Bessent confirma que el arancel global del 15% arrancará esta semana

El nuevo arancel global del 15% pretende sustituir buena parte de las tarifas que el Supremo ha declarado ilegales al considerar inconstitucional el uso expansivo que Trump hacía de la ley de poderes de emergencia de 1977. Para reconstruir su “muro arancelario”, la Casa Blanca se apoya ahora en la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que permite imponer hasta un 15% sobre las importaciones durante un máximo de 150 días, prorrogables solo con autorización del Congreso.

En la práctica, el gravamen tiene vocación de ser casi universal. La Administración lo presenta como “global tariff”, aplicable a la mayor parte de los bienes que entren en Estados Unidos, con excepciones acotadas para determinados productos agrícolas, materias primas que el país no produce y algunos sectores estratégicos como el aeroespacial.

Según ha confirmado Bessent, la subida se hará efectiva “esta semana”, después de que Trump elevara el tipo desde el 10% inicial anunciado tras el fallo del Supremo hasta el máximo legal del 15%. La consecuencia inmediata es un salto abrupto en los costes de entrada al mercado estadounidense para exportadores de todo el mundo, desde Europa hasta Asia.

El mensaje oficial intenta rebajar el dramatismo: “Es mi firme convicción que los tipos volverán a su nivel anterior en cinco meses”, insistió Bessent en CNBC. Pero para empresas que planifican inversiones, contratos y cadenas de suministro a varios años vista, cinco meses de incertidumbre total son una eternidad.

Del varapalo del Supremo al plan B de Trump

El giro de guion tiene su origen en una sentencia histórica. El Tribunal Supremo ha invalidado las llamadas tarifas de “Día de la Liberación” y otros recargos dictados bajo la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA), al entender que Trump pretendía otorgarse una “autoridad arancelaria ilimitada” incompatible con la Constitución.

Esas tarifas, que en algunos casos oscilaron entre el 10% y el 50% y llegaron a elevar el tipo efectivo sobre China por encima del 100%, se convirtieron en el sello económico del segundo mandato de Trump. El fallo obliga ahora a devolver una parte sustancial de los ingresos recaudados y deja al presidente sin su principal instrumento de presión comercial.

La respuesta de la Casa Blanca ha sido inmediata: en cuestión de días ha activado la Sección 122, primero con un arancel global del 10% y, tras una nueva andanada contra el Supremo en redes sociales, con la subida al 15%. La propia elección de esa base legal reconoce que, a diferencia de la IEEPA, el Trade Act establece límites claros: techo del 15% y duración máxima de 150 días salvo respaldo explícito del Capitolio.

Lo más grave, desde el punto de vista empresarial, no es solo el nivel del arancel sino la volatilidad regulatoria. En 2025, los ingresos por tarifas se dispararon hasta 287.000 millones de dólares, un 192% más que el año anterior, en un paisaje normativo en constante mutación. De esa cifra, 133.500 millones corresponden a recargos ahora invalidados que podrían tener que devolverse. El diagnóstico es inequívoco: la política comercial de Estados Unidos se ha convertido en una fuente autónoma de riesgo macroeconómico.

Europa y España, en la línea de fuego

El contraste con Europa resulta demoledor. Tras años de tensiones, Bruselas y Washington sellaron en 2025 un acuerdo comercial que fijaba un techo del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas a Estados Unidos, a cambio de más compras de energía y bienes estadounidenses. Ese pacto buscaba precisamente “restaurar la estabilidad y la previsibilidad” en el comercio transatlántico, que mueve más de 1,6 billones de euros anuales.

La irrupción del nuevo arancel global ha puesto ese marco patas arriba. El Parlamento Europeo ha decidido pausar la ratificación del acuerdo hasta que la Administración Trump aclare cómo piensa respetar el límite pactado, mientras la Comisión insiste en que “un acuerdo es un acuerdo” y exige que se honren los compromisos.

Para España, la batalla no es abstracta. Las exportaciones de bienes a Estados Unidos rondaron los 18.400 millones de dólares en 2024, alrededor del 4,5%–5% del total de ventas españolas al exterior, con fuerte peso de maquinaria, componentes de automoción, aceite de oliva, vino y productos cerámicos. Sectores donde márgenes y contratos se negocian a varios años vista.

Además, Trump ha amenazado en los últimos días con “terminar todo comercio con España” por la negativa del Gobierno español a respaldar sus operaciones militares en Irán. En la práctica, no puede aislar a un solo Estado miembro —la política comercial es competencia exclusiva de la UE—, pero el simple hecho de verbalizarlo añade otra capa de incertidumbre para las empresas españolas con intereses en el mercado norteamericano.

Impacto en empresas: márgenes bajo presión y precios al alza

Más allá de la disputa jurídica, el efecto económico del 15% global es directo: sube el precio final de los productos importados en Estados Unidos o comprime los márgenes de las empresas que decidan absorber parte del impacto. En la anterior ola de tarifas de Trump, economistas estimaron que los aranceles supusieron un coste adicional de unos 2.400 dólares anuales por hogar estadounidense, vía encarecimiento de bienes de consumo.

Para los exportadores europeos —y españoles en particular— el dilema es igual de claro. O se repercute el nuevo gravamen en forma de precios más altos, con riesgo de perder cuota en un mercado extremadamente competitivo, o se acepta un golpe significativo en la rentabilidad. Las cadenas de suministro globales, ajustadas al milímetro tras años de crisis logística, vuelven a quedar expuestas.

La consecuencia es clara: más volatilidad en los márgenes, proyectos de inversión en pausa y planes de expansión que se revisan sobre la marcha. Sectores intensivos en comercio transatlántico —automoción, bienes de equipo, química fina, agroalimentario premium— tendrán que rehacer cuentas en cuestión de semanas.

Ya en 2025, compañías como John Deere o Nike reportaron pérdidas de miles de millones ligadas a los aranceles, mientras la industria manufacturera estadounidense destruía alrededor de 42.000 empleos desde la primavera por la caída de pedidos y el encarecimiento de insumos. Si el nuevo 15% se consolida más allá de los 150 días iniciales, el efecto arrastre sobre la demanda global puede ser considerable.

Cinco meses de tarifa: ventana táctica o trampa

La propia arquitectura legal del nuevo arancel explica la referencia de Bessent a un horizonte de cinco meses. La Sección 122 fue diseñada para tiempos de tipos de cambio fijos y crisis puntuales de balanza de pagos, no para sostener una guerra comercial estructural. Por ello, limita la duración a 150 días, salvo que el Congreso decida extender el régimen.

“Es mi fuerte creencia que los tipos volverán a su vieja tasa en cinco meses”, dijo el secretario del Tesoro. La frase suena tanto a compromiso económico como a mensaje político hacia el Capitolio y hacia los socios comerciales: se trata de un “puente” temporal mientras la Administración explora instrumentos más duraderos, como nuevas acciones selectivas bajo la Sección 301 contra países concretos.

El riesgo, no obstante, es que el puente se convierta en trampa. Si el Congreso se ve tentado a prorrogar el esquema para evitar la imagen de una marcha atrás de Trump, el arancel global quedaría normalizado de facto. Y si, en paralelo, los socios responden con contramedidas —desde aranceles espejo hasta restricciones regulatorias apoyadas en instrumentos como el Anti-Coercion Instrument europeo—, el resultado sería una nueva espiral de represalias.

Para las empresas, la pregunta clave no es solo cuánto durará el 15%, sino qué régimen arancelario emergerá después: ¿una vuelta al entramado de tarifas “recíprocas” tumbadas por la Justicia, un mosaico de acuerdos bilaterales o un endurecimiento aún mayor frente a China y otros grandes exportadores?

El optimismo de Bessent con el empleo

En medio de esta tormenta, Bessent insiste en que sigue siendo “muy, muy alcista” sobre el mercado laboral y que no habrá recesión en 2026. Hace apenas unos meses defendía en televisión que la combinación de tarifas, acuerdos comerciales y recortes regulatorios de Trump sentaba las bases para un crecimiento “robusto y no inflacionario”, a pesar de la desaceleración en sectores sensibles a tipos de interés como la vivienda.

El secretario del Tesoro juega aquí con dos barajas. Por un lado, exhibe indicadores todavía sólidos —crecimiento cercano al 3% del PIB, pleno empleo oficial, bolsas en máximos— para sostener que la economía estadounidense puede digerir otro shock arancelario. Por otro, confía en que el nuevo 15% global será efímero y que, cuando empiece a trasladarse a precios y decisiones de consumo, ya esté sobre la mesa un esquema alternativo más estable.

La experiencia de los últimos años, sin embargo, aconseja prudencia. El propio Bessent ha sido uno de los arquitectos de la estrategia arancelaria de Trump desde la campaña de 2024 y un defensor declarado de los recargos como herramienta para “por fin plantar cara” a China y a otros socios con superávit comercial con Estados Unidos. Su apuesta es que el golpe competitivo para terceros será mayor que para la economía norteamericana; un cálculo que puede funcionar en el corto plazo, pero que eleva las probabilidades de fragmentación duradera del comercio global.