Avisan de una nueva crisis si no se toman medidas y reclaman sanear las cuentas y privatizar empresas públicas
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Algo más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos han suscrito una carta en la que piden al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie su política económica para evitar que España entre en una nueva crisis económica.
La carta está firmada por 102 personas, entre las que se encuentran los economistas Daniel Lacalle, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Rubén Manso, Benito Arruñada y Carlos Rodríguez Braun; la exministra del PP Elvira Rodríguez; el empresario y exdiputado por Ciudadanos, Marcos de Quinto, y los periodistas Carmen Tomás y Miguel Ángel Belloso.
Los firmantes denuncian que los españoles soportan actualmente “la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos” decididas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la inflación.
Pese a ello, avisan de que 2024 será el décimo séptimo año consecutivo en el que la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva deuda. “Ambos elementos muestran el desinterés del Gobierno por sanear las cuentas públicas”, denuncian.
A juicio de este grupo de economistas, empresarios, peridistas y académicas, el hecho de que la deuda pública en proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida en torno a los 100 puntos básico “son falsos consuelos”.
“La deuda pública cae como porcentaje del PIB en gran medida por la inflación (que engorda el PIB) y la prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede subir más allá de 37 grados, debido a que el Banco Central Europeo mantiene intervenido el mercado de deuda”, señalan los firmantes, que añaden que la acción del BCE y la suspensión hasta el pasado mes de diciembre de las reglas fiscales europeas “vienen disfrazando los desequilibrios” de la economía española y “agrandan los riesgos futuros”.
Así, lejos “de ir como una moto”, expresión que utilizó el presidente Sánchez en una comparecencia, los firmantes entienden que la economía española “va a menos”, pues 2024 será el año de menor crecimiento económico desde 2014, excluyendo el ejercicio 2020, el de la pandemia, y aun contando con los “dopajes” de los fondos europeos y un gasto público “que continúa inflando la demanda”.
Denuncian además que la productividad, medida en PIB por ocupado, se ha reducido cerca de un 4% entre 2018 y 2023, “el peor resultado entre los países avanzados”, y que la tasa de paro española sigue siendo la más alta de Europa.
CRITICAN LA “AGENDA INTERVENCIONISTA Y LIBERTICIDA” DEL EJECUTIVO
Los firmantes aseguran que, “lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el Gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz” y en la que la seguridad jurídica se ve “debilitada”.
“Se acaba de elevar el salario mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el Gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que establece el artículo 38 de la Constitución”, advierten.
“La política económica del Gobierno ahondará los problemas de competitividad y tarde o temprano eso se traducirá en un debilitamiento del empleo y los salarios y, con ello, de las cuentas públicas. Estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que se perdieron 3,7 millones de empleos”, sostiene la carta.
PRIVATIZAR EMPRESAS ESTATALES PARA AMORTIZAR DEUDA PÚBLICA
En este contexto, los firmantes de esta misiva consideran que lo que necesita la economía es un “urgente saneamiento del gasto público” que permita equilibrar las cuentas públicas y detener el crecimiento de la deuda pública.
En su opinión, la privatización de empresas estatales permitiría reunir recursos para amortizar deuda pública y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía.
“Con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida”, argumentan.
Abogan además por suprimir o atenuar “los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las pymes” para alentar la inversión productiva.
