Meloni acusa a EEUU e Israel de actuar fuera de la ley

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha puesto palabras a lo que muchos juristas llevaban días advirtiendo: la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán se sitúa fuera del marco del derecho internacional. Ante el Parlamento, la líder italiana denunció la proliferación de «intervenciones unilaterales realizadas fuera del ámbito del derecho internacional» y encuadró en ese patrón la campaña militar contra el régimen iraní. Al mismo tiempo, sin embargo, Meloni reiteró que la comunidad internacional «no puede permitirse un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares» y confirmó el envío de sistemas de defensa aérea italianos a los países del Golfo.

Un golpe directo a la legalidad internacional

Las palabras de Meloni llegan después de que la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán —bautizada en distintas fases como Operation Lion’s Roar o Epic Fury— haya sido calificada por numerosos expertos como una vulneración frontal de la Carta de la ONU. La operación no cuenta con autorización del Consejo de Seguridad y difícilmente encaja en la excepción de legítima defensa, tal y como han subrayado especialistas en derecho internacional público y relatores de Naciones Unidas.

Hasta ahora, la denuncia explícita de esta ilegalidad se había limitado a algunas voces políticas —como parte del Gobierno español— y a una minoría de líderes europeos. Francia, sin ir más lejos, ya había calificado los ataques de «fuera del marco del derecho internacional», aunque señalando a Teherán como principal responsable del deterioro. Que sea ahora Meloni, al frente de un Ejecutivo claramente atlantista, quien subraye la deriva de las «intervenciones unilaterales», marca un punto de inflexión en el discurso europeo: la guerra en Irán ya no sólo tensiona la seguridad y la energía, sino el propio andamiaje jurídico que ha sostenido el orden internacional desde 1945.

La guerra en Irán que desborda a Europa

La intervención contra Irán no es un episodio aislado, sino el punto culminante de una escalada que arranca con años de sanciones, sabotajes encubiertos y una guerra en la sombra entre Israel y la República Islámica. Tras el ataque conjunto que acabó con la vida del anterior líder supremo iraní y los posteriores bombardeos a gran escala sobre infraestructuras militares y civiles, el conflicto ha desbordado las fronteras iraníes: misiles sobre Israel, ataques de milicias aliadas de Teherán en Irak y Siria, drones contra bases estadounidenses y, sobre todo, el cierre de facto del Estrecho de Ormuz.

Para Europa, la crisis es triple. En el plano de seguridad, varios Estados miembros se han visto obligados a evacuar personal diplomático y a reforzar sus despliegues en el Mediterráneo oriental y el Golfo. En el energético, el bloqueo de Ormuz ha sacado del mercado hasta 20 millones de barriles diarios, cerca del 20% del petróleo mundial, disparando los precios del crudo por encima de los 90 dólares y forzando a la Agencia Internacional de la Energía a preparar una liberación histórica de reservas estratégicas. Y en el plano político, el contraste entre los aliados que cierran filas con Washington y los que cuestionan abiertamente la legalidad de la guerra amenaza con abrir una grieta profunda en el seno de la UE.

La difícil cuadratura de Meloni: atlantismo y crítica jurídica

Ahí se sitúa la maniobra de Meloni. La jefa de Gobierno llevaba varios días bajo presión: su silencio inicial sobre la ofensiva contra Irán contrastaba con la contundencia de otros líderes y alimentaba la imagen de un Ejecutivo alineado sin matices con la estrategia de Washington. Finalmente, en su comparecencia ante las Cámaras, la primera ministra fijó una posición ambivalente: por un lado, denunció la multiplicación de «intervenciones unilaterales fuera del derecho internacional» y encuadró en esa categoría la operación de EEUU e Israel; por otro, atribuyó al régimen iraní una responsabilidad estructural por su programa nuclear y su papel desestabilizador en la región.

El mensaje es claro: Roma quiere aparecer como garante de la legalidad internacional sin romper con su vocación atlantista ni con los compromisos bilaterales que permiten a EEUU utilizar bases en territorio italiano. Meloni insiste en que cualquier uso de esas instalaciones con fines ofensivos requerirá aval parlamentario y se limitará a apoyo logístico, pero evita cuestionar de raíz la estrategia de Washington y Tel Aviv. El resultado es una cuadratura del círculo complicada: Italia critica la forma jurídica de la operación, pero comparte el objetivo estratégico de evitar que Irán se acerque al umbral nuclear.

Italia se blinda: baterías antiaéreas y fragatas rumbo al Golfo

La otra cara del discurso de Meloni es la realidad operativa. Mientras denuncia la deriva de las intervenciones unilaterales, su Gobierno ha obtenido luz verde parlamentaria para enviar sistemas de defensa antimisiles y vigilancia a los países del Golfo más expuestos a los ataques iraníes, siguiendo una estela marcada también por Francia, Alemania y Reino Unido.

Se trata, fundamentalmente, de baterías SAMP/T —desarrolladas conjuntamente por Francia e Italia— capaces de interceptar misiles balísticos y drones a larga distancia, así como de radares avanzados y medios de guerra electrónica. Paralelamente, Roma prepara el despliegue de una fragata en apoyo de Chipre y de las misiones navales europeas en el Mediterráneo oriental.

El Gobierno justifica estos movimientos por la necesidad de proteger a los cerca de 100.000 italianos que viven en Oriente Próximo y a los aproximadamente 2.000 militares desplegados en misiones en la zona. «Son países amigos, pero también está en juego la seguridad de nuestros ciudadanos y el suministro energético de Italia y Europa», ha repetido la primera ministra. La frontera entre defensa legítima y participación indirecta en una guerra cuya legalidad se cuestiona, sin embargo, es cada vez más difusa.

Energía, petróleo y una economía expuesta al Estrecho de Ormuz

Aunque Bruselas repite el mantra de la diversificación, la geografía es tozuda: el corazón del sistema energético mundial sigue latiendo alrededor del Golfo. Por el Estrecho de Ormuz transita alrededor de un tercio del comercio global de crudo y una parte sustancial del gas natural licuado que alimenta a Asia y Europa. Para Italia, que importó en 2024 unos 1,13 millones de barriles diarios de petróleo y continúa dependiendo en más de la mitad de los combustibles fósiles para su mix energético, el cierre parcial de esa arteria supone un riesgo macroeconómico inmediato: precios más altos, presión inflacionista y deterioro de la balanza por cuenta corriente.

Los datos históricos muestran que Roma ha llegado a comprar más de 27 millones de toneladas anuales de crudo procedente de Oriente Próximo, consolidando a la región como uno de sus principales proveedores. La decisión de Meloni de reforzar las defensas de los socios del Golfo, por tanto, no es sólo un gesto de lealtad atlántica: es también un intento de blindar una línea de vida energética que, en caso de bloqueo prolongado, podría empujar el barril por encima de los 100 dólares y revivir el fantasma de la estanflación en Europa.

Este hecho revela hasta qué punto la discusión jurídica sobre la legalidad de la guerra se entrelaza con los intereses económicos más tangibles: quién controla los flujos de crudo, quién asume el coste del riesgo y quién paga la factura política de un nuevo shock petrolero.

La batalla dentro de la UE: Sánchez, Macron y el eje del sur

Las palabras de Meloni se inscriben también en la pugna interna europea por marcar el relato de la crisis. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había tachado los ataques de EEUU e Israel de «operaciones realizadas fuera del derecho internacional», pero evitó romper con Washington y señaló a Irán como causante último del conflicto. Pedro Sánchez, por su parte, ha ido más lejos: rechazó permitir el uso de bases españolas para la ofensiva y ha convertido la defensa del derecho internacional en uno de los ejes de su pulso político con Donald Trump.

Meloni intenta ahora situarse en un punto intermedio entre ambos: más cercana a Macron en el fondo jurídico, pero sin asumir el enfrentamiento frontal con la Casa Blanca que sí ha elegido Moncloa. Para Italia, cuya proyección mediterránea depende en buena medida del paraguas de la OTAN y del acceso a fondos europeos, el margen de maniobra es más estrecho. Pero el contraste con España resulta, en todo caso, elocuente: mientras Madrid enfatiza la memoria de la guerra de Irak y el coste de apoyar aventuras ilegales, Roma prioriza proteger sus intereses energéticos y su papel en el eje atlántico.

El coste político para Meloni en casa y fuera

En el plano doméstico, el discurso de Meloni abre un nuevo frente. La oposición de centroizquierda le reprocha una «doble vara de medir»: denunciar la ilegalidad de la operación mientras Italia continúa exportando armamento a socios implicados en conflictos regionales y mantiene abiertas las puertas de sus bases militares a Estados Unidos. Activistas y juristas recuerdan, además, las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional por la presunta complicidad de Roma en la guerra de Gaza, a raíz de la venta de sistemas militares a Israel.

En el exterior, la primera ministra se juega su imagen como nueva voz de la derecha europea. Parte de su capital político se construyó sobre la promesa de combinar firmeza en política exterior con respeto escrupuloso al derecho internacional. La crisis iraní pone a prueba esa premisa: si el apoyo operativo a la ofensiva de EEUU e Israel se intensifica, su denuncia de las «intervenciones unilaterales» corre el riesgo de quedar en mera retórica. Si, por el contrario, Roma limita su implicación a misiones estrictamente defensivas y se alinea con las corrientes que reclaman un alto el fuego y un regreso a la diplomacia, Meloni podría reforzar su perfil como mediadora entre el sur europeo y el bloque atlantista.