«El bestial Leviatán algorítmico: más ChatGPT para funcionarios, 37.017 nuevas plazas públicas y la factura interminable del contribuyente y de los autónomos»

El dato no es grave por su volumen, sino por su significado. Que las administraciones españolas hayan pasado de un único contrato con OpenAI en 2022 a más de 1.350 contratos explícitos con OpenAI y Anthropic apenas tres años después, por más de 394.000 euros, no hunde las cuentas públicas. Pero revela algo mucho más profundo: la inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una herramienta experimental para convertirse en una nueva prótesis ordinaria del aparato administrativo.

La cifra, además, es solo la punta visible del iceberg. No incorpora buena parte de los usos integrados en licencias de Microsoft, Google u otros paquetes tecnológicos, y convive con más de 2.500 contratos públicos anteriores relacionados con inteligencia artificial por 172 millones de euros, orientados sobre todo a plataformas, consultoría e infraestructura. El Estado no está descubriendo ahora la IA: está añadiendo una nueva capa de gasto algorítmico sobre una maquinaria que rara vez explica qué ahorro real produce cada capa tecnológica que incorpora.

Ahí nace la pregunta incómoda: si la Administración paga ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot o herramientas equivalentes para que funcionarios, profesores, investigadores y mandos intermedios redacten, resuman, programen, clasifiquen, traduzcan, comparen documentos o aceleren procesos internos, ¿por qué esa automatización no viene acompañada de una estrategia visible de adelgazamiento burocrático, revisión de puestos y amortización selectiva de vacantes?

El problema no es que los empleados públicos usen inteligencia artificial. Sería absurdo, incluso suicida, pretender que la Administración permanezca ajena a la mayor revolución de productividad del conocimiento desde Internet. El problema es que el Estado compre automatización para hacer más eficiente su maquinaria y, simultáneamente, conserve intacta la lógica expansiva de esa misma maquinaria. En términos más claros: que el ciudadano acabe financiando la burocracia clásica y su copiloto algorítmico sin recibir a cambio menos plazos, menos trámites, menos duplicidades o menos coste estructural.

La contradicción se vuelve todavía más intensa cuando se cruza este dato con la Oferta de Empleo Público de 2026: 37.017 plazas, de las que 27.232 corresponden a la Administración General del Estado y 9.785 a Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. La explicación oficial apela a jubilaciones, envejecimiento de plantillas, reposición de efectivos, digitalización y refuerzo tecnológico. Y hay parte de verdad en ello: no todo empleo público es automatizable, ni toda unidad pública puede funcionar con menos personas. Nadie sensato propone amortizar médicos, docentes, jueces, policías, militares o inspectores allí donde faltan manos reales.

Pero precisamente por eso la discusión debe afinarse. No se trata de lanzar una motosierra indiscriminada contra el empleo público, sino de aplicar bisturí allí donde la IA generativa ya golpea el núcleo de determinadas funciones administrativas: redactar borradores, preparar informes preliminares, resumir expedientes, extraer datos, comparar versiones, revisar formularios, responder consultas repetitivas o acelerar tareas de back office. Si una parte creciente del trabajo de oficina puede ser asistida por máquinas, cada nueva plaza administrativa debería justificarse con mucha más severidad.

La modernización pública no puede consistir en sumar capas. Primero se informatizó el papel; después se digitalizó el trámite; ahora se añade inteligencia artificial. Pero si tras cada revolución tecnológica el procedimiento sigue igual de lento, el expediente pasa por las mismas manos y la unidad conserva la misma arquitectura, entonces no hablamos de transformación digital. Hablamos de sedimentación burocrática con barniz tecnológico.

La presión fiscal convierte esta cuestión en un debate moral, no solo presupuestario. España soporta una presión fiscal del 36,7% del PIB, por encima de la media de la OCDE. Cuando el Estado pide tanto al ciudadano, al autónomo y a la empresa, cada euro invertido en IA pública debe tener retorno verificable. Si se compra automatización, debe medirse qué ahorra. Si mejora productividad, debe reducir plazos. Si absorbe tareas repetitivas, debe revisar plantillas. Si no lo hace, no es eficiencia: es gasto recurrente disfrazado de futuro.

El reportaje muestra, además, una adopción fragmentaria y todavía poco gobernada: suscripciones individuales de profesores o empleados, pequeños contratos dispersos, universidades que combinan compras puntuales con IA incluida en paquetes de Google, organismos que hablan de experimentación controlada sin concretar demasiado. Es comprensible en una fase inicial. Lo inaceptable sería que esa fase cristalizara en un gasto ordinario sin metodología, auditoría de impacto, responsables claros, calendario público, consecuencias presupuestarias reales y resultados auditables por todos.

Cada licencia pública de IA debería llevar asociada una pregunta de productividad: qué proceso mejora, qué tiempo reduce, qué error evita, qué unidad descarga, qué contrato externo sustituye, qué plaza futura permite no reponer. No se trata de sustituir personas por máquinas como consigna ideológica. Se trata de impedir que la tecnología sirva para que una Administración sobredimensionada trabaje igual, cueste más y se justifique mejor.

La IA debería obligar al Estado a mirarse al espejo. Si automatiza tareas, debe rediseñar procesos. Si rediseña procesos, debe revisar estructuras. Si revisa estructuras, debe explicar qué puestos se transforman, cuáles se refuerzan y cuáles dejan de tener sentido. Lo contrario es una estafa conceptual: llamar innovación a comprar software, llamar digitalización a mantener procedimientos y llamar servicio público a blindar inercias.

La cuestión, por tanto, no es si queremos funcionarios con ChatGPT. La cuestión es si queremos un Estado que use ChatGPT para servir mejor y costar menos, o un Estado que use ChatGPT para hacer lo mismo, con los mismos, más plazas y más presión fiscal. La inteligencia artificial en la Administración solo será legítima si produce un dividendo tangible para el ciudadano. Si no hay menos burocracia, menos espera y más rendición de cuentas, no estaremos ante la modernización del Estado: estaremos ante su enésima coartada para seguir engordando sin control. Cada plaza nueva deberá justificarse con datos reales, no con inercias.