Respalda a la CNMC, que cuestiona que el monopolio de los estancos en la venta de tabaco se extienda a cigarrillos electrónicos y vapeadores
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) ha advertido de que la venta exclusiva de cigarrillos electrónicos en estancos provocará la pérdida de 3.000 empleos y el cierre de unas 400 tiendas especializadas, al tiempo que minusvalora la eficacia del cigarrillo electrónico y obliga a aquellos que han conseguido dejar de fumar a acudir a los puntos de venta de tabaco tradicionales para adquirir sus productos.
El presidente de la UPEV, Arturo Ribes, ha querido mostrar su respaldo hacia las declaraciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que lo único que hacen es “reafirmar que la decisión del Gobierno es equivocada y sin argumentos válidos”.
“Lo único que van a provocar es, además de la caída de un sector que factura más de 80 millones al año y crea empleo, incitar a que los más de 500.000 vapeadores que han dejado el tabaco gracias a los cigarrillos electrónicos recaigan de nuevo y las tasas de tabaquismo suban más todavía”, ha señalado.
La asociación por su parte ya presentó ante la consulta pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, los argumentos por los cuales esta medida no debería de seguir adelante.
“Los razonamientos del Gobierno para aprobar esta ley no tienen ningún sentido. Uno de los principales argumentos es que quieren proteger a los menores. Sin embargo, no está justificado de una manera coherente ya que actualmente el número de menores que vapea se sitúa por debajo del 4%, frente al 12,5% de menores que fuma tabaco”, ha explicado Ribes.
En su opinión, “no hay evidencia que justifique esta decisión, ya que parece que existen garantías suficientes que prueban que actualmente estos quedan suficientemente protegidos”.
Las pymes que forman parte de este sector han conseguido en la última década consolidarse de una forma sostenible en el tiempo ofreciendo productos seguros y de calidad.
Se trata de un sector que cuenta con 400 tiendas y unos 3.000 empleos tanto directos como indirectos. De hecho, estima que para 2022 se alcance la cifra de los 100 millones de euros generando más empleo.
Sin embargo, el sector ha recalcado que no será posible “si siguen poniendo trabas y medidas como esta”. “El Gobierno asegura que todo esto no nos afectará, pero nuestro modelo de negocio es el de la venta especializada de productos del vapeo. Nos quieren cerrar y dicen que no nos afectará la medida”, ha destacado Ribes.
La CNMC ha publicado un informe en respuesta al Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados presentado el pasado mayo por el Gobierno, el cual pretende restringir la venta de cigarrillos electrónicos exclusivamente a estancos.
Dicho informe ha contado con el voto particular de un consejero de la CNMC, Xabier Ormaetxea, que recalca la importancia de acabar con el tabaquismo.
Además de advertir de la ausencia de un estudio de impacto económico y un análisis de medidas menos lesivas, la CNMC alerta que, si esta medida se llevase a cabo, supondría el fin de las tiendas especializadas.
“Será el cierre de la totalidad de los establecimientos dedicados a esta actividad en la actualidad que no sean estancos, una vez vencido el periodo transitorio contemplado. Todo ello no incentivará a la innovación de los productos relacionados del tabaco, también en lo referente a mejoras de aquellos en términos de salud pública”, señala.
Además, el organismo hace hincapié en la eficacia de este dispositivo para dejar de fumar y advierte de que el Gobierno está minusvalorando en este anteproyecto el efecto que el cigarrillo electrónico puede tener para aquellos fumadores que quieren dejar el tabaco.
Una situación completamente distinta, según el informe, en otros países vecinos como Gran Bretaña que apuesta por este dispositivo.
La CNMC insta al replanteamiento de la inclusión de estos productos en el régimen de monopolio estatal, dado que afirma que no se han aportado razones suficientes y tampoco parece que se esté aplicando esta medida para perseguir el interés público general, que no es otro que el de velar por la salud pública y acabar con el tabaquismo.
