Silicon Valley entra en la Casa Blanca de la mano de Trump
La Casa Blanca confirma el primer núcleo del PCAST con Zuckerberg, Brin, Ellison y Huang, en una señal inequívoca de que la política industrial de la inteligencia artificial pasará por los grandes despachos corporativos.
Trece nombres. Un consejo. Y una fotografía política de enorme calado. Donald Trump ha puesto en marcha la primera hornada de su renovado Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología, el PCAST, con una composición que revela mucho más que una preferencia por el talento privado: muestra una apuesta explícita por gobernar la transición tecnológica de Estados Unidos de la mano de quienes ya dominan el negocio de los chips, la nube, las plataformas y el capital riesgo.
Lo relevante no es solo que figuren Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Ellison, Jensen Huang o Lisa Su. Lo relevante es que la Casa Blanca ha oficializado una idea de poder: la frontera entre Estado y Big Tech será más porosa en plena carrera por la IA. El consejo arranca con 13 miembros y podrá ampliarse hasta 24, bajo la dirección de David Sacks y Michael Kratsios. La pregunta ya no es si Washington quiere apoyarse en Silicon Valley. La pregunta es cuánto margen piensa cederle.
De la filtración a la confirmación oficial
La noticia dejó de ser una mera filtración en cuestión de horas. La Casa Blanca confirmó este 25 de marzo de 2026 los primeros nombramientos del PCAST, el órgano reactivado por Trump mediante orden ejecutiva el 23 de enero de 2025 para asesorar directamente al presidente en ciencia, tecnología, educación e innovación. El diseño institucional no es menor: el texto oficial establece que el consejo asesorará también sobre cuestiones ligadas a la economía, el empleo, la seguridad nacional y la competitividad, y fija además que sus miembros externos servirán sin compensación, aunque con gastos reembolsables, dentro de un formato pensado para incorporar figuras de máximo perfil del sector privado.
Ese detalle revela la lógica de fondo. Trump no ha levantado un comité académico tradicional, sino una mesa de influencia con capacidad para marcar prioridades industriales. El propio decreto define como objetivo estratégico la “dominancia tecnológica global” de Estados Unidos y encuadra el consejo como una herramienta para eliminar barreras burocráticas y acelerar la innovación. No se trata, por tanto, de un foro ornamental. Se trata de una pieza de poder en la arquitectura regulatoria y competitiva de la Casa Blanca.
Un consejo con ADN empresarial
La lista inicial habla por sí sola: Marc Andreessen, Sergey Brin, Safra Catz, Michael Dell, Jacob DeWitte, Fred Ehrsam, Larry Ellison, David Friedberg, Jensen Huang, John Martinis, Bob Mumgaard, Lisa Su y Mark Zuckerberg. El diagnóstico es inequívoco: el arranque del consejo está dominado por fundadores, consejeros delegados, inversores y ejecutivos ligados al núcleo duro de la revolución digital y energética. Si se observa la composición, la inmensa mayoría de los 13 nombrados procede del mundo corporativo o del capital riesgo, con una presencia académica muy limitada.
Este hecho revela una preferencia política clara. La Casa Blanca quiere sentar en la misma mesa a quienes controlan plataformas, semiconductores, infraestructura en la nube, software empresarial, criptoactivos y nuevas apuestas energéticas. En otras palabras, quiere que las decisiones sobre la siguiente fase del crecimiento tecnológico estadounidense se tomen con los beneficiarios directos del ciclo. No es un consejo para contemplar el futuro de la tecnología, sino para empujarlo desde el corazón de la industria. Esa elección puede acelerar decisiones. También puede estrechar el espacio para la distancia crítica.
La reconciliación con Silicon Valley ya no se oculta
El contraste con el primer Trump resulta llamativo. A comienzos de 2025, Nature recordaba que durante casi la mitad del primer mandato el republicano ni siquiera contó con un asesor científico oficial. En su segunda presidencia, en cambio, la estrategia es mucho más ambiciosa y mucho más explícita: ciencia y tecnología dejan de ser un capítulo periférico para convertirse en un frente central de poder industrial y geopolítico.
Lo más grave —o lo más significativo, según se mire— es que esta aproximación llega tras meses de aproximación pública entre la Casa Blanca y los jefes de las grandes tecnológicas. En septiembre de 2025, Trump reunió en Washington a una larga lista de líderes del sector para escenificar una alianza proinversión y pro-IA. En ese encuentro, la propia Casa Blanca destacó compromisos de inversión de Apple por 600.000 millones de dólares y de Meta por al menos 600.000 millones hasta 2028 en Estados Unidos. El PCAST aparece ahora como la institucionalización de esa tregua: del elogio público se pasa a la silla formal en el consejo asesor del presidente.
IA, chips y energía: el verdadero triángulo de poder
Leer la lista solo en clave tecnológica sería quedarse corto. Aquí hay una arquitectura económica mucho más amplia. Nvidia y AMD representan el cuello de botella de los chips avanzados; Oracle, Google y Meta son decisivas en nube, datos y modelos; y nombres como Jacob DeWitte o Bob Mumgaard conectan con la cuestión energética, cada vez más inseparable del despliegue masivo de centros de datos y computación de alto rendimiento. La consecuencia es clara: el consejo no nace para discutir gadgets, sino para diseñar las condiciones materiales de la nueva economía de la IA.
La propia Casa Blanca lo dejó negro sobre blanco el 20 de marzo de 2026, cuando presentó su marco legislativo nacional para IA con seis grandes objetivos, desde la protección de menores y la propiedad intelectual hasta la innovación, la libertad de expresión y la infraestructura energética de los centros de datos. Ese documento ya sugería una política tecnológica mucho más centralizada y favorable al despliegue. El nuevo PCAST encaja exactamente en esa lógica: menos prudencia procedimental, más velocidad, más músculo industrial y una voluntad manifiesta de ganar la carrera frente a China y otros competidores.
El contraste con la etapa Biden resulta demoledor
La comparación histórica ayuda a entender la magnitud del giro. El PCAST de Joe Biden llegó a contar con 28 miembros, incluidos 20 elegidos de las Academias Nacionales, cuatro becarios MacArthur y dos premios Nobel, según el archivo oficial de la Casa Blanca. Sus copresidentes procedían de perfiles científicos e institucionales de enorme peso, como Frances Arnold, Maria Zuber y Arati Prabhakar, y la composición combinaba investigación básica, salud, seguridad, clima, ingeniería y universidad.
Trump ha cambiado el eje. No elimina la ciencia del tablero, pero la subordina con mucha más claridad a la productividad, la industria y la competencia estratégica. El contraste con la etapa anterior no es ideológico únicamente; es funcional. Antes, el consejo estaba diseñado para ampliar el perímetro del conocimiento experto. Ahora, el consejo parece concebido para concentrar influencia en sectores capaces de ejecutar inversión, mover cadena de suministro y presionar por un entorno regulatorio favorable. Es un tránsito desde la asesoría científica clásica hacia una gobernanza corporativa de la innovación.
El riesgo de captura regulatoria
Ese modelo ofrece ventajas evidentes. Reúne capacidad de ejecución, acceso a capital, conocimiento de frontera y una conexión directa con los cuellos de botella reales del mercado. En una carrera tecnológica acelerada, Washington puede considerar que sentar a Huang, Su, Ellison o Zuckerberg en una mesa oficial permite ahorrar tiempo y alinear intereses. Sin embargo, el contraste con otras etapas también deja una inquietud de fondo: cuando quienes deben ser escuchados son, al mismo tiempo, quienes más ganan con la dirección de la política pública, el riesgo de captura regulatoria se dispara.
La orden ejecutiva otorga al PCAST un papel relevante incluso en ámbitos ligados a computación de alto rendimiento y nanotecnología, lo que demuestra que no estamos ante un simple sello honorífico. Y aunque el comunicado de la Casa Blanca anticipa más nombramientos “en un futuro próximo”, todavía no despeja si habrá contrapesos suficientes desde universidades, laboratorios nacionales, sindicatos, sociedad civil o expertos en competencia. Ahí está el verdadero examen. Porque una política de innovación eficaz necesita velocidad, sí; pero también necesita independencia intelectual para no convertirse en la prolongación administrativa del balance de las grandes tecnológicas.