El Pentágono ficha a Wall Street para mover 200.000 millones

El dato no es menor: 200.000 millones de dólares en tres años. Esa es la magnitud de la operación que, según una información adelantada por Semafor, el Pentágono quiere canalizar con ayuda de una treintena de banqueros de inversión procedentes de las grandes firmas de Wall Street. No se trata solo de financiar empresas militares. El movimiento revela algo más profundo: que Washington ha asumido que la carrera geopolítica ya no se gana solo con presupuestos públicos, sino con capital privado, velocidad financiera y músculo industrial. Y ahí es donde la vieja frontera entre defensa, banca y estrategia nacional empieza a difuminarse.

Wall Street entra en el corazón de la defensa

La operación dibuja un cambio de época. Durante décadas, el Pentágono fue ante todo un gran comprador: adjudicaba contratos, definía programas y repartía presupuesto entre los gigantes tradicionales del sector. Ahora pretende parecerse también a un originador de operaciones. La unidad, siempre según la información difundida por Semafor, actuaría con lógica de banca de inversión: asesoramiento a fondos de capital privado, estructuración de financiación y apoyo a transacciones ligadas a seguridad nacional.

Lo más relevante no es solo quién entra —Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Bank of America—, sino para qué entra. El giro sugiere que Washington ya no confía únicamente en la contratación clásica para reconstruir su base industrial de defensa. La propia Estrategia de Defensa Nacional de 2026 sitúa entre sus líneas de esfuerzo disuadir a China en el Indo-Pacífico y “supercargar” la base industrial de defensa estadounidense, con un énfasis explícito en la reindustrialización y el retorno de capacidades estratégicas a suelo norteamericano.

Un volumen que cambia la escala

200.000 millones equivalen a unos 66.700 millones al año. La cifra, por sí sola, obliga a poner el foco. Según SIPRI, el gasto militar de Estados Unidos alcanzó 997.000 millones de dólares en 2024, mientras el gasto militar mundial escaló hasta 2,718 billones, el mayor registro histórico de la serie. Dicho de otro modo: el plan atribuido al Pentágono supondría movilizar en tres años una suma equivalente a alrededor del 20% del gasto militar anual estadounidense medido por SIPRI.

La comparación es demoledora porque revela que no estamos ante un programa marginal, sino ante un intento de alterar la escala de la inversión en defensa sin esperar a que todo pase por el ciclo presupuestario tradicional. La consecuencia es clara: el Tesoro público ya no basta para seguir el ritmo de una competencia tecnológica y militar cada vez más intensiva en capital. Si la guerra del siglo XX se ganó con producción en masa, la del XXI parece exigir además mercados de capital profundamente integrados en la estrategia del Estado.

El factor China ya manda la agenda

La explicación oficial de fondo está escrita negro sobre blanco. La estrategia estadounidense para 2026 dedica una línea de esfuerzo específica a “disuadir a China en el Indo-Pacífico” y advierte de la “velocidad, escala y calidad” del rearme chino. El documento añade que el Indo-Pacífico pronto representará más de la mitad de la economía global, lo que vincula de forma directa la seguridad nacional con el acceso a cadenas industriales, rutas comerciales y tecnología crítica.

Este hecho revela por qué la defensa ya no se limita a misiles, submarinos o cazas. También incluye imanes de tierras raras, semiconductores, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y manufactura avanzada. El contraste con el pasado resulta contundente: durante años, Washington aceptó una cierta deslocalización industrial bajo la lógica de la eficiencia. Ahora asume que esa eficiencia creó dependencia. Y la dependencia, en un contexto de rivalidad con Pekín, se ha convertido en vulnerabilidad estratégica. Por eso el Pentágono busca no solo comprar armas, sino crear un ecosistema financiero capaz de acelerar fusiones, levantar deuda, captar equity y blindar cadenas de suministro.

Del venture capital a la gran banca

El movimiento no surge de la nada. Semafor ya había documentado el viraje del capital privado hacia la defensa. Primero fue Silicon Valley, donde el llamado defense tech dejó de ser un tabú y pasó a presentarse como una forma de patriotismo tecnológico. Después llegaron la IA y las tensiones con China, que multiplicaron el interés de startups e inversores por vender al Pentágono. Más recientemente, el propio Departamento de Defensa abrió Genai.mil para facilitar el uso militar de herramientas de inteligencia artificial, mientras crecían las fricciones con empresas que querían limitar esos usos.

A la vez, el Ejército de EEUU ya había dado otra señal: recurrir al capital privado para financiar infraestructuras ante la insuficiencia del presupuesto disponible. Semafor cifró en 13 billones de dólares el tamaño de la industria de capital privado a la que Washington quiere atraer hacia objetivos públicos. El diagnóstico es inequívoco: el Estado necesita a los mercados para hacer más rápido lo que por la vía burocrática no está logrando hacer a tiempo.

Los minerales ya son un frente financiero

Hay un precedente muy concreto que ayuda a entender el plan. En julio de 2025, MP Materials anunció una alianza público-privada con el Departamento de Defensa para reforzar la cadena estadounidense de imanes de tierras raras. El paquete incluía 1.000 millones de dólares de financiación comprometida por JPMorgan Chase Funding y Goldman Sachs Bank USA, un préstamo del Pentágono de 150 millones y la compra por parte del DoD de 400 millones en acciones preferentes convertibles, con potencial para convertirse en su mayor accionista con un 15% del capital diluido.

No es un detalle menor. Es una plantilla. El Gobierno no se limita a subvencionar: entra en el capital, garantiza demanda, fija suelos de precio a 10 años y deja que la gran banca estructure la operación. Eso reduce riesgo para el inversor, acelera fábricas y crea una señal política potentísima. La seguridad nacional ya no se financia solo con impuestos; también con arquitectura de mercado. Ese modelo, trasladado a escala de 200.000 millones, permite entender por qué el Pentágono quiere fichar banqueros que hablen el idioma de los fondos y no solo el de los pliegos administrativos.