Zapatero pide límites a la policía y la UDEF de cara a la investigación de sus cuentas
El expresidente recurre la autorización judicial para investigar cerca de 60 productos bancarios y exige que cualquier ampliación tenga el aval previo del juez.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que limite el acceso de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a sus cuentas bancarias y a las de su entorno. El recurso no rechaza por completo el análisis patrimonial, pero combate la posibilidad de que los agentes puedan ampliar por su cuenta la información solicitada a las entidades financieras.
El movimiento afecta a una diligencia especialmente sensible: una fotografía financiera de seis años y medio, referida a seis personas físicas y trece sociedades. Para el expresidente, permitir un rastreo abierto convertiría una investigación concreta en una búsqueda indiscriminada. La cuestión ya no es solo qué movimientos se examinan, sino quién decide hasta dónde puede llegar la Policía.
Un permiso demasiado amplio
El recurso se dirige contra la autorización concedida por el juez José Luis Calama para que la UDEF pueda «ampliar la información que considere pertinente» sobre los productos bancarios investigados. La defensa interpreta esa fórmula como una delegación prácticamente en blanco.
Su petición es precisa: cualquier dato adicional debería recabarse únicamente después de obtener una nueva autorización judicial motivada. El argumento central sostiene que el juez debe conservar el control efectivo de las diligencias que afecten a la intimidad y a la protección de datos, especialmente cuando se examina el conjunto de la actividad económica de una persona durante varios años.
Cerca de 60 cuentas bajo análisis
La resolución recurrida permite rastrear cerca de 60 cuentas y productos financieros abiertos en más de diez entidades. La medida alcanza a Zapatero, sus hijas Alba y Laura Rodríguez, su secretaria Gertrudis Alcázar, el empresario Julio Martínez y diferentes sociedades vinculadas a la investigación.
Los agentes pretenden cruzar esos movimientos con transferencias detectadas desde el 1 de enero de 2020. El objetivo judicial es comprobar si determinadas empresas habrían canalizado pagos hacia el entorno del expresidente dentro de la causa relacionada con Plus Ultra. La autorización incluye además una pieza separada para custodiar y depurar los datos sin relevancia penal.
El límite temporal en disputa
La defensa también reclama que el periodo investigado termine en diciembre de 2025, frente a la posibilidad de recabar información hasta la actualidad. A su juicio, los movimientos que la Policía quiere cotejar no superarían esa fecha, por lo que ampliar el análisis carecería de proporcionalidad.
Este punto resulta decisivo. Cuanto mayor es el periodo examinado, más crece el volumen de información privada sin relación directa con los hechos investigados. El recurso cuestiona asimismo el acceso a comunicaciones internas de los bancos y a los intercambios mantenidos entre las entidades y sus clientes.
El riesgo de una investigación prospectiva
El abogado Víctor Moreno Catena sostiene que la tesis de la UDEF es «altamente elucubrativa» y que la falta de concreción aproxima las diligencias a una investigación prospectiva. Es decir, a una búsqueda general de posibles delitos sin partir de indicios delimitados.
La investigación, afirma la defensa, debe centrarse en hechos concretos y no convertirse en una exploración a ciegas del patrimonio de los afectados.
El escrito también reprocha que la resolución judicial adopte inicialmente una descripción muy incriminatoria, algo que, según el recurso, podría entrar en tensión con la presunción de inocencia.
Una causa de 53 millones
Las diligencias se integran en la investigación sobre el préstamo público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez investiga presuntas irregularidades y sitúa provisionalmente a Zapatero en una supuesta estructura de tráfico de influencias.
La UDEF busca verificar pagos y relaciones económicas detectadas en otras fases de la causa. Entre las operaciones examinadas figuran transferencias realizadas por empresas vinculadas a Julio Martínez y determinados movimientos patrimoniales del entorno del expresidente. Todo permanece sujeto a investigación y no equivale a una declaración de culpabilidad.
El control de los datos privados
La defensa acepta que la documentación bancaria se conserve en una pieza reservada, pero rechaza que la eliminación de datos irrelevantes quede exclusivamente en manos de la UDEF. Solicita que el expurgo sea realizado por el letrado de la Administración de Justicia bajo supervisión del instructor.
También exige que los informes policiales incorporen tanto los elementos potencialmente incriminatorios como aquellos que puedan favorecer a los investigados. El choque jurídico se concentra así en la proporcionalidad, la intimidad y el control judicial, tres límites esenciales cuando una investigación penal penetra en la vida financiera completa de varias personas.
