Sánchez desafía a Trump y reclama una transición venezolana soberana
España busca erigirse en mediador frente a una administración externa pilotada desde Washington y blindar el control venezolano sobre su petróleo
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha actuado como un terremoto diplomático que España no está dispuesta a contemplar desde la barrera. Pedro Sánchez ha decidido dar un paso al frente y marcar distancias con la estrategia de hechos consumados de Washington: la salida de la crisis, sostiene Moncloa, debe ser decidida por los venezolanos, no dictada desde el exterior.
Detrás de este nuevo protagonismo se mezclan intereses históricos, económicos y políticos. España es el segundo mayor inversor europeo en América Latina y varias de sus grandes compañías energéticas y financieras tienen exposición directa en Venezuela y en la región. Permitir una administración externa del país, diseñada solo en clave de seguridad y petróleo por parte de Estados Unidos, supondría aceptar un cambio de reglas sin contrapartidas.
Por eso, el Gobierno ha activado una estrategia inédita: diálogo simultáneo con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y con el opositor Edmundo González, al tiempo que teje una coordinación estrecha con Brasil, México y Colombia. El objetivo oficial es “facilitar una transición democrática venezolana de origen interno”. El real, según admiten fuentes diplomáticas, es evitar que el futuro del país quede tutelado únicamente por la Casa Blanca.
La jugada, sin embargo, entraña riesgos claros: tensión abierta con Washington, posibles represalias económicas y la incógnita de si España tiene realmente músculo para influir en un tablero dominado por la potencia militar y financiera estadounidense.
Tradicionalmente, España ha mantenido una posición prudente y de bajo perfil en las grandes crisis latinoamericanas, amparándose en el argumento de no reproducir viejos esquemas de injerencia. Esta vez, el guion ha cambiado. La captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses ha sido leída en Madrid como un salto de escala que afectará durante años al equilibrio político y energético de la región.
En Moncloa se asume que la pasividad tendría un coste elevado. España concentra más del 30% de la inversión directa europea en América Latina y cerca de un 6%-7% de sus exportaciones van a la zona. Dejar el futuro de Venezuela exclusivamente en manos de una administración interina pactada desde Washington significaría, en la práctica, aceptar una arquitectura post-Maduro diseñada sin Europa.
Sánchez ha dado instrucciones para que Exteriores y la Secretaría de Estado para Iberoamérica abandonen la lógica de mera observación y pasen a una posición de “propuesta y acompañamiento”. El mensaje hacia las capitales latinoamericanas es que España quiere jugar como socio, no como árbitro, pero que no avalará una transición tutelada por una potencia extrarregional.
La consecuencia es un reposicionamiento claro: España deja de ser un actor secundario en el expediente venezolano y se presenta como puente entre América Latina, la UE y, en última instancia, Estados Unidos, aunque ese puente no esté exento de tensiones.
Rechazo frontal a una tutela estadounidense sobre Caracas
El punto de fricción central con Washington es nítido. Mientras la Casa Blanca defiende que la captura de Maduro abre la puerta a una “normalización acelerada” bajo un esquema de administración interina con fuerte presencia estadounidense, el Gobierno español insiste en que cualquier solución que no nazca de un acuerdo entre fuerzas venezolanas corre el riesgo de ser percibida como una ocupación de facto.
Fuentes diplomáticas resumen así la línea roja de Moncloa: «España no puede avalar un modelo en el que la seguridad y el petróleo se decidan en el Despacho Oval y en los consejos de administración de las petroleras, sin una legitimidad democrática interna mínimamente robusta». De ahí la insistencia en hablar de soberanía y de “propiedad venezolana” de los recursos.
Este rechazo no implica un alineamiento automático con el chavismo residual ni un aval ciego a la oposición tradicional. Lo que Madrid quiere evitar es que, bajo la etiqueta de “reconstrucción”, se consolide un sistema en el que los grandes contratos energéticos, infraestructuras y deuda se repartan sin consulta real a la sociedad venezolana.
El mensaje a Washington es incómodo pero explícito: España reconoce la gravedad del régimen de Maduro, pero también la necesidad de respetar el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. En otras palabras, no se trata de defender al viejo poder, sino de cuestionar la forma en que se pretende instaurar el nuevo.
Diálogo simultáneo con Delcy Rodríguez y Edmundo González
La pieza más delicada de la estrategia española es el doble canal de comunicación abierto con Caracas. Por un lado, con Delcy Rodríguez, presidenta interina tras la captura de Maduro y figura clave en el aparato institucional heredero del chavismo. Por otro, con Edmundo González, referente opositor llamado a desempeñar un papel central en cualquier transición creíble.
Ese doble interlocutor es arriesgado: expone a España a las críticas cruzadas de ambos bandos y despierta suspicacias tanto en Washington como en algunos gobiernos europeos. Sin embargo, en Moncloa se defiende como la única vía realista para acercar posiciones. “Si hablas solo con uno, te conviertes en parte del problema; si hablas con los dos, al menos puedes aspirar a ser parte de la solución”, resume un alto cargo.
El objetivo es fomentar un acuerdo de mínimos que incluya, entre otros puntos, garantías para una convocatoria electoral supervisada, un esquema de reparto temporal de poder institucional y algún tipo de blindaje sobre la gestión de PDVSA y los ingresos petroleros hasta que exista un gobierno plenamente legitimado.
En privado, algunos diplomáticos reconocen que la apuesta es “cirugía a corazón abierto”: cualquier filtración, gesto mal calculado o cambio brusco de actitud de Washington puede dinamitar unas conversaciones que apenas empiezan. Pero también admiten que, si España quiere ser algo más que un comentarista de la crisis, no tiene alternativa.
Eje iberoamericano: Brasil, México y Colombia como aliados
España no juega sola. Una de las claves del movimiento de Sánchez ha sido tejer una coalición diplomática con Brasil, México y Colombia, tres países que comparten frontera o intereses directos con Venezuela y cuyo peso regional resulta determinante. El objetivo es presentar una posición coordinada que presione por una transición democrática autóctona y reduzca el margen para soluciones de fuerza.
Brasil aporta masa crítica económica y política en Sudamérica, México su papel de bisagra entre Norte y Sur, y Colombia la perspectiva de un vecino que ha soportado durante años el impacto migratorio y de seguridad del colapso venezolano. Con España, conforman un grupo de contacto informal que intenta articular una salida pactada, lejos del eje puramente Washington–Caracas.
Este frente busca también influir en la posición de la Unión Europea, donde conviven sensibilidades muy distintas respecto a Venezuela. Madrid aspira a que la UE respalde una postura que combine presión sobre los responsables de violaciones de derechos humanos con apoyo a un proceso interno de negociación, y no solo el reconocimiento acrítico de cualquier arreglo político que llegue desde Estados Unidos.
La pregunta es hasta dónde llegará la coordinación. Si Brasil, México, Colombia y España son capaces de mantener un discurso sólido y coherente, podrían reducir el espacio para aventuras unilaterales. Si, en cambio, pesan más los intereses nacionales de corto plazo, el grupo corre el riesgo de diluirse en declaraciones sin efecto.
Petróleo, empresas y riesgo para los intereses españoles
En el fondo de la jugada late un factor que nadie oculta: el petróleo venezolano. El país caribeño alberga una de las reservas probadas más grandes del mundo, por encima de los 300.000 millones de barriles según estimaciones previas a la crisis. Controlar su flujo significa disponer de una palanca de primer orden sobre precios y suministros en el mercado global.
España no es un actor petrolero de primer nivel, pero sí un país con empresas energéticas y de servicios con intereses en la región, además de grupos financieros y constructoras expuestos a la deuda y a futuros contratos de reconstrucción. Una administración externa de Venezuela negociada exclusivamente entre Washington y un puñado de gigantes del sector dejaría a Madrid fuera de la mesa en la que se reparta el nuevo mapa de contratos y licitaciones.
Además, el Gobierno español teme el efecto dominó. Si se normaliza que una potencia defina de facto un régimen de tutela sobre un país en crisis, otros escenarios latinoamericanos con recursos estratégicos podrían seguir el mismo camino en el futuro. De ahí que Moncloa insista en que el control de los recursos debe depender “del mandato democrático de los venezolanos, no de acuerdos bilaterales opacos”.
La defensa del principio no está exenta de pragmatismo: España sabe que, si logra que la transición incluya mecanismos de transparencia y reparto, sus empresas tendrán más opciones de competir en igualdad de condiciones frente a conglomerados respaldados directamente por Washington.
La fricción con Washington y el margen real de maniobra
El choque de visiones entre Madrid y Washington es ya evidente. Mientras la administración Trump —y su entorno diplomático— reivindican el éxito de la operación que acabó con la captura de Maduro y hablan de “restaurar la democracia” a golpe de intervención, el Gobierno español insiste en el respeto al derecho internacional, la soberanía y los canales multilaterales.
Esta discrepancia abre un periodo de tensión controlada. España depende de Estados Unidos en múltiples planos —defensa, comercio, coordinación en la OTAN— y es consciente de que un enfrentamiento frontal sería costoso. Pero también percibe que callar y asentir dañaría su credibilidad en América Latina y la dejaría sin voz propia en un dossier clave.
El margen de maniobra real es limitado. Madrid puede liderar posiciones en la UE, sumar socios regionales y ofrecer espacios para el diálogo, pero no puede alterar unilateralmente un equilibrio de fuerzas en el que Washington marca los tiempos. De ahí que la estrategia se base en “ensayar hasta el límite”: influir en el diseño de la transición sin romper los puentes con la Casa Blanca.
Los próximos meses dirán si esa apuesta sutil consigue modular una política de hechos consumados o si, por el contrario, Estados Unidos impone su hoja de ruta y relega a España al papel de actor testimonial.
