El shutdown en EEUU se alarga mínimo hasta el martes
La maquinaria federal de Estados Unidos está parcialmente paralizada desde la medianoche del sábado y, lejos de resolverse en horas, el bloqueo amenaza con prolongarse al menos hasta el martes. El Senado aprobó por amplia mayoría un acuerdo temporal para reabrir la Administración, pero la Cámara de Representantes se ha convertido en el nuevo cuello de botella. La negativa de los demócratas de la Cámara a respaldar el texto del Senado frustra la estrategia del presidente de la Cámara, Mike Johnson, que pretendía sacarlo adelante por la vía rápida con una mayoría de dos tercios. El resultado es un nuevo cierre, el tercero en apenas año y medio, que vuelve a exhibir las grietas de la gobernanza estadounidense y dispara las dudas sobre el coste económico y político de esta dinámica de confrontación permanente.
Un cierre parcial que empezó con el Senado cumpliendo y la Cámara ausente
El cierre se activó a las 00:01 del sábado, hora de Washington, cuando expiró el último paquete de financiación sin que la Cámara de Representantes hubiera votado el nuevo acuerdo presupuestario. El Senado había hecho sus deberes: 71 senadores frente a 29 respaldaron un proyecto de ley que garantiza recursos para la mayor parte de los departamentos federales hasta final del ejercicio fiscal, dejando aparte al de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la Cámara ni siquiera estaba en sesión. En la práctica, la mayor economía del mundo entró en cierre parcial por una mezcla de calendario, cálculo político y desconfianza entre partidos. La paradoja es evidente: el texto que mantiene abierto el grueso del Gobierno está pactado entre la Casa Blanca y el Senado, y cuenta con votos republicanos y demócratas, pero una cámara baja fragmentada es hoy capaz de bloquear el funcionamiento de más de 2,2 millones de empleados federales y centenares de miles de contratistas.
La consecuencia inmediata es una Administración funcionando a dos velocidades: servicios esenciales activos, pero museos, parques nacionales, parte de la inspección regulatoria y buena parte del personal administrativo en casa o trabajando sin saber cuándo cobrarán.
La jugada fallida de Johnson y el ultimátum demócrata
El diseño original de Mike Johnson era someter el texto del Senado a un procedimiento acelerado que permite aprobar leyes en cuestión de horas, pero exige una mayoría de dos tercios. Con una bancada republicana dividida –y margen de apenas cuatro escaños–, el plan solo funcionaba si una parte sustancial de los demócratas aportaba sus votos.
Eso se ha evaporado. El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ha trasladado al ‘speaker’ que su grupo no piensa rescatar un acuerdo que, a su juicio, deja demasiadas incógnitas sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y sobre las reformas exigidas en inmigración y control fronterizo.
“Que los republicanos gobiernen con sus propios votos”, resumen fuentes demócratas consultadas por la prensa estadounidense. El resultado es que Johnson se ve obligado ahora a optar por el procedimiento ordinario, que requiere un simple mayoría pero consume más tiempo parlamentario: reglamento, debate, enmiendas y votación final. Varios medios apuntan a que la primera votación de procedimiento no se producirá hasta el martes, lo que garantiza al menos tres días completos de cierre.
El papel de Seguridad Nacional y la guerra por la inmigración
El punto de fricción no es tanto el tamaño del gasto como sus prioridades. El acuerdo bendecido por el Senado separa la financiación del Departamento de Seguridad Nacional del resto del paquete, ofreciéndole una prórroga de dos semanas con el mismo nivel de recursos. La idea es ganar tiempo para negociar cambios en las prácticas de agencias como Immigration and Customs Enforcement (ICE) o Customs and Border Protection (CBP), cuestionadas tras varios incidentes mortales en la frontera.
Los demócratas exigen contrapartidas claras: cámaras corporales obligatorias, límites a las redadas móviles, prohibición de cubrir los rostros de los agentes y exigencia de órdenes judiciales para certos registros. El ala dura republicana, por su parte, reclama justo lo contrario: más libertad de acción para los agentes y menos condicionantes legales.
Este choque convierte a Seguridad Nacional en rehén de una agenda mucho más amplia sobre inmigración, seguridad y la narrativa electoral en torno a la frontera. Lo que sobre el papel es un mero crédito puente de 14 días se ha convertido en una pieza central de la batalla política de cara a las presidenciales de 2026.
Los números que pesan sobre la economía
Por ahora, el cierre se percibe como “breve” en Washington. Pero la experiencia reciente invita a la cautela. El último gran cierre, en el otoño de 2025, se prolongó 43 días y el propio Congreso estimó que supuso un coste permanente de alrededor de 11.000 millones de dólares en PIB, que nunca se recuperaron pese a los pagos salariales retroactivos.
Cada semana de cierre tiene un impacto incremental: menor consumo de los funcionarios sin nómina, retrasos en contratos públicos, despidos temporales en empresas proveedoras y pérdida de confianza. En una economía que roza ya los 27 billones de dólares de PIB anual, una interrupción de una semana apenas mueve una centésima de crecimiento, pero un bloqueo que se descontrola puede restar 0,2 o 0,3 puntos porcentuales al cierre del año fiscal.
Además, el cierre llega después de un ciclo de tensión con el techo de deuda, rebajas de perspectiva por parte de algunas agencias de rating y un déficit federal que ronda el 6 % del PIB. El mensaje que recibe el inversor internacional es el de un sistema político capaz de poner en riesgo su propia solvencia operativa por disputas internas.
Un patrón de bloqueo crónico en la política estadounidense
El episodio actual no es un accidente aislado. En los últimos diez años, Estados Unidos ha vivido tres cierres significativos y múltiples amenazas de suspensión de pagos por el techo de deuda. El conflicto de 2018-2019 bajo la presidencia de Donald Trump y el de 2025 marcaron un punto de inflexión: el cierre se consolida como herramienta de presión política, no como última ratio ante un desacuerdo presupuestario extremo.
Este hecho revela un deterioro institucional profundo. El presupuesto federal, que tradicionalmente se articulaba mediante doce grandes leyes de apropiaciones negociadas a lo largo del año, se ha convertido en una sucesión de prórrogas de última hora, paquetes ómnibus y acuerdos puente. La consecuencia es clara: las agencias planifican menos a largo plazo, multiplican los gastos “por si acaso” y difieren inversiones estratégicas ante la incertidumbre.
El contraste con otras economías avanzadas resulta demoledor. En la zona euro, Bruselas vigila los desvíos fiscales, pero ni Francia ni Alemania dejan de pagar a sus funcionarios porque el Parlamento no cierre una partida a tiempo. Washington, en cambio, se ha acostumbrado a apagar y encender el interruptor del Estado federal como parte del juego político.
Funcionarios, mercados y opinión pública: quién paga la factura
El relato oficial insiste en que los servicios esenciales siguen operativos: defensa, control aéreo, pagos de la Seguridad Social y atención en hospitales de veteranos. Pero bajo esa capa se esconde una red de daños silenciosos. Cientos de miles de empleados se consideran “no esenciales” y son enviados a casa. Otros tantos deben seguir trabajando sin saber cuándo verán su nómina, lo que tensiona sus finanzas domésticas.
En la crisis de 2025, más de 800.000 empleados se vieron afectados directamente, y alrededor de 1,2 millones de contratistas sufrieron retrasos de pagos o cancelación de contratos. No hay razón para pensar que ahora será muy distinto si el cierre se alarga más allá de unos días. Los sindicatos federales ya hablan de “cansancio crónico” y alertan de un deterioro en la capacidad de atraer talento al servicio público.
Los mercados financieros, por ahora, mantienen la calma, apoyados en la idea de un acuerdo inminente y en la experiencia de cierres previos de duración limitada. Pero cada nuevo episodio erosiona la confianza en la capacidad de compromiso del sistema político estadounidense y alimenta la percepción de riesgo institucional, justo cuando el Tesoro debe refinanciar más de 1,5 billones de dólares en deuda en los próximos doce meses.