Bruselas busca evadir el veto de Orbán para liberar los activos rusos congelados

La discusión ha reabierto un debate de fondo sobre el modelo de gobernanza de la Unión Europea, basado en la unanimidad para cuestiones sensibles de política exterior y financiera. La posibilidad de que el resto de socios busque vías alternativas al margen de Budapest plantea interrogantes sobre el futuro de la cohesión interna, el equilibrio entre soberanía nacional y decisiones comunes, y el grado de integración política que los Estados miembros están dispuestos a asumir en plena guerra en el este de Europa.

Un veto decisivo

El bloqueo de Orbán no se limita a una discrepancia técnica, sino que se interpreta en Bruselas como parte de una estrategia política más amplia de Hungría, que mantiene vínculos comerciales y energéticos relevantes con Rusia. Esta posición choca con la línea dominante en la UE, que apuesta por reforzar la presión económica sobre Moscú y garantizar un flujo estable de apoyo financiero a Kiev.

El uso de los activos rusos congelados se ha convertido en el eje del desacuerdo. Mientras la mayoría de capitales consideran que canalizar esos recursos hacia la reconstrucción y la resistencia ucraniana refuerza el mensaje de firmeza frente al Kremlin, Budapest insiste en que la medida podría generar consecuencias indeseadas y socavar sus propios intereses nacionales. El resultado es un bloqueo que tensiona la imagen de unidad europea en un momento de máxima exposición internacional.

Presión sobre Hungría

Ante esta situación, las instituciones comunitarias y varios Estados miembros trabajan para incrementar la presión política sobre Budapest y tratar de reconducir la negociación antes de la cumbre. La opción preferente sigue siendo un acuerdo dentro del marco habitual, pero la posibilidad de aislar a Hungría mediante soluciones alternativas gana peso en las discusiones internas.

El pulso con Orbán se produce, además, en un contexto de fricciones previas sobre el Estado de derecho y el acceso de Hungría a determinados fondos europeos, lo que complica aún más la ecuación. Para muchos socios, el veto al paquete de ayuda a Ucrania refuerza la percepción de que Budapest utiliza su poder de bloqueo como herramienta de presión en otros expedientes abiertos con la Comisión y el Consejo Europeo.

Advertencia de Bélgica

La posición de Bélgica introduce un matiz distinto en el debate. Aunque no comparte el enfoque político de Hungría respecto a Ucrania y Rusia, el Gobierno belga ha subrayado los riesgos financieros y reputacionales de movilizar activos congelados sin un encaje jurídico plenamente definido. Su preocupación se centra en el impacto que podría tener esta decisión sobre la credibilidad de la UE como plaza financiera y sobre futuras crisis en las que se recurra a la congelación de bienes de terceros países.

Esta advertencia obliga a Bruselas a trabajar en un diseño legal especialmente cuidadoso. No se trata solo de acelerar la ayuda a Kiev, sino de hacerlo de manera que resista eventuales impugnaciones ante tribunales internacionales y preserve la confianza de inversores y socios externos. La dimensión técnica y jurídica del plan se convierte así en un elemento tan decisivo como el consenso político.

Opciones jurídicas y políticas

Para sortear el bloqueo, los servicios jurídicos comunitarios y varios Estados miembros estudian mecanismos alternativos que permitan canalizar la ayuda sin necesidad de unanimidad. Entre las opciones debatidas figuran fórmulas de cooperación reforzada o estructuras financieras fuera del presupuesto comunitario, que podrían impulsar un grupo de países dispuestos a avanzar más rápido.

Un movimiento de este tipo tendría implicaciones de largo alcance. Por un lado, permitiría desbloquear la asistencia a Ucrania y enviar un mensaje de continuidad en el compromiso europeo. Por otro, abriría la puerta a una reconfiguración de la toma de decisiones en la UE, reduciendo el margen de los vetos individuales en áreas consideradas estratégicas. El equilibrio entre eficacia y cohesión interna se sitúa en el centro de esta reflexión.

Impacto geopolítico

El desenlace de este pulso será observado con atención tanto en Moscú como en otras capitales. Si la UE logra superar el veto húngaro y articular un mecanismo estable de financiación para Ucrania, proyectará una imagen de unidad y resiliencia frente a la presión externa. Un fracaso, en cambio, alimentaría la narrativa de división interna y podría debilitar la posición europea en otras negociaciones internacionales.

Más allá del frente ucraniano, la forma en que la Unión gestione este caso servirá de referencia para futuras crisis. La capacidad de responder de forma ágil, incluso cuando un Estado miembro se desmarca, se ha convertido en una variable clave de poder en un entorno global marcado por conflictos, sanciones y competencia geopolítica entre grandes bloques.

Escenario abierto

El debate sobre los 90.000 millones de euros en préstamos a Ucrania se ha transformado en un test sobre el modelo de gobernanza europea. La combinación de vetos políticos, dudas jurídicas y urgencias geoestratégicas obliga a los Estados miembros a replantearse los límites de la unanimidad y el alcance de la integración. Las próximas decisiones marcarán si la UE opta por reforzar los mecanismos que le permiten actuar sin bloqueos o si mantiene un sistema en el que la oposición de un solo socio puede frenar iniciativas de gran impacto.

En cualquier caso, el episodio deja una conclusión clara: la guerra en Ucrania no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los despachos europeos, donde se decide cómo y con qué instrumentos financieros y políticos sostener a Kiev. De la respuesta que dé la Unión a este desafío dependerá en buena medida la solidez de su proyecto común y la credibilidad de su política exterior en los próximos años.