Dimon avisa: el tope del 10% de Trump sería un desastre

Un tope del 10% frente a un mercado del 21%

El contraste numérico es elocuente. Según los últimos datos de la Reserva Federal, el tipo medio de las tarjetas de crédito en Estados Unidos alcanzó el 20,97% en noviembre de 2025, y sube hasta el 22,30% en las cuentas que efectivamente pagan intereses, es decir, las que no liquidan todo el saldo cada mes. Llevar de golpe ese coste financiero a un máximo del 10% supone recortar a la mitad, o más, el precio de uno de los productos más rentables del sistema bancario.

La propuesta de Trump se presenta como un rescate exprés al consumidor acosado por la inflación y los tipos altos. El presidente ha llegado a acusar a la industria de practicar “intereses abusivos” y ha fijado un horizonte de un año para este techo, con la promesa de aliviar la carga financiera de millones de familias. Sin embargo, los bancos replican que el negocio de las tarjetas se basa en créditos sin garantía real, con tasas de impago mucho más elevadas que en las hipotecas o los préstamos al coche, y que esa prima de riesgo es precisamente lo que justifica esos tipos.

En paralelo, el volumen de deuda no deja de crecer. Los saldos de tarjetas han alcanzado ya 1,23 billones de dólares, máximos históricos desde que hay registros, con un aumento anual superior al 5%. La combinación de deuda récord y tipos muy altos convierte cualquier movimiento brusco en un experimento macroeconómico de alto riesgo. Un tope mal diseñado puede reducir el coste del crédito para unos… a costa de negar el crédito directamente a muchos otros.

El aviso de Dimon desde Davos

En este contexto, la intervención de Dimon en el Foro Económico Mundial ha funcionado como una especie de carta blanca para que el resto de la gran banca critique abiertamente el plan de la Casa Blanca. El banquero no se limitó a alertar sobre la rentabilidad de su sector; insistió en que la gran víctima no serían los bancos, sino la economía real. “Nuestro negocio sobreviviría”, vino a decir, “pero habría una reducción drástica del negocio de tarjetas y se eliminaría el crédito del 80% de los estadounidenses”.

Dimon subrayó que para millones de hogares estadounidenses la tarjeta no es un capricho, sino la última línea de defensa ante un gasto imprevisto o un bache de liquidez. Si esa válvula se cierra de golpe, el impacto se trasladaría, según su diagnóstico, a restaurantes, comercios, aerolíneas, hoteles, universidades o incluso municipios, cuyos ingresos dependen en gran medida del gasto financiado.

Con cierto tono irónico, el ejecutivo llegó a sugerir que, dadas las discrepancias políticas, el Gobierno podría “probar” el tope en dos estados y observar qué ocurre. El chascarrillo encierra una crítica técnica: un límite general del 10% no distingue entre perfiles de riesgo ni entre tipos de tarjetas, y por tanto obliga a la banca a recortar por la parte más débil, precisamente quienes hoy pagan los tipos más altos. El contraste con los discursos populistas, que presentan la medida como un castigo a “los bancos”, resulta demoledor.

Cómo funciona realmente el negocio de las tarjetas

El diagnóstico de la banca se apoya en la propia arquitectura del negocio de tarjetas. A diferencia de una hipoteca, respaldada por una vivienda, el crédito de la tarjeta es 100% no garantizado: si el cliente deja de pagar, el banco no tiene un activo tangible que ejecutar. Esa naturaleza explica que las entidades combinen comisiones, intereses elevados y complejos modelos de scoring para compensar una morosidad estructuralmente alta.

Además, el mercado está segmentado. Los clientes “prime”, con historiales impecables, obtienen tarjetas con recompensas, cuotas más bajas y financiación promocional; los perfiles “subprime” pagan tipos más altos, asumen más comisiones y suelen depender de la tarjeta para gastos básicos. La media del 21% oculta que una parte del universo de tarjetas ya se mueve en bandas del 25%-30% nominal, y son precisamente esas cuentas las que se volverían inviables bajo un techo del 10%.

Lo más grave es que la rentabilidad del negocio no se distribuye de forma homogénea. Una minoría de clientes que paga siempre a final de mes apenas deja margen vía comisiones; en cambio, el grueso de los beneficios procede de quienes cargan saldo mes a mes y acumulan intereses. Este hecho revela que cualquier control de precios sobre el tipo de interés actúa como un bisturí directo sobre el núcleo de beneficios del producto. Si el regulador obliga a recortar a la mitad ese ingreso, la reacción racional del banco será reducir límites, cerrar líneas menos rentables y endurecer los criterios de concesión.

Los ganadores y perdedores potenciales

¿Quién gana y quién pierde con un tope del 10%? A corto plazo, el grupo de consumidores con buen historial que hoy pagan tipos superiores a ese umbral serían los grandes beneficiados: su coste financiero se desplomaría y, según algunas estimaciones académicas, el ahorro agregado podría rondar los 100.000 millones de dólares anuales si el tope se mantuviera.

Sin embargo, las cifras que maneja la propia industria dibujan un reverso inquietante. La American Bankers Association calcula que entre 137 y 159 millones de estadounidenses perderían acceso a sus tarjetas si el techo se aplicara tal y como está formulado. Y la Electronic Payments Coalition advierte de que entre el 82% y el 88% de las cuentas abiertas vinculadas a puntuaciones de crédito inferiores a 740 serían cerradas o fuertemente restringidas. El diagnóstico es inequívoco: el crédito barato se reservaría a una minoría solvente, mientras el resto sería empujado hacia productos más caros y menos regulados.

La consecuencia previsiblemente sería un trasvase de demanda hacia prestamistas alternativos: payday loans, financiación “compre ahora y pague después” o créditos al consumo en la sombra, donde la supervisión es menor y las condiciones, opacas. Es el clásico efecto de los controles de precios mal calibrados: el problema no desaparece, simplemente se desplaza fuera del perímetro regulado.

La batalla política y regulatoria en Washington

Más allá de la técnica financiera, el tope al 10% se ha convertido en un episodio más de la pugna de Trump con la Reserva Federal, los reguladores y los grandes bancos. La propuesta nació en una publicación de Truth Social el 10 de enero, con una fecha de entrada en vigor marcada para el 20 de enero, sin texto legal, sin borrador de norma y sin una hoja de ruta clara sobre qué autoridad impondría el límite.

Los expertos legales recuerdan que una medida de este calado difícilmente puede imponerse solo por decreto o vía regulatoria, y que casi con total seguridad requeriría una ley aprobada por el Congreso. La propia presidenta de Citigroup, Jane Fraser, ha reconocido desde Davos que no ve apoyos suficientes en la Cámara ni en el Senado para sacar adelante un tope general a los intereses de tarjetas, pese a admitir que la preocupación por la asequibilidad es legítima.

En paralelo, el presidente ha intensificado su retórica contra la banca, acusando a algunas entidades de “debanking” y amenazando incluso con demandas contra JPMorgan mientras su Administración abre frentes con el presidente de la Fed, Jerome Powell. El resultado es un clima de confrontación en el que es difícil separar la política monetaria, la regulación financiera y el cálculo electoral. Y en ese contexto, un tope al 10% se convierte en un símbolo potente, aunque su viabilidad práctica sea dudosa.

Impacto en bancos, consumo y mercados

Los mercados ya han ofrecido su propio veredicto. En las últimas sesiones, el índice bancario estadounidense ha llegado a caer en torno al 1,2%, mientras grandes entidades como JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo o Morgan Stanley registraban descensos individuales de entre el 2% y el 4%. Los analistas descuentan que, incluso si el tope no se materializa tal cual, la presión política forzará a las entidades a ofrecer productos más baratos o a aceptar algún tipo de compromiso regulatorio.

Para la banca, el riesgo no es solo de márgenes: el crédito vía tarjetas es un motor central de ingresos por intereses y comisiones, y una pieza clave en sus relaciones con comercios, aerolíneas y cadenas hoteleras. Las grandes compañías aéreas estadounidenses, por ejemplo, obtienen varios miles de millones de dólares anuales de la venta de millas a los bancos emisores de tarjetas co-marcadas; cualquier golpe al modelo de recompensas obligaría a renegociar esos acuerdos y podría reabrir el debate sobre posibles rescates si la rentabilidad del negocio se deteriora.

Para el consumo, el efecto dominó sería inmediato. Con el 82% de los adultos estadounidenses en posesión de al menos una tarjeta, y con un 70% de la deuda vinculada a gastos esenciales, desde alimentación a combustible o alquiler, cualquier restricción brusca del crédito disponible se traduciría en menos gasto en comercios, viajes y servicios. Lo que se plantea como un alivio podría convertirse en un frenazo adicional al crecimiento en un momento en que la economía ya muestra signos de fatiga.