Trump firma la ley que obliga a publicar los archivos del caso Epstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en Truth Social que «acaba de firmar» la ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos sus archivos sobre Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019. La norma, conocida como Epstein Files Transparency Act, fue aprobada en la Cámara de Representantes por 427 votos a favor y uno en contra, y ratificada por unanimidad en el Senado, y fija un plazo de 30 días para difundir los documentos, con limitadas opciones de censura para proteger a víctimas o investigaciones en curso.
En su mensaje, Trump volvió a presentar el caso Epstein como un problema «de los demócratas» y acusó al partido rival de usar el escándalo para «distraer» de lo que definió como las «victorias» de su Administración. Pese a que durante meses había rechazado la publicación íntegra de los documentos, el presidente ha dado finalmente marcha atrás ante la presión combinada de supervivientes de los abusos, organizaciones de derechos civiles y un consenso cada vez más amplio en el Congreso a favor de una mayor transparencia.
Un giro tras meses de resistencia
Durante buena parte del año, la Casa Blanca se había opuesto a la liberación completa de los archivos del caso Epstein, alegando riesgos para investigaciones abiertas y terceras personas. El cambio de postura de Trump llegó en los últimos días, después de que el propio presidente instara públicamente al Congreso a aprobar la ley y de que sus aliados abandonaran la resistencia inicial.
La Cámara de Representantes respaldó el texto con una mayoría abrumadora de 427-1, mientras que el Senado lo aprobó por consentimiento unánime, sin necesidad de una votación nominal. El único voto en contra en la Cámara fue el del republicano Clay Higgins, que advirtió del posible daño colateral para personas no acusadas en el caso.
El contenido de la nueva ley
La Epstein Files Transparency Act obliga al Departamento de Justicia y a otras agencias federales implicadas a desclasificar y publicar en un formato consultable todos los materiales «no clasificados» relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, su entorno y su muerte bajo custodia federal. El plazo general es de 30 días desde la firma presidencial, aunque se permiten tachaduras parciales para proteger la identidad de víctimas, testigos o elementos que afecten a causas penales abiertas.
La ley impide, sin embargo, que los documentos se retengan o alteren por motivos de «incomodidad política» o para evitar perjuicios reputacionales a figuras públicas. Cualquier negativa a publicar materiales deberá ir acompañada de una justificación escrita y podrá ser recurrida ante los tribunales, lo que abre la puerta a nuevos litigios sobre el alcance de la transparencia.
Un caso con miles de páginas y nombres sensibles
Los archivos afectados se estiman en decenas o incluso cientos de miles de páginas, resultado de años de investigaciones federales y estatales sobre la red de explotación sexual atribuida a Epstein y a su entorno, incluida su socia Ghislaine Maxwell, condenada en 2021. Entre los documentos figuran informes del FBI, comunicaciones internas del Departamento de Justicia, acuerdos judiciales y materiales relacionados con demandas civiles asociadas al caso.
Buena parte de la atención pública se centra en la posible aparición de nuevos nombres de personalidades públicas, empresariales y políticas vinculadas a Epstein. Varios lotes de documentos judiciales publicados en los últimos años ya han revelado relaciones sociales o profesionales con el financiero, sin que ello implique necesariamente conductas delictivas. La publicación masiva de archivos administrativos y de investigación podría aportar más contexto, pero también avivar la batalla política en Washington.
El ataque de Trump a figuras demócratas
En su mensaje en Truth Social, Trump citó a figuras demócratas de alto perfil como Bill Clinton, el economista Larry Summers, el activista y financiador Reid Hoffman, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Hakeem Jeffries o la congresista Stacey Plaskett, a los que vinculó a Epstein por viajes, donaciones o contactos políticos previos. El presidente sostuvo que el caso «afecta mucho más» a los demócratas que al Partido Republicano y calificó a algunos críticos de «corruptos» y «activistas basura», en línea con su retórica habitual.
Trump insistió en que sus rivales utilizaron el tema Epstein como un «engaño» para minar la credibilidad de su Administración y desviar la atención de sus iniciativas políticas. Ahora, sostiene que la publicación de los documentos demostrará que la trama golpea «sobre todo» a su oposición y que el movimiento «se volverá en su contra». Estas afirmaciones forman parte de la estrategia del presidente para mantener movilizada a su base y enmarcar la transparencia como una concesión que fortalece su relato político.
Reacción de las víctimas y presión política
Las organizaciones que representan a supervivientes de los abusos de Epstein llevaban años reclamando el acceso completo a los archivos como parte de un proceso de reparación y de exigencia de responsabilidades institucionales. Colectivos de víctimas consideran que la actuación de las autoridades falló en varios momentos clave, desde los acuerdos de inmunidad alcanzados en Florida en 2008 hasta la supervisión de Epstein en el centro de detención de Nueva York donde apareció muerto en 2019.
A la presión de las víctimas se sumó en los últimos meses un bloque heterogéneo de legisladores demócratas y republicanos, que vieron en la ley la oportunidad de responder a la desconfianza pública sobre el manejo del caso. El voto casi unánime en la Cámara ilustra hasta qué punto la transparencia en torno a Epstein se ha convertido en un objetivo compartido, pese a las profundas divisiones partidistas en otros ámbitos.
Próximos pasos y posibles controversias
Con la firma de Trump, el Departamento de Justicia queda ahora obligado a organizar en pocas semanas la publicación de los documentos, un proceso técnicamente complejo que podría llegar por fases. El Gobierno tendrá que decidir qué parte de los archivos se difunde primero, qué criterios de anonimización se aplican y cómo se habilita el acceso público —previsiblemente a través de plataformas en línea— para gestionar el volumen de información.
Los expertos anticipan que la divulgación de los «Epstein files» no cerrará el debate, sino que puede abrir nuevas controversias políticas y judiciales sobre la actuación de las instituciones, la responsabilidad de figuras poderosas y los límites entre el derecho a saber y la protección de las víctimas. La ley firmada por Trump consagra el principio de transparencia en uno de los casos más sensibles de los últimos años, pero deja en manos del Departamento de Justicia la tarea de equilibrar esa obligación con las garantías legales de los afectados.
