Actualidad

Trabajo prepara para este año una ley para dar voz a las pymes en el diálogo social y contrarrestar a la CEOE

Frente a Cepyme, el Gobierno apuesta por la Conpymes, en cuya presentación participaron Yolanda Díaz y Begoña Gómez

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz planea aprobar este año una ley para rediseñar la configuración de la mesa del diálogo social y conseguir una mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas y hacer de contrapeso a la CEOE de Antonio Garamendi.

Se trata de la Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que se ha incluido en el plan anual normativo del Gobierno para 2024 y que ha sido recogido por Europa Press.

La ley tendrá como principal objetivo «desarrollar las reglas de representatividad empresarial», especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional.

Ya en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar había un apartado en el que los socios se comprometieron a desarrollar esta representatividad de las pymes y también del colectivo de autónomos mediante «un sistema basado en principios democráticos».

Ahora, la vicepresidenta segunda da un paso más e incluye esta ley en el plan normativo, lo que refleja la intención de su departamento de aprobar la norma este año.

REPRESENTA AL 10% DE LOS TRABAJADORES

Las pymes ya tienen a Cepyme como representante en el diálogo social, una organización que va de la mano de la CEOE, pero parece que la apuesta del Gobierno sería incluir también a la Confederación Nacional de Pymes y Autónomos (Conpymes). El presidente de esta patronal, José María Torres, defendió, en declaraciones a Europa Press, que la organización debería estar representada en el diálogo social, porque ya cumple con el requisito de representar a más del 10% de los trabajadores.

Desde Conpymes recuerdan que, según la Unión Europea, el diálogo social es «un motor clave para la resiliencia económica y social, la competitividad, la equidad y el crecimiento sostenible» y debe ser «objetivo y transparente» y seguir «criterios preestablecidos». A su juicio, actualmente las grandes empresas están sobrerrepresentadas ante el Gobierno, por lo que espera que su inclusión sea aprobada por todo el arco parlementario.

Conpymes, entre cuyos asociados figura COAG, Fenadismer y la patronal catalana de pymes Pimec, se presentó públicamente en mayo de 2021 en un acto en el que participaron la vicepresidenta Yolanda Díaz y la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Y PREPARA OTRA LEY PARA QUE LOS SINDICATOS LLEGUEN A LOS CONSEJOS

No es la única ley que Trabajo prepara este año, puesto que el plan normativo recoge otra iniciativa para que los sindicatos estén presentes en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales.

La idea de la líder de Sumar con su «Ley de democracia en la empresa» es impulsar una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas, en consonancia con el artículo 129 de la Constitución.

Para ello, se emularía la ley de cogestión de Alemania, con el objetivo de que las organizaciones sindicales participen en las decisiones de las altas cúpulas empresariales.

En lo que respecta a otras leyes, el departamento de Díaz plantea una norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de despido, para dar cumplimiento a la Carta Social Europea, reforzar la causalidad en los supuestos de extinción laboral y eliminar el despido automático con discapacidad sobrevenida.

Entre otros proyectos, el plan normativo incluye en materia laboral una ley integral de impulso de la economía social, otra para regular el sistema nacional de garantía juvenil en coordinación con el departamento de Juventud e Infancia, el estatuto del becario y la reforma del subsidio por desempleo, que se intentó aprobar vía decreto pero Podemos la tumbó por considerar que incluía un recorte para las cotizaciones de las personas mayores de 52 años.