando riesgos de espionaje o de incidentes que puedan “ser utilizados para escalar el conflicto”.

Más allá de la retórica, el mensaje es doble. Internamente, Orbán se presenta como el garante de la soberanía y de las facturas energéticas bajas, en un contexto en el que la inflación llegó a superar el 20% tras el estallido de la guerra y el encarecimiento del gas. Externamente, lanza una advertencia: cualquier incidente en su territorio vinculado a la guerra se utilizará para reabrir la discusión sobre sanciones, ayudas a Ucrania y reparto de costes dentro de la UE.

La militarización silenciosa de la frontera recuerda a la de otros momentos de máxima tensión en el este comunitario, como la crisis migratoria en la frontera bielorrusa en 2021. Sin embargo, el matiz actual es distinto: no se trata solo de proteger un perímetro, sino de blindar un flujo de recursos que alimenta tanto la economía húngara como, de forma indirecta, la maquinaria bélica rusa. El contraste con otros Estados miembros que han asumido costes elevados para cortar sus lazos energéticos con Moscú resulta demoledor.

Un pulso de 90.000 millones en Bruselas

En pleno despliegue militar, el segundo frente se libra en los despachos de Bruselas. Hungría ha comunicado que seguirá vetando el préstamo de 90.000 millones de euros que la UE ha diseñado para sostener a Ucrania en el periodo 2026-2027 hasta que el flujo de crudo por Druzhba se normalice.

El paquete, conocido como Ukraine Support Loan, destina 30.000 millones a apoyo presupuestario directo y 60.000 millones a necesidades militares y de reconstrucción. Según las estimaciones comunitarias, cubre alrededor de dos tercios de las necesidades financieras ucranianas para los próximos dos años. Sin ese dinero, Kiev podría afrontar una grave crisis de liquidez a partir de mediados de 2026.

La decisión de Orbán convierte una disputa técnica sobre un oleoducto en un instrumento de bloqueo financiero a gran escala. El mensaje es inequívoco: mientras no fluyan barriles rusos hacia su economía, Hungría no permitirá que fluyan euros europeos hacia Ucrania. La maniobra erosiona la imagen de unidad que la UE intenta proyectar frente a Moscú y otorga a Budapest un poder de chantaje que ya ha utilizado en otras negociaciones sobre sanciones y Estado de derecho.

Dependencia estructural del petróleo ruso

El origen de esta capacidad de presión está en la estructura energética húngara. A diferencia de otros socios del Este, Budapest ha aprovechado las exenciones europeas para mantener casi intactas sus compras de crudo ruso, al menos hasta que la guerra ha comenzado a impactar físicamente en los oleoductos.

La principal refinería del país, propiedad de la petrolera MOL, está optimizada para procesar mezclas procedentes de los yacimientos rusos. La adaptación a otros crudos, desde Oriente Medio o el Mediterráneo, requiere inversiones cuantiosas y tiempo. Mientras tanto, Hungría ha logrado asegurarse descuentos significativos frente al precio del Brent, lo que ha permitido al Gobierno amortiguar parcialmente el golpe de la inflación energética respecto a otros Estados miembros.

Sin embargo, la consecuencia es un grado de dependencia que roza el 70% en materia de petróleo y que se reproduce en el gas, donde las importaciones rusas siguen siendo predominantes. Esta elección estratégica convierte a Budapest en un eslabón vulnerable de la política energética europea. Cualquier interrupción en Druzhba se traduce inmediatamente en tensiones internas, que Orbán canaliza hacia Bruselas y hacia Kiev. El diagnóstico es inequívoco: cuanto más se prolongue la guerra, más difícil será sostener este equilibrio entre precios bajos, suministro seguro y alineamiento geopolítico con la UE.

Grieta con Kiev y grieta dentro de la UE

La retórica cruzada entre Budapest y Kiev ha ido subiendo de tono. Ucrania acusa a Hungría y Eslovaquia de lanzar “ultimátums y chantaje” al exigir la reanudación del petróleo ruso a cambio de mantener la electricidad y el diésel que exportan al país en guerra. Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, sostiene que Ucrania está “bloqueando” el tránsito y violando su acuerdo de asociación con la UE.

Este intercambio de acusaciones tiene dos efectos. En primer lugar, complica cualquier intento de mediación técnica sobre el estado del oleoducto, su reparación y el reparto de costes. En segundo, alimenta la percepción en varias capitales de que Hungría está utilizando la guerra para reforzar una agenda abiertamente soberanista, más cercana a Moscú que al consenso europeo.

Dentro de la UE, la posición húngara provoca incomodidad y cansancio. Países bálticos, nórdicos o Polonia consideran que Budapest está socavando la credibilidad del bloque justo cuando se intentan articular garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania. Al mismo tiempo, algunos socios del sur observan con preocupación cómo la cuestión energética se utiliza de nuevo como palanca de presión intraeuropea, en un momento en que la deuda y el coste de la transición verde ya tensionan los presupuestos nacionales.