Putin promulga la ley que retira a Rusia del tratado europeo contra la tortura
El presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley este lunes que formaliza la denuncia de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura de 1987, tres semanas después de que el Parlamento presentase el proyecto para salir del tratado. La decisión se produce tras la expulsión de Rusia del Consejo de Europa en 2022, y eleva las señales de ruptura con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Desde Moscú llega un paso más en el distanciamiento entre Rusia y las instituciones europeas: la firma presidencial de la ley que retira al país de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura marca un punto de inflexión con implicaciones profundas en términos políticos, legales y simbólicos. La norma, aprobada en primera instancia en el Parlamento, legitima jurídicamente la decisión de abandonar un instrumento que, hasta ahora, permitía que expertos del Consejo de Europa realizaran visitas a cárceles, centros de detención y hospitales psiquiátricos para supervisar condiciones y prevenir abusos.
En su exposición de motivos, las autoridades rusas alegan que desde 2023 no se ha permitido a Rusia contar con representación en el Comité de Prevención de la Tortura (CPT), órgano encargado de inspecciones independientes, y acusan al Consejo de Europa de obstruir sus requerimientos de participación. Pese a que la expulsión formal de Rusia del Consejo de Europa se produjo en marzo de 2022 como sanción por la invasión de Ucrania, el Estado ruso continuaba sujeto a la convención de 1987 hasta ahora.
La reacción internacional no se hizo esperar. Ucrania calificó la medida como “una admisión de culpa” ante las denuncias sobre torturas sistemáticas en el contexto de la guerra. Por su parte, expertos de la ONU alertaron del “riesgo grave” para las personas privadas de libertad, pues sin mecanismos de supervisión externa, el control estatal será prácticamente total. Organismos de derechos humanos advierten que se abre una puerta para la impunidad y la desprotección, especialmente para prisioneros de guerra y civiles detenidos en zonas de conflicto.
El CPT, creado en base al tratado europeo de 1987, permitía visitas sin previo aviso a instalaciones bajo custodia del Estado, emitir comunicados directos con detenidos y elaborar informes con recomendaciones. Durante los años en que Rusia fue sujeto a sus normas, el comité realizó más de 30 misiones y redactó un total de 27 informes, de los cuales solo cuatro fueron finalmente publicados por Rusia. En los últimos años, muchos de los problemas señalados recayeron en hacinamiento, deficiente atención médica, violencia interna y escasa transparencia institucional.
Para comprender la trascendencia: Rusia, que ratificó el convenio en 1998, renuncia ahora a un mecanismo clave de rendición de cuentas exterior. No obstante, organizaciones como Crew Against Torture han advertido que el abandono podría tener consecuencias prácticas reales: el cierre de la vía para denuncias externas y una mayor opacidad de los sistemas penitenciarios.
Detrás de la decisión se adivina una estrategia más amplia: aunque Rusia ya no forma parte del Consejo de Europa, continúa desvinculándose de los instrumentos internacionales que aún representan límites jurídicos a su actuación. Este movimiento encaja en una tendencia de aislamiento legal y político, en la que ya ha proclamado que no acatará decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos posteriores a su expulsión.
El contexto de guerra en Ucrania añade una dimensión humanitaria especialmente delicada. Testimonios recogidos por medios internacionales dan cuenta de torturas, malos tratos, interrogatorios abusivos e incluso ejecuciones sumarias de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa. La retirada del tratado europeo contra la tortura podría eliminar un freno institucional que, aunque con limitaciones, ofrecía algún grado de control externo.
Más allá del simbolismo, la firma de la ley es un acto con impacto concreto: las visitas del CPT quedarán formalmente excluidas, y las denuncias contra el régimen carcelario ruso no tendrán ya acceso directo al mecanismo europeo. En su lugar, las instancias de vigilancia y justicia quedarán supeditadas al sistema interno, cuyo historial no es precisamente ejemplar.
Desde la mirada externa, la medida refuerza la percepción de que Rusia aspira a eliminar toda zona gris que ponga en entredicho su soberanía interpretada como absoluta. Para gobiernos, organizaciones internacionales y medios, el reto será seguir exigiendo transparencia, documentar abusos con fuentes independientes y mantener mecanismos alternativos de verificación, incluso cuando el Estado emisor bloquea los cauces tradicionales.
