Shutdown: EEUU entra en cierre parcial por el bloqueo sobre Seguridad Interior
Estados Unidos ha amanecido con otro cierre parcial de la Administración federal. La financiación de varios departamentos clave expiró a medianoche, después de que la Cámara de Representantes no llegara a tiempo para ratificar el acuerdo de gasto que el Senado sí aprobó horas antes. El detonante no es solo presupuestario: el bloqueo nace del pulso sobre el Departamento de Seguridad Interior (DHS), tras las muertes de dos ciudadanos a manos de agentes de inmigración en Minneapolis, que han llevado a los demócratas a exigir condiciones estrictas para seguir financiando la campaña de deportaciones.
El resultado es un shutdown parcial que afecta a ministerios tan sensibles como Defensa, Sanidad, Tesoro y Seguridad Social, y que llega con el recuerdo fresco del anterior cierre, de 43 días de duración, el más largo en la historia del país, también bajo la presidencia de Donald Trump.
El diagnóstico es inequívoco: la primera economía del mundo vuelve a utilizar el presupuesto como campo de batalla ideológico, mientras mercados, agencias y ciudadanos intentan calcular el coste real de esta nueva crisis de gobernanza.
Un cierre anunciado en plena madrugada
El último tramo del drama se consumó al filo de la medianoche en la Costa Este. Al expirar la ley de gasto vigente sin una nueva norma firmada por Trump, varias agencias federales se quedaron sin autorización legal para seguir operando con normalidad. La lista no es menor: Defensa, Sanidad (HHS), Seguridad Interior, Tesoro, la CFTC, la FCC, la FTC, la SEC y la propia Administración de la Seguridad Social figuran entre los departamentos potencialmente afectados.
En la práctica, el cierre no implica que todo se detenga de golpe. Como en episodios anteriores, los servicios “esenciales” continúan, pero una parte del personal quedará en situación de permiso forzoso, sin sueldo hasta que se apruebe el nuevo presupuesto, y se retrasarán trámites administrativos, inspecciones, procedimientos regulatorios y actividad diaria en oficinas y organismos.
La paradoja es que el Senado sí había hecho sus deberes unas horas antes, aprobando un paquete que financia la mayor parte del Gobierno hasta finales de septiembre. Pero sin voto en la Cámara de Representantes —previsto para el lunes— ni firma presidencial, el cierre, aunque sea breve, era inevitable.
Qué agencias se quedan sin fondos (y qué significa)
La lista de departamentos afectados abarca buena parte del esqueleto del Estado federal. El Pentágono debe reordenar su operativa para concentrarse en misiones estrictamente esenciales y aplazar contrataciones y programas no urgentes. Sanidad y Servicios Humanos (HHS) se enfrenta a retrasos en inspecciones, concesión de ayudas y gestión de programas clave.
En el frente económico, Tesoro ve limitada su capacidad para tramitar determinadas licencias y supervisar de cerca los mercados, mientras organismos como la CFTC, la SEC y la FTC podrían verse obligados a trabajar con plantillas reducidas para vigilar derivados, bolsa y competencia en un momento de alta volatilidad financiera.
La mención de la Seguridad Social en la lista genera inquietud, aunque los analistas recuerdan que los pagos de pensiones y prestaciones se consideran en gran parte gasto obligatorio y los cheques suelen seguir emitiéndose incluso en cierres prolongados, aunque con más riesgo de retrasos y colapsos administrativos.
La jugada del Senado: blindar casi todo y dejar a DHS en el alambre
La clave del puzzle está en el diseño del paquete aprobado por el Senado. Con una mayoría de 71 votos a favor y 29 en contra, la Cámara alta dio luz verde a una ley que financia la mayor parte del Gobierno hasta septiembre, pero que solo concede dos semanas adicionales de presupuesto al Departamento de Seguridad Interior.
La razón es política y está perfectamente calculada. Los demócratas aceptaron apoyar el grueso del gasto a cambio de separar el bloque de Seguridad Interior, que incluye a la agencia de inmigración ICE, la Patrulla Fronteriza y otros cuerpos implicados en las operaciones en Minnesota, para poder negociar sobre él por separado. Los republicanos, por su parte, prefirieron aceptar esa condición antes que enfrentarse a otro cierre masivo e indefinido como el de 2025.
El resultado es un cierre parcial peculiar: el 90% del Estado queda prácticamente blindado a medio plazo, pero el corazón del debate —la seguridad interior y la política migratoria— se mantiene deliberadamente en el alambre, sujeto a una negociación de alto voltaje en las próximas dos semanas.
Minnesota, ICE y el detonante del bloqueo
Detrás del pulso presupuestario hay nombres y apellidos. El cierre parcial llega después de que dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, fueran abatidos en Minneapolis por agentes de inmigración en el marco de la operación “Metro Surge”, un despliegue federal masivo contra la inmigración irregular en Minnesota.
Las imágenes de las dos muertes, ampliamente difundidas en redes y televisiones, han provocado manifestaciones multitudinarias, una jornada de huelga general el 23 de enero y protestas coordinadas en todo el país, con lemas que exigen la retirada de ICE de Minnesota y la abolición o profunda reforma de la agencia.
En este contexto, los senadores demócratas han decidido utilizar el único arma que les queda: negar sus votos a cualquier proyecto de ley que renueve sin cambios el presupuesto de Seguridad Interior. “Si nuestros colegas no están dispuestos a aprobar cambios reales, que no cuenten con nuestros votos”, advirtió el liderazgo demócrata en el debate.
La consecuencia es clara: el shutdown parcial funciona como palanca para forzar una redefinición del poder de ICE y del alcance de las redadas, un asunto que ha pasado de ser una nota de política doméstica a convertirse en un riesgo político sistémico para la Casa Blanca.
La Cámara de Representantes, el eslabón imprevisible
El siguiente capítulo se jugará en la Cámara de Representantes, que no votará el paquete hasta el lunes. Hasta entonces, el cierre seguirá vigente. El texto que llegará al hemiciclo mantiene la arquitectura pactada en el Senado: gasto asegurado hasta septiembre para la mayoría de departamentos y solo dos semanas de oxígeno para DHS.
Pero el camino está lejos de ser llano. El liderazgo republicano deberá gestionar una mayoría ajustada en la que conviven congresistas que no quieren ni oír hablar de recortes a ICE con otros preocupados por el coste político y económico de un nuevo cierre, aunque sea parcial. En paralelo, el ala progresista demócrata presiona para que cualquier acuerdo incluya condiciones muy concretas: cámaras corporales obligatorias, prohibición de agentes encapuchados, límites a las redadas masivas y supervisión independiente de las operaciones migratorias.
En estas circunstancias, los analistas en Washington consideran plausible que el lunes se apruebe el paquete general, pero avisan de que el conflicto sobre Seguridad Interior podría reabrirse con toda su intensidad dentro de apenas 14 días, cuando expire la prórroga específica para DHS.
El precedente del shutdown récord de 43 días
La sombra del shutdown de 43 días de la legislatura anterior planea sobre todas las conversaciones. Aquel cierre prolongado dejó cientos de miles de funcionarios sin sueldo, colapsó aeropuertos, paralizó procedimientos en embajadas y agencias regulatorias y dañó la confianza de consumidores y empresas.
Desde entonces, tanto republicanos como demócratas son conscientes del coste político de aparecer como responsables de un bloqueo prolongado. Sin embargo, el uso reiterado del cierre como herramienta de presión ha dejado una huella incómoda: la normalización del riesgo de parálisis institucional como parte del juego político.
Para los mercados financieros y las agencias de rating, el mensaje es preocupante. Cada nuevo episodio de este tipo alimenta la percepción de que Estados Unidos se ha vuelto menos predecible como emisor de deuda y como socio económico, justo cuando necesita mantener una imagen de estabilidad para financiar sus déficits en un entorno de tipos altos.
Impacto inmediato para ciudadanos y mercados
A corto plazo, el cierre parcial tendrá efectos desiguales. Para la mayoría de ciudadanos, el impacto será más visible en retrasos y trámites que en el día a día inmediato: colas más largas en aeropuertos, demoras en concesión de licencias, ralentización de inspecciones o expedientes y menor capacidad de respuesta en agencias reguladoras.
Para los funcionarios afectados, la situación es más dramática: miles de empleados verán congelada temporalmente su nómina, aunque la experiencia de cierres anteriores indica que cobrarán con efecto retroactivo cuando se apruebe el nuevo presupuesto. No obstante, la incertidumbre de no saber cuánto durará el bloqueo pesa especialmente sobre quienes viven al día.
En los mercados, el shutdown se suma a otras fuentes de nerviosismo: el relevo en la Fed, unos datos de inflación que no terminan de aflojar y la tensión geopolítica en puntos clave como Oriente Medio. La consecuencia es una mayor prudencia de los inversores en renta variable y una atención renovada a la deuda pública estadounidense, cuya prima de riesgo político se percibe, poco a poco, más alta que hace unos años.
La política migratoria y la seguridad interior se han convertido en el eje sobre el que se bloquea —o se desbloquea— el funcionamiento básico del Estado federal. Y mientras ese nudo no se deshaga, cada debate presupuestario seguirá incorporando, de serie, el riesgo de que la primera potencia mundial vuelva a apagarse parcialmente cada pocos meses.