Rusia reafirma su respaldo a la defensa de la soberanía venezolana frente a presiones externas
El ministro ruso Serguéi Lavrov ratifica el apoyo a la defensa de la soberanía venezolana impulsada por Delcy Rodríguez, calificando de ilegal una operación estadounidense contra Nicolás Maduro. Moscú destaca la flexibilidad de Caracas y su voluntad de diálogo en medio de la compleja coyuntura internacional.
La crisis venezolana ha vuelto al centro del tablero internacional con un mensaje inequívoco desde Moscú. Serguéi Lavrov no se ha limitado a expresar preocupación: ha avalado públicamente la política de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y ha calificado de “ilegal” la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Mientras Washington defiende la legalidad interna de la misión y avanza en su estrategia para controlar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, Rusia mueve ficha para blindar su influencia política y energética en Caracas.
El resultado es un choque frontal de narrativas: soberanía frente a “agresión extranjera”, orden internacional frente a “operaciones quirúrgicas”. Y, en medio, un país con una producción petrolera que ha caído hasta 830.000 barriles diarios, sometido a sanciones, licencias parciales y a una disputa abierta por quién decide sobre sus recursos.
Lo que Moscú ha dicho esta semana no es solo un gesto diplomático; es una advertencia a Estados Unidos y una señal al resto del Sur Global. La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino qué tipo de reordenamiento geopolítico saldrá de este pulso.
Respaldo a la línea de Delcy Rodríguez
El primer mensaje de Lavrov ha sido interno, pero con proyección global: legitimar la línea de defensa de la soberanía que enarbola Delcy Rodríguez desde que el Tribunal Supremo de Justicia la nombró presidenta encargada tras el operativo estadounidense que terminó con la captura de Maduro.
El ministro ruso ha repetido en Moscú que la operación de Washington constituye una violación del derecho internacional y ha insistido en que “la mayoría de los países del Sur Global” comparte esa lectura. En la práctica, el Kremlin asume la narrativa de Caracas: lo ocurrido el 3 de enero no es una acción antinarcóticos ni una maniobra antiterrorista, sino un “secuestro” de un jefe de Estado en pleno territorio soberano.
El respaldo es político, pero también jurídico. Moscú necesita fijar una interpretación de la crisis que le permita defender sus intereses sin quedar atado a un desenlace concreto sobre la figura de Maduro. De ahí que el foco se haya desplazado a Rodríguez: es ella quien encarna ahora, en el relato ruso, la continuidad institucional y la defensa de la soberanía frente a la “agresión externa”. El mensaje implícito es claro: Rusia no abandona Caracas y no aceptará que la crisis se resuelva al margen de la legalidad internacional.
Diálogo sin ceder soberanía
Lo más llamativo del discurso de Lavrov es la combinación de dureza verbal y apelación al diálogo. Moscú subraya que Venezuela está dispuesta a mantener canales abiertos con Estados Unidos y con actores regionales, pero bajo una condición innegociable: no convertir la negociación en una cesión de soberanía.
Según la diplomacia rusa, el objetivo es que cualquier arreglo sobre la situación de Maduro, sobre las sanciones o sobre el control del petróleo se enmarque en un proceso político reconocido por las instituciones venezolanas y por la ONU. En paralelo, Washington ha comenzado a levantar de forma selectiva algunas sanciones petroleras, condicionando las licencias a que la nueva presidencia interina satisfaga sus demandas, desde garantías sobre el rumbo político hasta el acceso prioritario al crudo.
Este doble carril –apertura negociadora y presión económica– es precisamente lo que Rusia pretende contrapesar. Lavrov habla de “diálogo”, pero lo envuelve en la idea de resistencia estratégica: aceptar conversaciones, sí; aceptar que el precio del diálogo sea reconocer como legítimo un asalto militar extraterritorial, no. El equilibrio es frágil: cualquier gesto de Rodríguez hacia Washington puede interpretarse en Moscú como concesión excesiva; cualquier endurecimiento, como excusa para nuevas medidas punitivas estadounidenses.
Una respuesta directa a la operación de Washington
Detrás del comunicado ruso hay una reacción calculada a los detalles que han ido saliendo a la luz sobre la operación estadounidense. Un memorando del Departamento de Justicia revela que la Casa Blanca autorizó la captura de Maduro sin considerar necesario determinar su compatibilidad con el derecho internacional, priorizando la cobertura legal interna del presidente para ordenar el uso de la fuerza.
Para Moscú, este enfoque confirma una deriva peligrosa: si basta con una opinión jurídica doméstica para justificar incursiones militares en otros países, el principio de soberanía queda rebajado a un factor secundario. De ahí que Lavrov hable de “grave violación del derecho internacional” y advierta de que la operación sienta un precedente que otros actores podrían invocar en el futuro.
El paralelismo con la captura de Manuel Noriega en 1989, mencionada por juristas y analistas, no pasa desapercibido. Entonces, Estados Unidos terminó imponiendo su relato. Ahora el contexto es distinto: Rusia está en guerra en Ucrania, China juega un papel más activo en América Latina y un amplio bloque de países del Sur Global recela de cualquier acción que perciba como reedición de las intervenciones unilaterales de finales del siglo XX. La disputa ya no es solo sobre Venezuela, sino sobre quién fija las reglas del uso de la fuerza en el siglo XXI.
Energía, contratos y créditos: lo que realmente está en juego
Más allá del lenguaje jurídico, el núcleo duro del conflicto es energético. Venezuela sigue sentada sobre una de las mayores reservas de crudo del planeta, pero su producción se ha reducido a algo más de 830.000 barriles diarios, muy lejos de los niveles previos a la cascada de sanciones, mientras el conjunto de la OPEP ronda los 29 millones de barriles al día.
Rusia no solo aporta cobertura política: tiene dinero y contratos en el terreno. Desde 2006, el Kremlin ha concedido alrededor de 17.000 millones de dólares en créditos a Caracas, la mayoría ligados a compras de armamento y acuerdos energéticos. A esto se suma la presencia de Roszarubezhneft, la estatal que heredó los activos de Rosneft en Venezuela y que opera varias empresas mixtas con PDVSA. La Asamblea Nacional acaba de prorrogar por 15 años dos de esos proyectos, con una inversión prevista de 616 millones de dólares para producir unos 91 millones de barriles hasta 2041.
Aunque el comercio bilateral sigue siendo modesto –unos 200 millones de dólares en 2024, un 64% más que el año anterior–, su composición es estratégica: petróleo, derivados, maquinaria y cooperación tecnológica. Para Moscú, permitir que Washington pase a controlar el grueso de las exportaciones venezolanas tras la captura de Maduro supondría aceptar una pérdida de influencia en un punto clave del mapa energético global. De ahí la firmeza del mensaje: no se trata solo de principios, sino de preservar posiciones en un mercado donde cada barril cuenta.
El Sur Global mira a Caracas
Lavrov no habla solo para Venezuela. Su discurso está pensado para resonar en un Sur Global que se siente cada vez más incómodo con la lógica de sanciones, embargos y operaciones extraterritoriales. El jefe de la diplomacia rusa insiste en que una mayoría de países de Asia, África y América Latina ve la operación en Caracas como un exceso, aunque muchos de ellos opten por el silencio público para no tensionar sus relaciones con Washington.
En ese contexto, el caso venezolano se convierte en un laboratorio narrativo: si se normaliza que un presidente sea capturado por fuerzas extranjeras, juzgado fuera de su país y sustituido por una autoridad de emergencia, otros gobiernos con conflictos abiertos temen acabar en la misma posición. Por eso, varias cancillerías del Caribe y de África han subrayado en la ONU la necesidad de respetar estrictamente la Carta de Naciones Unidas al abordar la crisis, incluso cuando critican abiertamente el legado político y económico del chavismo.
El contraste con parte de Europa resulta elocuente. Mientras algunos Estados de la UE han respaldado la operación estadounidense o han evitado calificarla, países del Sur Global prefieren marcar distancias. Este hecho revela una grieta creciente en la forma de entender la seguridad internacional: para unos, la prioridad es neutralizar regímenes considerados amenazantes; para otros, evitar que la excepción se convierta en regla.
Impacto geopolítico del mensaje
El discurso de Lavrov se inscribe, además, en una estrategia más amplia: presentarse como defensor del orden internacional en un momento en que Rusia está cuestionada por su propia guerra en Ucrania. Al calificar la operación en Venezuela como un ejemplo de cómo Estados Unidos “destroza el orden que dice liderar”, el Kremlin intenta situarse en el lado de quienes denuncian la doble vara de medir en materia de soberanía.
La consecuencia es clara: Venezuela se convierte en pieza de un juego mucho más amplio, donde también entran Irán, el mar Negro o el Indo-Pacífico. Cada gesto en Caracas se lee en clave de correlación de fuerzas global. Que Washington anuncie que controlará la comercialización de entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos almacenados antes del bloqueo marítimo, y que Trump se autodenomine prácticamente “petrolero en jefe”, es interpretado en Moscú como una afrenta directa.
A la vez, Rusia necesita mostrar a sus socios –desde Siria hasta Mali– que sigue siendo capaz de proteger aliados pese a las sanciones y los costes de la guerra. Perder peso en Caracas enviaría una señal de debilidad en cadena. De ahí que el apoyo a Rodríguez se combine con la defensa a ultranza de los activos rusos en el sector petrolero venezolano frente a las pretensiones estadounidenses.
Riesgos de escalada y margen para el diálogo
El riesgo evidente es una escalada mal calculada. Washington ya ha dejado claro que no descarta nuevas operaciones si considera amenazada la seguridad de sus fuerzas o de aliados regionales. Rusia, por su parte, se ha limitado por ahora a la respuesta diplomática y a reforzar sus compromisos de cooperación militar y energética, evitando gestos que puedan interpretarse como voluntad de confrontación directa.
Sin embargo, el margen para el error es estrecho. La captura de Maduro ha generado una ola de protestas en Venezuela y ha forzado al nuevo Gobierno encabezado por Rodríguez a activar el Consejo de Defensa de la Nación y a tramitar un estado de conmoción exterior. Cualquier incidente entre fuerzas venezolanas y activos estadounidenses –militares o comerciales– podría elevar la tensión rápidamente. Y, en paralelo, existen presiones en el Congreso estadounidense para limitar futuras operaciones similares, lo que añade un vector de incertidumbre a la estrategia de la Casa Blanca.
El diagnóstico es inequívoco: sin un canal de diálogo robusto entre Moscú y Washington, la combinación de intereses petroleros, cálculo electoral y pulsos ideológicos en Venezuela puede derivar en una crisis de segundo orden con impacto en precios de la energía, estabilidad financiera regional y alineamientos diplomáticos en organismos multilaterales.
