Washington revela su papel en la operación que abatió a ‘El Mencho’
Hasta 15 millones de dólares ofrecía Estados Unidos por la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El domingo cayó abatido en un operativo del Ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que desató bloqueos, incendios y ataques coordinados en amplias zonas del país. Horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio un paso poco habitual: confirmó que Washington proporcionó inteligencia clave para localizar al capo. En paralelo, el presidente Donald Trump volvió a hablar de “narcoterroristas” y de hacer que afronten “toda la fuerza de la justicia”. La operación se convierte así en un hito militar, pero también en un giro político de calado en la relación entre Estados Unidos y México.
Un golpe con nombre propio
La figura de ‘El Mencho’ resume tres décadas de mutación del crimen organizado en México. Nacido en 1966 en Aguililla (Michoacán), empezó como pequeño traficante en Estados Unidos, pasó por prisión federal y fue deportado antes de integrarse en el Cártel del Milenio. Desde ahí impulsó, a comienzos de los 2010, la creación y expansión del CJNG, hoy considerado uno de los grupos criminales más violentos y mejor financiados del país.
El Departamento de Estado estadounidense llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las mayores recompensas activas del programa de persecución de capos. Bajo su mando, el CJNG se extendió por buena parte del territorio mexicano y consolidó rutas para el tráfico de cocaína, metanfetamina y, sobre todo, fentanilo hacia Estados Unidos. Informes de agencias norteamericanas llegaron a situar células vinculadas al cartel en más de 35 estados de EE. UU. y Puerto Rico, reflejo de un modelo de negocio descentralizado, extremadamente agresivo y volcado en los opioides sintéticos.
Lo más grave, apuntan analistas de seguridad consultados por medios mexicanos y estadounidenses, es que el CJNG no solo compite por territorio: desafía directamente al Estado, con emboscadas a fuerzas federales, derribo de helicópteros y atentados contra altos cargos de seguridad. Ese historial explica por qué su caída se presenta como “golpe histórico” y, al mismo tiempo, como detonante de una peligrosa reconfiguración del mapa del narco.
Washington admite su papel
La confirmación de Karoline Leavitt rompe una línea roja que durante años se mantuvo en voz baja: Estados Unidos colaboraba en la caza de capos, pero rara vez lo proclamaba de forma tan explícita y en tiempo real. En un mensaje publicado en X, la portavoz precisó que Washington proporcionó “apoyo de inteligencia” al Gobierno de México para la operación en Tapalpa que acabó con ‘El Mencho’ y varios de sus hombres.
El lenguaje de la Casa Blanca encaja con la doctrina que la propia Leavitt ha reiterado en los últimos meses: Estados Unidos está dispuesto a usar “todos los elementos de su poder” para frenar el flujo de drogas y llevar a los responsables ante los tribunales. “El presidente Trump se ha comprometido a que quienes dirigen estas organizaciones paguen por lo que han hecho”, ha insistido en anteriores ruedas de prensa, en las que ya utilizó el término “narco terrorismo” para referirse a carteles y regímenes implicados en el negocio de la droga.
El diagnóstico es inequívoco: la Administración ha elevado el problema del narcotráfico al nivel de amenaza de seguridad nacional. En 2025 el Departamento de Estado designó formalmente a varios carteles internacionales como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a herramientas de persecución y sanción hasta ahora reservadas a grupos yihadistas. Para la Casa Blanca, reconocer el rol de su inteligencia en la muerte de ‘El Mencho’ envía un mensaje doble: a los capos, de capacidad de alcance; y a México, de presión para mantener un nivel de cooperación que bordea, pero no cruza, el envío de tropas estadounidenses al otro lado de la frontera.
La operación en Tapalpa y el caos posterior
El operativo que terminó con la vida de Oseguera Cervantes se desarrolló el 22 de febrero en una zona rural de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Según la versión oficial, unidades del Ejército mexicano cercaron un complejo donde se refugiaba el líder del CJNG, se produjo un enfrentamiento con armas largas y explosivos, y ‘El Mencho’ murió a consecuencia de las heridas. Junto a él habrían caído al menos otros seis integrantes del cartel, con varios detenidos y un importante arsenal incautado.
La reacción del CJNG fue inmediata. En cuestión de horas se registraron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques a infraestructuras en una veintena de estados, desde Jalisco y Michoacán hasta Guanajuato o Colima. El balance preliminar habla de al menos 14 muertos, entre civiles, miembros de las fuerzas de seguridad y personal de empresas afectadas. Aeropuertos regionales tuvieron que suspender operaciones y varias aerolíneas de Estados Unidos y Canadá cancelaron vuelos hacia zonas consideradas de alto riesgo.
El contraste con otras crisis recientes resulta demoledor: pese a años de operativos contra líderes del narco, la capacidad de los cárteles para paralizar regiones enteras sigue intacta. Gobiernos locales ordenaron el cierre de escuelas y comercios, mientras las autoridades federales se afanaban en desmontar más de 200 bloqueos en vías estratégicas. Este hecho revela la fragilidad de un modelo de seguridad que descabeza organizaciones, pero no logra desarticular sus redes territoriales ni sustituirlas por instituciones del Estado.
La guerra del fentanilo y su enorme factura
La ofensiva contra el CJNG no puede entenderse sin el contexto de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Desde que los opioides sintéticos irrumpieron en el mercado ilegal, más de un millón de personas han muerto por sobredosis relacionadas con opioides en el país, y en 2022 las víctimas atribuibles principalmente al fentanilo rondaron las 74.000. Los costes económicos, sanitarios y sociales se calculan en cientos de miles de millones de dólares anuales, según estimaciones de la propia Casa Blanca y centros de análisis como Brookings.
El CJNG se convirtió, junto a facciones del Cártel de Sinaloa, en uno de los grandes proveedores de fentanilo hacia Estados Unidos, aprovechando la facilidad de producción, su potencia —unas 50 veces superior a la de la heroína— y el margen de beneficio casi ilimitado. Washington ha alternado respuestas internas (tratamiento, antídotos como la naloxona, cambios en la prescripción médica) con medidas externas: presión diplomática, sanciones, designaciones de terrorismo y ahora operaciones de alta intensidad con apoyo de inteligencia.
La consecuencia es clara: se ha configurado una “guerra del fentanilo” que desborda el terreno del crimen organizado y se adentra en la política exterior, el comercio y hasta la política arancelaria. Trump ya ha vinculado la imposición de nuevos aranceles globales y específicos a la cooperación de terceros países en el control de drogas. En ese marco, la caída de ‘El Mencho’ es presentada como prueba de que la estrategia funciona. Pero los expertos alertan de un riesgo recurrente: sin cambios estructurales en la demanda y en la capacidad institucional de México, el vacío de poder puede llenarse con organizaciones aún más fragmentadas y violentas.
México entre la cooperación y la soberanía
Para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el operativo supone una victoria y, al mismo tiempo, una prueba de equilibrio delicado. La mandataria ha reivindicado que el Ejército mexicano actuó con medios propios y que no habrá tropas estadounidenses en territorio nacional, pese a las presiones públicas y privadas de Trump para “ayudar” en la lucha contra los carteles. En al menos una ocasión, Sheinbaum relató haber rechazado de forma explícita la oferta de despliegue militar norteamericano.
Su estrategia combina la cooperación en materia de inteligencia —clave en operaciones como la de Tapalpa— con un discurso centrado en “atender las causas” de la violencia y reforzar la Guardia Nacional. A la vez, México ha intensificado su propia campaña contra los laboratorios de fentanilo, especialmente en estados del Pacífico. Informes recientes apuntan a una reducción del flujo de esta sustancia hacia Estados Unidos y a un tímido descenso de las muertes por sobredosis al norte del Río Bravo.
Sin embargo, el diagnóstico de muchos observadores es que el Gobierno mexicano sigue atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la presión de Washington, que exige resultados medibles —capos detenidos, laboratorios destruidos, rutas desmanteladas— y vincula esa cooperación a otros dossiers sensibles, como aranceles o migración. Por otro, una opinión pública mexicana profundamente recelosa de cualquier sombra de intervención extranjera y cansada de una guerra contra el narco que, pese a los golpes espectaculares, no ha traído la paz prometida.
La frontera económica: 935.000 millones en riesgo
Más allá del plano de seguridad, la muerte de ‘El Mencho’ y la admisión de apoyo estadounidense llegan en un momento crítico para la relación económica bilateral. En 2024, el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y México alcanzó aproximadamente 935.000 millones de dólares, consolidando a México como principal socio comercial de Washington. Solo el intercambio de bienes superó los 839.000 millones, con un déficit estadounidense de más de 170.000 millones.
Este volumen se apoya en cadenas de valor profundamente integradas: automoción, electrónica, agroalimentario, energía… Sectores especialmente sensibles a cualquier alteración en la frontera, ya sea por motivos de seguridad, arancelarios o regulatorios. La oleada de violencia tras la operación en Tapalpa ha obligado a cerrar temporalmente carreteras clave y a reforzar la presencia militar en corredores logísticos donde circulan miles de camiones a diario. Cada día de interrupción en esos flujos se traduce en millones de dólares en costes adicionales, retrasos y pérdida de confianza inversora.
El contraste con otras regiones resulta elocuente: mientras México aspira a beneficiarse del nearshoring y atraer fábricas que salen de Asia, los episodios de “cierre de facto” por violencia recuerdan a los inversores que el riesgo país no ha desaparecido. Si a ello se suma la amenaza de nuevos aranceles vinculados al desempeño en materia antidrogas, el mensaje para las empresas es inequívoco: la seguridad ya no es un asunto separado de la economía, sino un factor central en la ecuación de cualquier proyecto transfronterizo.
