El Pentágono cifra en 29.000 millones la guerra con Irán

29.000 millones de dólares. Ese es el nuevo precio oficial —por ahora— de la operación de Estados Unidos contra Irán. En abril, el Pentágono hablaba de 25.000 millones; hoy admite 4.000 millones más y asume que la cifra seguirá moviéndose. Lo más grave no es el salto, sino lo que revela: equipos dañados, munición consumida y costes de permanencia que nadie termina de desglosar. Mientras la Casa Blanca insiste en la “necesidad estratégica”, Capitol Hill exige contabilidad. Y el choque vuelve a ser político… pero sobre todo presupuestario.

La factura crece sin un parte de daños cerrado

El Pentágono ha actualizado a 29.000 millones el coste de la campaña contra Irán tras una nueva comparecencia ante la Cámara, apenas dos semanas después de situar la cifra en 25.000 millones. El incremento, equivalente a un 16%, se explica —según la propia contabilidad oficial— por dos partidas que siempre aparecen tarde: reparación y sustitución de material y el gasto corriente de “sostener” fuerzas desplegadas. “La cifra ya incorpora reparación y reemplazo de equipos, además de costes operativos para mantener personal en el teatro”, resumió el responsable financiero del Departamento de Defensa al justificar el ajuste.

Este hecho revela un patrón conocido: el primer número suele recoger munición y operaciones inmediatas; el segundo empieza a medir desgaste real. En términos fiscales, la diferencia entre ambos es la que acaba convirtiendo una intervención “acotada” en un pozo de sobrecostes.

Munición primero, después llega el golpe de la reposición

En abril, el propio Pentágono reconocía que “la mayor parte” del gasto estaba ligado a municiones. Esa explicación servía para cerrar filas políticamente, pero no para aclarar el fondo económico: la munición se repone, y se repone caro. La novedad ahora es el tamaño del deterioro material. Fuentes citadas en prensa financiera sitúan en torno a 24.000 millones el coste asociado a equipos dañados o destruidos, incluyendo aeronaves y sistemas empleados en el teatro de operaciones.

El contraste es demoledor: cuando la guerra deja de medirse por salidas aéreas o días de despliegue y pasa a medirse por activos perdidos, el presupuesto deja de ser una foto y se convierte en una hipoteca. Y, además, la cifra no incluye todavía lo que normalmente dispara el contador: reconstrucción de instalaciones, rotación de unidades, compensaciones especiales y ampliación de postura regional.

El Congreso pide desglose y choca con el “cuando toque”

La discusión en Washington ya no gira solo sobre estrategia, sino sobre control del gasto. En la última sesión, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó concretar y se limitó a prometer detalles a los legisladores cuando sea «relevante y necesario». En una democracia con chequera parlamentaria, esa frase suena a alarma: sin desglose, el Congreso debate a ciegas; sin debate, el Ejecutivo decide sin freno.

El problema se agrava por el contexto institucional. En los últimos meses se han documentado directrices que restringen o encorsetan la comunicación de cuadros del Pentágono con el Capitolio, elevando la fricción en cada petición de información. La consecuencia es clara: a medida que el coste crece, el mecanismo de supervisión se vuelve más lento, más politizado y menos eficaz. Y eso, históricamente, es el caldo de cultivo perfecto para el despilfarro “legal” mediante suplementos y partidas opacas.

El coste oculto: stocks, industria y tiempos de fabricación

En los pasillos presupuestarios, el foco se desplaza hacia lo que no cabe en una rueda de prensa: la reposición industrial. Gastar 29.000 millones no es solo pagar operaciones; es absorber inventarios y trasladar el problema al futuro, cuando llegue la factura de reponer misiles, municiones guiadas y piezas críticas. La industria de defensa funciona con plazos largos: reactivar líneas, asegurar suministros y elevar producción implica meses —a veces años— y, casi siempre, renegociaciones al alza.

Además, el desgaste no se limita a lo consumido. La guerra obliga a mantener un ritmo de mantenimiento acelerado en aviación y naval, y a asumir “costes de oportunidad”: unidades retenidas en Oriente Medio que no entrenan o rotan como estaba previsto. En términos macro, ese coste es invisible hoy, pero termina reflejándose en disponibilidad y en dinero mañana. Lo que empieza como gasto puntual, si no se corta, acaba siendo gasto estructural.

Presupuesto 2027: 1,5 billones y una guerra fuera del guion

El salto a 29.000 millones llega en pleno debate del presupuesto de defensa para 2027, cifrado en torno a 1,5 billones de dólares. La paradoja es incómoda: la guerra se presenta como contingencia, pero consume recursos reales y condiciona prioridades. Si la contabilidad del conflicto no entra con claridad en el marco presupuestario, el ajuste se hace por la puerta de atrás: retrasando programas, exprimendo fondos de mantenimiento o preparando un paquete extraordinario.

De hecho, en el ecosistema de Washington ya se habla de suplementos potenciales muy por encima del cálculo inicial, con estimaciones que apuntan a un rango más amplio una vez se sumen pagas especiales, daños en bases y reajustes de despliegue. El debate, por tanto, no es si habrá más dinero, sino de dónde se sacará y con qué vigilancia. Y ahí el pulso Ejecutivo-Congreso será decisivo.

La comparación que incomoda: cuando “solo” son miles de millones

En términos históricos, 29.000 millones pueden parecer “poco” frente a los billones que han costado las guerras pos-11S. Precisamente por eso la cifra es políticamente útil: permite vender contención. Pero la experiencia demuestra que el contador no se detiene en la primera actualización. El proyecto académico Costs of War sitúa el coste agregado de la “guerra contra el terror” en el entorno de los 8 billones de dólares hasta 2023, sumando no solo operaciones, sino intereses, veteranos y efectos presupuestarios diferidos.

La lección es conocida y, sin embargo, vuelve: el coste real se decide en la posguerra administrativa, cuando llegan las reparaciones, las reposiciones y los compromisos de presencia. En ese punto, el relato cambia. Ya no es “la operación”, sino “la postura”. Y entonces cada mes adicional se paga dos veces: en dinero y en credibilidad fiscal.