España cesa a su embajadora en Israel y rebaja relaciones

La decisión ya es oficial: España ha cesado a Ana María Sálomon Pérez como embajadora en Israel y rebaja su representación en Tel Aviv al rango de encargado de negocios. El acuerdo, aprobado en el Consejo de Ministros del 10 de marzo y publicado en el Boletín Oficial del Estado, consolida una ruptura que se venía gestando desde hace más de dos años.

Con este movimiento, el puesto de embajador queda vacante desde el 11 de marzo de 2026 y la gestión diaria pasa a manos de la diplomática Francisca María Pedrós Carretero, ya al frente de la misión desde que Sálomon fue llamada a consultas en septiembre de 2025. No es un gesto técnico: supone dejar la relación bilateral en un nivel casi mínimo sin llegar a la ruptura formal.

El Gobierno responde así a una cadena de choques con Israel que arrancó con la ofensiva sobre Gaza en 2023, la matanza de más de 72.000 palestinos y el reconocimiento español del Estado palestino en mayo de 2024, que llevó a Tel Aviv a retirar a su embajadora de Madrid.

Una ruptura diplomática que se cocina desde 2023

El cese de Sálomon es el capítulo final de una crisis que empezó mucho antes de la firma en el BOE. La embajadora fue nombrada en 2021 y su mandato coincidió con el periodo más tenso de la relación bilateral desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 1986.

El primer gran choque llegó en noviembre de 2023, cuando Israel convocó a la embajadora para reprenderla tras las críticas de Pedro Sánchez a la respuesta militar en Gaza, ya entonces con miles de civiles muertos. Un año después, la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer al Estado palestino el 28 de mayo de 2024 llevó al Gobierno de Benjamin Netanyahu a llamar a consultas a su embajadora en Madrid.

A partir de ahí, la escalada fue constante. En mayo de 2025, Sálomon volvió a ser citada después de que Sánchez afirmara en el Congreso que España “no negocia con un Estado genocida”, en referencia a Israel. En septiembre de 2025, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dio un paso más y llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, en respuesta a las acusaciones de antisemitismo y a las sanciones israelíes contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Desde entonces, Sálomon permanecía físicamente en Madrid y la embajada funcionaba de facto sin embajador residente. El cese de ahora no sorprende en Exteriores, pero sí cierra la puerta a una normalización rápida, porque obliga a abrir un nuevo proceso de nombramiento y a solicitar de nuevo el plácet israelí.

Del reconocimiento de Palestina al embargo de armas

El deterioro diplomático no puede entenderse sin la guerra de Gaza. Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí ha dejado más de 72.000 palestinos muertos y más de 170.000 heridos, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza y estimaciones independientes publicadas en revistas como The Lancet.

La consecuencia política en Madrid fue un giro gradual, pero decidido. Primero, el reconocimiento de Palestina en 2024. Después, en septiembre de 2025, un paquete de nueve medidas para presionar a Israel: formalización por ley del embargo de armas, veto al paso por puertos y espacio aéreo españoles de barcos y aviones con armas o combustible para el ejército israelí, prohibición de entrada a España de personas implicadas en crímenes de guerra y limitación de la asistencia consular a españoles residentes en asentamientos ilegales.

Ese paquete convirtió a España en uno de los países más duros de la UE con Israel. «No nos dejaremos amedrentar en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos», insistió Exteriores entonces, en una formulación que marcó el tono de la política española hacia el conflicto.

El cese de la embajadora encaja en esa lógica: el Gobierno refuerza el mensaje de que no habrá marcha atrás mientras continúe la ofensiva en Gaza y se mantengan las sanciones y acusaciones del Ejecutivo israelí contra miembros del gabinete español.

Qué significa rebajar la misión a encargado de negocios

Técnicamente, España no rompe relaciones diplomáticas con Israel. Pero rebajar la misión al nivel de encargado de negocios es el paso inmediatamente anterior. En la práctica, supone que la embajada continúa operativa, pero sin representante con rango de embajador ni acceso directo al máximo nivel político.

El encargado de negocios puede gestionar asuntos consulares, coordinar visitas técnicas o mantener contactos de trabajo, pero su capacidad para negociar acuerdos políticos o desbloquear crisis es limitada. En términos simbólicos, el mensaje es nítido: España no considera que existan condiciones para una relación “plena”.

El contraste con la situación previa resulta elocuente. Hasta 2023, la embajada española en Tel Aviv contaba con secciones política, económica, militar y cultural muy activas, en paralelo a un comercio bilateral que superaba los 3.500 millones de euros anuales, incluyendo un fuerte peso de los sectores automovilístico, químico y agroalimentario.

Ahora, buena parte de esa agenda queda congelada o relegada a contactos de segundo nivel. Las visitas de alto rango, tanto políticas como empresariales, se vuelven más complicadas. Y cualquier gesto simbólico —desde una votación en Naciones Unidas hasta una foto en Bruselas— se interpreta a la luz de esta rebaja formal.

Impacto económico: defensa, turismo y cooperación en el aire

El Gobierno insiste en que la defensa de los derechos humanos no está a la venta, pero el movimiento tiene consecuencias económicas. España exportó a Israel bienes por 1.790 millones de dólares en 2024, fundamentalmente vehículos, cerámica, equipamiento eléctrico y maquinaria.

En el ámbito de defensa, la relación ya venía erosionada. Entre enero de 2023 y junio de 2024, España autorizó exportaciones de material militar “no letal” a Israel por casi 50 millones de euros, cifra relativamente modesta pero políticamente muy sensible. Tras el 7 de octubre, el Gobierno asegura que no se han concedido nuevas licencias definitivas de armamento, aunque informes independientes han detectado envíos y contratos por al menos 5,3 millones en armas y munición durante los primeros meses de la guerra, generando acusaciones de falta de transparencia.

El turismo también puede verse afectado. Antes de la guerra, decenas de miles de israelíes viajaban cada año a España y el flujo de visitantes españoles a Israel crecía con fuerza, especialmente en viajes religiosos y de negocios. La rebaja de relaciones no implica cancelar esos movimientos, pero sí aumenta la percepción de riesgo político y complica la cooperación en seguridad y aviación civil.

La consecuencia es clara: la apuesta de Sánchez por un perfil más duro frente a Israel puede tensionar sectores que, hasta ahora, se habían mantenido relativamente ajenos al conflicto, desde la automoción a la industria farmacéutica y tecnológica.

La jugada de Sánchez en la UE y la OTAN

Más allá de la relación bilateral, el cese de la embajadora es también una pieza de la estrategia de Pedro Sánchez dentro de la UE y la OTAN. España se ha colocado en el grupo de países europeos —junto a Irlanda, Bélgica o Eslovenia— que abogan por sanciones más duras y un reconocimiento efectivo de Palestina, frente a socios como Alemania o Hungría, mucho más alineados con Israel.

En ese contexto, mantener una embajadora en Tel Aviv mientras se exige un alto el fuego, un embargo de armas y una Comisión internacional que investigue posibles crímenes de guerra resultaba cada vez menos coherente con el discurso interno del Gobierno y con la presión de sus socios a la izquierda.

«España no será neutral ante un genocidio retransmitido en directo», repiten en privado dirigentes de Sumar y de la izquierda parlamentaria, que llevaban meses reclamando no solo la llamada a consultas, sino el cierre total de la legación. El Ejecutivo ha optado por una vía intermedia: rebaja al mínimo sin ruptura formal, manteniendo margen para reactivar la relación si el contexto cambia.

En clave interna, el gesto permite a la Moncloa blindarse frente a las críticas de sus socios y de una parte de la opinión pública, muy movilizada por la guerra de Gaza, sin desembocar en una ruptura que generaría resistencias en el ámbito empresarial, europeo y atlántico.

Tel Aviv, Madrid y la batalla del relato

En Jerusalén, la lectura es radicalmente diferente. Para el Gobierno israelí, España se ha convertido en uno de los países más hostiles dentro de la UE. Las acusaciones de antisemitismo contra el Ejecutivo de Sánchez, las sanciones personales a ministras españolas y las repetidas convocatorias de la embajadora han alimentado un relato de Gobierno “corrupto” y “alineado con Hamás”, difundido por el Ministerio de Exteriores israelí desde 2025.

La respuesta española ha sido igualmente dura: rechazo frontal a las “calumnias”, denuncia de las sanciones contra miembros del Gobierno y defensa de que las medidas contra Israel reflejan “el sentir mayoritario de la sociedad española”. En este clima, la permanencia de Sálomon al frente de la embajada era insostenible, tanto por la presión política como por el desgaste personal acumulado tras múltiples reprimendas públicas.

La batalla del relato se libra, además, en los organismos internacionales. España ha votado sistemáticamente a favor de resoluciones que piden un alto el fuego inmediato, investigación internacional sobre posibles crímenes de guerra y medidas para garantizar la reconstrucción de Gaza, que exigirá al menos 17.000 millones de dólares en la próxima década, según estimaciones de organismos internacionales.