La Administración de Donald Trump ha introducido este 13 de marzo de 2026 un giro de gran calado en su política hacia Venezuela. No se trata de un levantamiento general de sanciones, pero sí de una apertura suficientemente amplia como para alterar el tablero energético de corto plazo: Washington permitirá a empresas y agricultores estadounidenses comprar petróleo y productos petroquímicos venezolanos, incluido el fertilizante, justo cuando el encarecimiento de la energía amenaza con trasladarse a la gasolina, a la cesta de la compra y, en última instancia, a la inflación.

El movimiento llega con el mercado en tensión, con el Brent por encima de 103 dólares y con la Agencia Internacional de la Energía activando una liberación extraordinaria de 400 millones de barriles para amortiguar el golpe. La señal de fondo es inequívoca: cuando el coste económico aprieta, la geopolítica cambia de tono.

Un giro con fecha y precio

La clave del anuncio no está solo en Caracas, sino en Teherán. El estrechamiento del tráfico en el Golfo Pérsico y el impacto de la guerra con Irán han disparado los costes del crudo y han devuelto a la Casa Blanca un viejo temor: que la crisis energética vuelva a convertirse en crisis política. La flexibilización del régimen sancionador persigue precisamente eso, aumentar oferta y enfriar precios.

La cobertura financiera en Estados Unidos refleja el nerviosismo: el petróleo se ha movido otra vez por encima de la cota psicológica de los 100 dólares, mientras la interrupción de flujos en el Estrecho de Ormuz ha retirado del mercado más de 12 millones de barriles diarios. “Estas autorizaciones amplían la inversión permitida y las actividades en la industria energética de Venezuela y permiten la exportación directa de fertilizante a Estados Unidos para apoyar a nuestros agricultores”, señaló un funcionario del Tesoro. La frase resume el cambio: menos doctrina y más urgencia económica.

Más que crudo: también fertilizantes

Lo más revelador de la medida es que Washington no se ha limitado al petróleo. La actualización de la licencia amplía su alcance para incluir la compra de productos petroquímicos de origen venezolano, entre ellos fertilizantes y determinados precursores químicos. Este detalle cambia la naturaleza del paquete. El problema ya no es solo el surtidor; es también el campo.

El Estrecho de Ormuz mueve una parte crítica del comercio global de fertilizantes, y la presión sobre la campaña de siembra de primavera se ha intensificado con rapidez. La urea ha pasado de 400 a 600 dólares por tonelada en apenas dos semanas, lo que anticipa un nuevo ciclo de tensión en los costes agrarios. La consecuencia es clara: el Tesoro está actuando para contener un doble shock, energético y agrícola, antes de que llegue a las gasolineras, a las explotaciones agrarias y al consumidor final.

La letra pequeña de las licencias

El diagnóstico sería incompleto sin mirar la arquitectura jurídica. En febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ya había puesto en marcha varias piezas que preparaban esta apertura. Una licencia autoriza el suministro de bienes, tecnología, software y servicios para exploración, desarrollo o producción de petróleo y gas en Venezuela. Otra permite negociar y firmar contratos contingentes para nuevas inversiones. Y una tercera habilita operaciones del sector para un grupo tasado de compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell.

Además, el esquema impone condiciones severas: contratos bajo ley estadounidense, pagos a personas bloqueadas canalizados a fondos designados por el Tesoro, informes a los 10 días de la primera operación y cada 90 días después. No hay barra libre. También quedan fuera Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y entidades vinculadas a China. Este hecho revela una apertura controlada al milímetro: Washington quiere barriles y fertilizante, pero sin ceder el mando político del proceso.

Del castigo general al pragmatismo selectivo

El contraste con años anteriores resulta demoledor. En 2019, Estados Unidos bloqueó formalmente a PdVSA y convirtió el petróleo venezolano en una pieza central de su estrategia de presión contra Nicolás Maduro. En 2024, la Administración Biden llegó a ensayar una apertura más amplia, aunque la recondujo rápidamente hacia un proceso de retirada. Lo que ocurre ahora es distinto: no se reedita una liberalización general, sino un sistema de corredores autorizados, compañías escogidas y condiciones contractuales impuestas desde Washington.

El mensaje político es de una claridad poco habitual: las sanciones dejan de ser un muro uniforme para convertirse en una herramienta de gestión táctica de la oferta. Dicho de otro modo, Estados Unidos no está normalizando su relación con Venezuela; está dosificando el acceso a sus recursos cuando el mercado lo exige. Y esa diferencia, aunque técnica, es la que marca el nuevo equilibrio entre seguridad nacional, inflación y suministro.

Reservas gigantes, infraestructuras exhaustas

Ahora bien, la reapertura parcial no convierte de repente a Venezuela en una solución inmediata. El país posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, con unos 303.000 millones de barriles, equivalentes a alrededor del 17% del total mundial, pero arrastra una década larga de deterioro operativo, infraestructuras degradadas y escasez de inversión. Pese a ese volumen extraordinario de reservas, Venezuela apenas ha representado en los últimos años una fracción mínima de la producción mundial.

Buena parte de sus recursos se concentra en el cinturón del Orinoco, un crudo extrapesado más costoso de manejar y refinar. Por eso el efecto inmediato de la medida será limitado. En un escenario razonable de estabilidad política, jurídica y operativa, la producción podría acercarse a 1,5 millones de barriles diarios en 2028. Es decir, hay potencial, pero no milagro. El cuello de botella no está en el subsuelo, sino en la capacidad real de extraer, procesar y exportar con regularidad.

La pieza española y el factor Repsol

Para España, el detalle no es menor: Repsol figura entre las compañías habilitadas para operar bajo este nuevo esquema. En la práctica, esto coloca a la petrolera española en una posición de ventaja relativa si Washington sigue ampliando la ventana venezolana. No significa que mañana vaya a fluir un volumen masivo de crudo hacia Europa, pero sí refuerza su capacidad de maniobra en un mercado donde el crudo pesado sigue siendo valioso y escaso.

Además, los flujos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela ya existían, aunque con oscilaciones pronunciadas. Las importaciones estadounidenses de crudo y productos venezolanos promediaron 132.000 barriles diarios en 2023, 231.000 en 2024 y 144.000 en 2025. Ese historial demuestra que no se parte de cero, pero también que el flujo depende por completo de la licencia política. Lo más grave para Caracas es precisamente eso: su petróleo vuelve a venderse, sí, pero bajo la tutela jurídica y financiera de Washington.

Qué puede pasar ahora

A corto plazo, la medida ofrece una válvula de escape, no una solución definitiva. La liberación récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de la AIE y sus miembros dejó claro que el mercado sigue muy tensionado y que ninguna fuente alternativa puede sustituir de inmediato el volumen comprometido por la crisis de Ormuz. Venezuela puede aportar alivio marginal, sobre todo en crudo pesado y en petroquímicos, pero el verdadero valor de la decisión estadounidense está en el mensaje.

La prioridad pasa a ser contener la inflación y evitar un shock alimentario en pleno calendario agrícola. Si la guerra con Irán se prolonga, es plausible que Washington recurra a más flexibilizaciones selectivas. Si el conflicto se enfría, estas licencias podrían quedar como un instrumento puntual de estabilización. El diagnóstico, en todo caso, ya es inequívoco: cuando la energía amenaza crecimiento, precios y voto, las sanciones dejan de ser un fin en sí mismas y pasan a comportarse como un regulador más del mercado.