Japón libera 45 días de crudo por la guerra con Irán
Tokio ha activado una parte relevante de sus reservas estratégicas para amortiguar el shock energético provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
La decisión no es menor: llega cuando el estrecho de Ormuz sigue prácticamente bloqueado, el barril de Brent vuelve a moverse por encima de los 104 dólares y la Agencia Internacional de la Energía ya ha avalado la mayor liberación coordinada de petróleo de su historia, con 400 millones de barriles. La maniobra japonesa busca ganar tiempo. Pero, sobre todo, revela hasta qué punto la tercera economía del mundo sigue siendo rehén de una vulnerabilidad que arrastra desde los años setenta.
Una respuesta de emergencia
El Gobierno de Sanae Takaichi confirmó el 11 de marzo que Japón empezaría a liberar reservas desde el 16 de marzo, sin esperar siquiera a la formalización completa del mecanismo internacional de la AIE. El primer tramo afecta a 15 días de reservas en manos del sector privado; a continuación se añadirá un mes de crudo de las reservas nacionales, con entrega prioritaria a las refinerías domésticas. La decisión se acompaña de otra medida igualmente significativa: el Ejecutivo rebajó la obligación de inventarios para las compañías desde 70 a 55 días, una señal clara de que Tokio ha pasado del modo preventivo al modo de contingencia.
No se trata solo de asegurar el suministro. También hay un objetivo político muy preciso: evitar que el impacto llegue de inmediato al surtidor. Takaichi advirtió de que, sin intervención, la gasolina podría superar los 200 yenes por litro, y fijó como meta contener el promedio nacional en torno a 170 yenes, por debajo incluso de los 178 yenes de media registrados en el año previo a su llegada al poder. “No podemos descartar la posibilidad de que el precio de la gasolina exceda los 200 yenes por litro”, admitió la primera ministra. El mensaje es inequívoco: la reserva estratégica ya no es un símbolo de seguridad nacional, sino una herramienta directa de estabilización económica.
El talón de Aquiles japonés
La reacción de Tokio tiene una explicación estructural. Japón mantiene una dependencia extrema del crudo importado y su exposición al Golfo Pérsico sigue siendo difícil de igualar entre las grandes economías avanzadas. Reuters situó recientemente en torno al 95% la cuota de petróleo que Japón compra a Oriente Próximo, con cerca del 70% de esos flujos pasando por el estrecho de Ormuz. Incluso sin recurrir a esa estimación global, los datos oficiales japoneses ya son suficientemente elocuentes: solo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait concentraron el 90,1% de las importaciones japonesas de crudo en el ejercicio 2024.
Ese patrón convierte a Japón en uno de los países más expuestos a cualquier cierre prolongado de la principal arteria energética del planeta. Lo más grave es que el problema no se resuelve con compras alternativas de un día para otro. El sistema industrial japonés —refino, petroquímica, transporte, generación térmica y logística portuaria— está organizado desde hace décadas alrededor de esa geografía del suministro. Este hecho revela una paradoja incómoda: mientras Japón ha avanzado en tecnología, eficiencia y transición energética, sigue cargando con una fragilidad básica en materia de seguridad de abastecimiento. Y cuando el riesgo geopolítico se dispara, esa fragilidad reaparece con toda su crudeza.
Ormuz, el cuello de botella que altera el mercado
La AIE ha descrito la situación con una contundencia poco habitual. Según su informe de marzo, la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 ha generado la mayor disrupción de suministro de la historia del mercado mundial del petróleo. Antes del conflicto, por Ormuz transitaban alrededor de 20 millones de barriles diarios, equivalentes a aproximadamente el 25% del comercio marítimo mundial de crudo y productos petrolíferos. Hoy, esos flujos han caído a una fracción mínima. La consecuencia es clara: productores, refinerías, navieras, aseguradoras y consumidores están operando en un mercado de guerra.
El diagnóstico es aún más severo cuando se aterriza en cifras. La AIE calcula que la oferta global podría desplomarse en 8 millones de barriles diarios en marzo, mientras los países del Golfo ya habrían recortado al menos 10 millones de barriles diarios de producción. Además, más de 3 millones de barriles diarios de capacidad de refino regional ya se han parado y otros 4 millones están en riesgo si la situación persiste. No es extraño, por tanto, que el Brent se haya movido de la zona de 90-92 dólares a niveles de 104-105 dólares en cuestión de días. En ese contexto, la liberación de reservas no elimina el problema: apenas lo amortigua.
Reservas enormes, margen limitado
Japón llega mejor preparado que en otras crisis, pero eso no significa que tenga margen infinito. El sistema japonés de almacenamiento combina tres capas: reservas públicas, reservas obligatorias del sector privado y crudo almacenado conjuntamente con países productores. A cierre de marzo de 2024, el país contaba con 42,53 millones de kilolitros en reservas nacionales, equivalentes a 142 días; 11,65 millones de kilolitros en manos privadas, equivalentes a 85 días; y otros 2,62 millones de kilolitros en esquemas conjuntos con productores, unos 8 días adicionales. En conjunto, el colchón superaba los 235 días.
Ahora bien, disponer de un gran colchón no significa poder utilizarlo sin coste. Liberar barriles hoy reduce la capacidad de respuesta si el conflicto se prolonga o escala hacia infraestructuras críticas adicionales. Además, una parte del sistema está pensada para compras preferentes en emergencia, no para descargas masivas inmediatas. Japón mantiene precisamente acuerdos de almacenamiento conjunto con Aramco, ADNOC y Kuwait Petroleum, tres actores que son también pilares de su abastecimiento ordinario. El contraste es demoledor: el mismo entramado que protege a Japón en tiempos de calma es el que evidencia su dependencia cuando el shock nace en el corazón de su cadena de suministro.
El golpe sobre hogares e industria
La primera línea de presión será el combustible, pero no la única. Si el bloqueo de Ormuz se alarga, el encarecimiento del crudo se trasladará con rapidez a diésel, queroseno, fuel industrial y costes logísticos. Para una economía importadora, con fuerte base manufacturera y una inflación aún sensible a la energía, el efecto puede ser más corrosivo que espectacular: menos consumo real, márgenes empresariales más estrechos y presión sobre cadenas enteras, desde el transporte hasta la química. La propia AIE advierte de tensiones específicas en diésel y combustible de aviación, precisamente dos segmentos donde la elasticidad de sustitución es baja.
Hay además un riesgo menos visible y quizá más dañino: el de la confianza. Cuando un gobierno se ve obligado a usar reservas, subvencionar combustibles y relajar obligaciones de inventario al mismo tiempo, el mensaje implícito al mercado es que espera un problema de duración incierta. Por eso la medida japonesa debe leerse también como un intento de evitar un shock psicológico en empresas y consumidores. Tokio quiere frenar la espiral antes de que la expectativa de precios altos termine agravando el daño real. En economía energética, a menudo el temor al desabastecimiento acelera el desequilibrio tanto como la escasez física.
Una señal al G7 y un límite geopolítico
La liberación de reservas encaja, además, en una estrategia diplomática más amplia. Japón ha querido colocarse en la vanguardia de la respuesta económica junto al G7 y la AIE, incluso adelantándose al calendario de otros miembros. La agencia internacional aprobó el 11 de marzo una liberación coordinada de 400 millones de barriles, la mayor de su historia, y subrayó que sus miembros disponen de más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas y otros 600 millones en inventarios industriales bajo obligación gubernamental. “Los desafíos del mercado son inéditos por su escala”, resumió su director ejecutivo, Fatih Birol.
Sin embargo, el margen de Japón fuera del plano económico es mucho más estrecho. Este lunes, Tokio dejó claro que no prevé enviar buques al estrecho de Ormuz pese a la presión de Donald Trump sobre varios aliados para participar en una eventual operación de reapertura de la ruta. La razón no es solo política, sino también jurídica y estratégica: Japón puede aliviar el shock con barriles, pero tiene muchas más limitaciones para intervenir militarmente en una crisis regional de esta magnitud. La consecuencia es nítida: su capacidad de influencia sobre el problema de fondo —la seguridad del tránsito marítimo— es bastante menor que su capacidad para comprar tiempo dentro de casa.
