El Senado blinda por un voto el poder de guerra de Trump
La noche en el Capitolio se decidió por un solo voto. El Senado de Estados Unidos bloqueó por 50 frente a 51 una resolución que buscaba limitar la capacidad de Donald Trump para ordenar nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización previa del Congreso.
El desenlace llegó después de que dos republicanos, Josh Hawley y Todd Young, rectificaran su apoyo inicial a la medida tras una intensa presión del presidente y su equipo.
El empate técnico que se dibujaba en el tablero solo se resolvió cuando el vicepresidente JD Vance ejerció su prerrogativa institucional y pronunció el voto decisivo a favor de la Casa Blanca.
Detrás de esta votación hay algo más que una disputa procedimental: se dirime el alcance real del poder presidencial en tiempos de intervenciones quirúrgicas, capturas extraterritoriales y sanciones económicas masivas.
Un voto, dos giros y un vicepresidente decisivo
La resolución, promovida por el demócrata Tim Kaine, pretendía aplicar la War Powers Resolution de 1973 al escenario venezolano: prohibir el uso de las Fuerzas Armadas en “hostilidades en o contra Venezuela” sin autorización expresa del Congreso y obligar a retirar fuerzas si esa autorización no llegaba. En una primera votación, hace apenas seis días, el texto había avanzado gracias al apoyo de cinco senadores republicanos que se sumaron al bloque demócrata, en una rara reprimenda bipartidista a la política exterior de Trump.
Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, Josh Hawley (Misuri) y Todd Young (Indiana) cambiaron de posición y respaldaron la maniobra de la dirección republicana para declarar “no privilegiada” la resolución, lo que en la práctica la enviaba al cajón. El resultado fue un empate 50-50 que abrió la puerta a la intervención de JD Vance, quien, como vicepresidente y presidente del Senado, inclinó la balanza contra el control parlamentario de las operaciones en Venezuela.
El episodio revela hasta qué punto la Casa Blanca ha logrado reimponer la disciplina dentro del Partido Republicano. Lo que se presentaba como un debate sobre separación de poderes se convirtió en un test de lealtad al presidente. Y el mensaje quedó claro: quien desobedece se expone a una ofensiva política y mediática desde el propio Ejecutivo.
La captura de Maduro que cambió todas las reglas
Nada de esto habría ocurrido sin el giro dramático de principios de enero: la captura de Nicolás Maduro y su esposa en una operación nocturna de fuerzas estadounidenses. Ese raid, presentado por Trump como una de las acciones “más exitosas” de la historia reciente del Pentágono, abrió una nueva fase del conflicto venezolano y disparó las alarmas en el Congreso norteamericano.
Hasta entonces, Washington había escalado la presión mediante bloqueos petroleros, ataques contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y amenazas de bombardeos selectivos sobre infraestructuras militares, pero sin reconocer formalmente una guerra. La captura del presidente de facto del país, trasladado a territorio estadounidense, cruzó un umbral político y jurídico que muchos senadores consideraron incompatible con la idea de “no hostilidades” que defiende la Casa Blanca.
Demócratas y algunos republicanos temen que la nueva doctrina —capturas extraterritoriales, presión naval y dominio de facto sobre recursos estratégicos— acabe consolidando un escenario de intervención abierta sin mandato claro del Congreso ni de organismos internacionales. De ahí la batalla por activar el marco de la War Powers Resolution.
En palabras de Kaine, «no se trata de Venezuela, sino de si el Congreso renuncia para siempre a su papel en decisiones de guerra y paz». La consecuencia inmediata del voto es que, por ahora, esa renuncia continúa.
El argumento oficial: “no hay guerra, no hay debate”
La justificación formal de la mayoría republicana se resume en una frase pronunciada por el líder de la bancada, John Thune: Estados Unidos «no tiene tropas sobre el terreno en Venezuela» y «no está llevando a cabo operaciones militares allí». Bajo esa premisa, la resolución de poderes de guerra sería “irrelevante” y no merecería ocupar el tiempo del Senado.
El razonamiento descansa en una interpretación extremadamente restrictiva del concepto de “hostilidades”, centrada casi en exclusiva en la presencia de infantería. Ignora, sin embargo, que la presión sobre Caracas se articula hoy a través de operaciones navales, drones, sanciones financieras y control del comercio de crudo, instrumentos que en la práctica condicionan la soberanía venezolana y redibujan el mapa energético regional.
Lo más llamativo es el contraste entre ese discurso y la narrativa del propio Trump, que ha llegado a sostener públicamente que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela tras la caída de Maduro. Si no hay hostilidades, ¿cómo explicar entonces un operativo que captura al jefe del Estado y mantiene una flota permanente frente a sus costas? La ambigüedad no es casual: permite al Ejecutivo maximizar su margen de acción mientras minimiza los controles parlamentarios.
Trump, el petróleo venezolano y la factura para los mercados
Más allá del pulso institucional, el trasfondo es económico. Venezuela conserva las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y, tras años de sanciones, Trump ha convertido el control de ese recurso en un objetivo explícito de su política exterior.
La combinación de captura de Maduro, bloqueo de exportaciones y amenazas de nuevas rondas de bombardeos introduce una prima de riesgo adicional en los mercados energéticos. Cada mensaje ambiguo desde Washington —sobre todo cuando alude a “segunda oleada” de ataques que el presidente asegura haber pospuesto pero no descartado— se traduce en movimientos en el precio del crudo y en nerviosismo en refinerías y traders.
Para Europa, que aún digiere las consecuencias de la guerra de Ucrania, un nuevo foco de tensión en el Atlántico y el Caribe supone una amenaza directa a su seguridad energética. Para España, primer destino europeo de la diáspora venezolana y con intereses empresariales relevantes en el país, el riesgo es doble: geopolítico y social. Una espiral de inestabilidad puede reactivar flujos migratorios ya de por sí elevados y complicar aún más la posición de las compañías con activos en la región.
La votación del Senado, al dejar las manos de Trump prácticamente libres en materia de ataques adicionales, mantiene ese horizonte de incertidumbre. Los mercados han tomado nota: el mensaje es que la política venezolana se decidirá en el Despacho Oval, no en el hemiciclo.
Las fisuras en el Partido Republicano
Pese a la victoria de la Casa Blanca, el mapa político que deja la votación dista de ser homogéneo. Tres senadores republicanos —Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins— han mantenido su apoyo a la resolución, resistiendo lo que ellos mismos describen como llamadas “tensas” del presidente y del secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump no ha ocultado su enfado. En un mitin en Michigan llegó a calificar a Paul de «stone cold loser» y tildó a Murkowski y Collins de “desastres”, en una demostración pública de cómo concibe la disidencia interna. Las descalificaciones se sumaron a una campaña de presión directa: llamadas desde la Casa Blanca, promesas de “reaseguros” sobre la ausencia de tropas terrestres y compromisos de comparecencias de Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
En ese contexto, el giro de Hawley y Young adquiere una lectura inequívoca. Ambos han alegado que obtuvieron garantías de que no habrá despliegue de tropas de tierra y de que cualquier operación “mayor” requerirá autorización previa del Congreso. Pero esas garantías no tienen fuerza de ley y dependen, en última instancia, de la voluntad del propio presidente al que pretendían acotar.
Kaine, derrotado en la aritmética, ve en este episodio «un conjunto creciente de grietas» en el blindaje republicano a Trump. La pregunta es si esas grietas se ensancharán cuando el coste político de una intervención prolongada en Venezuela empiece a ser visible ante la opinión pública estadounidense.
La lectura en Caracas y en las capitales europeas
En Caracas, la señal que llega de Washington es que el margen para forzar concesiones a través de la presión militar sigue intacto. El chavismo residual, replegado en estructuras paralelas y apoyado en parte por potencias como Rusia e Irán, puede interpretar la indecisión del Congreso estadounidense como una oportunidad para denunciar “imperialismo” sin que exista un contrapeso claro de control institucional interno en Estados Unidos.
Para la oposición venezolana, en cambio, la foto es más ambivalente. Por un lado, la caída de Maduro y el fin de un régimen de más de dos décadas abren la posibilidad de una transición política; por otro, el peso desproporcionado de la Casa Blanca en el diseño del futuro del país consolida la imagen de una tutela externa que puede erosionar la legitimidad de cualquier nuevo gobierno.
En Bruselas, Berlín o Madrid, el diagnóstico es igualmente incómodo. La UE ha apostado por una línea de sanciones selectivas y apoyo a procesos de negociación bajo auspicio internacional. Ver cómo el Congreso norteamericano renuncia, de facto, a supervisar una intervención que ya incluye capturas, bloqueo económico y amenazas de nuevas acciones militares refuerza la percepción de una América imprevisible, capaz de reactivar guerras de elección incluso en un contexto de fatiga bélica global.
La consecuencia es clara: Europa deberá prepararse para absorber las externalidades de una escalada que no controla, desde nuevas olas migratorias hasta tensiones adicionales en los precios de la energía.
Escenarios de riesgo: de los bombardeos a la presencia naval
Aunque Trump insiste en que Estados Unidos y Venezuela “se llevan muy bien” tras la captura de Maduro, los hechos dibujan un escenario mucho más frágil. El presidente llegó a anunciar que había cancelado una “segunda oleada” de ataques contra objetivos venezolanos, pero manteniendo desplegadas unidades navales en la zona “por seguridad”.
La no aprobación de la resolución de poderes de guerra deja la puerta abierta a que esa segunda fase pueda activarse en cualquier momento, con un coste político interno limitado para la Casa Blanca. Sin un mandato claro del Congreso, cualquier nuevo ataque se justificará sobre la base de resoluciones anteriores contra el terrorismo o el narcotráfico, reutilizadas una y otra vez desde principios de los 2000.
Para los aliados, el riesgo no es solo militar, sino de normalización de un modelo en el que operaciones de alto impacto —como la captura de un jefe de Estado extranjero— se deciden sin debate público previo ni control parlamentario efectivo. Si ese esquema se consolida en Venezuela, ¿por qué no replicarlo en otros escenarios de crisis?
A medio plazo, el factor desestabilizador puede no ser un gran despliegue de tropas —que todos quieren evitar— sino una sucesión de ataques limitados, sanciones escalonadas y presencia naval indefinida que mantenga al país en un estado de emergencia permanente.