Honduras persigue a su expresidente: orden de captura mundial contra Juan Orlando Hernández por corrupción

La decisión judicial abre un nuevo capítulo en la trayectoria política y judicial del exmandatario hondureño, que pasa de ser beneficiario de un indulto en Estados Unidos a enfrentar nuevamente la amenaza de un proceso penal impulsado desde Tegucigalpa. El anuncio ha generado expectación dentro y fuera de Honduras, tanto por la dimensión institucional del caso como por sus implicaciones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la región.

La orden del fiscal general

En un mensaje difundido a través de X , el fiscal general Johel Antonio Zelaya informó públicamente de la orden de arresto contra Juan Orlando Hernández. «Informe al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC y también insto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como INTERPOL , a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández», escribió el jefe del Ministerio Público.

La mención explícita a organismos nacionales e internacionales apunta a una estrategia coordinada para localizar y detener al exmandatario allí donde se encuentre. La orden de captura internacional implica que las autoridades hondureñas buscarán el apoyo de otros Estados y agencias para asegurar que Hernández responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.

Cargos de lavado de dinero y fraude

De acuerdo con la información difundida por el fiscal general, los cargos que pesan sobre Hernández incluyen lavado de dinero y fraude , ambos vinculados a un caso relacionado con su primera campaña presidencial . Estos señalamientos apuntan a presuntas irregularidades en la financiación de la actividad política que le llevaron por primera vez a la Presidencia de la República.

El foco está puesto en el posible uso de fondos de origen ilícito y en la manipulación de recursos con multas electorales. De confirmarse, se trataría de delitos que no solo comprometen la legalidad de la campaña, sino que afectarían a la credibilidad de las instituciones y al propio sistema democrático hondureño. La investigación que respalda la orden de captura deberá precisar el origen de los recursos, las estructuras que habrían facilitado las operaciones financieras y el grado de participación del exmandatario.

Un indulto polémico en Estados Unidos

La orden de captura llega poco después de que Juan Orlando Hernández fuera indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lo que permitió su liberación de prisión . Ese indulto supuso un giro significativo en la situación judicial del exmandatario, que había afrontado procesos en territorio estadounidense y cuya excarcelación generó debate tanto en Honduras como en la comunidad internacional.

El contraste entre el indulto en Estados Unidos y la nueva acción penal en Honduras coloca al expresidente en el centro de una compleja trama jurídica binacional. Por un lado, la decisión de Washington de conceder el indulto; por otro, la determinación de las autoridades hondureñas de investigar y perseguir presuntos delitos cometidos en el marco de la política interna del país. El resultado es un escenario en el que el futuro judicial de Hernández dependerá en buena medida de la cooperación entre ambas jurisdicciones.

Mensaje contra la corrupción y las redes criminales.

En su mensaje público, Zelaya subrayó el contexto de corrupción sistémica y criminalidad organizada en el que se inscribe la orden de captura. «Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país», afirmó el fiscal general, vinculando el caso Hernández con un esfuerzo más amplio por depurar responsabilidades y recuperar la confianza en las instituciones.

Estas palabras buscan enviar una señal clara tanto a la ciudadanía como a las élites políticas y económicas: el Ministerio Público está dispuesto a impulsar acciones contra figuras de alto perfil cuando existen indicios de delito. La referencia a «tentáculos» y «redes» sugiere que el caso podría no limitarse a una sola persona, sino abarcar a estructuras más amplias vinculadas a la financiación política y al destino de recursos.

Papel de ATIC e INTERPOL

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) será la encargada de liderar las diligencias en el ámbito interno, reuniendo pruebas, localizando bienes y coordinando operativos con otras fuerzas de seguridad. Su participación resulta clave para sostener el caso ante los tribunales y garantizar que la orden de captura no quede en una mera declaración de intenciones.

En paralelo, la mención a INTERPOL apunta a la emisión de una notificación internacional que permita la detención provisional del exmandatario en terceros países. Este tipo de cooperación resulta esencial cuando el investigado podría encontrarse fuera de las fronteras nacionales. El éxito de la operación dependerá de la respuesta de los Estados que reciban la alerta y de los acuerdos bilaterales o multilaterales que Honduras mantenga con ellos.

Escenario político y judicial abierto

La orden de captura contra Juan Orlando Hernández abre un escenario de alta tensión política y jurídica en Honduras. Para el Gobierno y las instituciones de justicia, el reto será demostrar que las acciones emprendidas responden a criterios estrictamente legales y no a ajustes de cuentas políticas. Para la oposición y la sociedad civil, el caso se presenta como una prueba de fuego sobre la verdadera voluntad del Estado de combatir la corrupción en todos los niveles.

A partir de ahora, el desarrollo del proceso —la eventual captura, las audiencias judiciales y las decisiones de los tribunales— será seguido de cerca tanto dentro como fuera del país. En última instancia, el desenlace del caso Hernández no solo definirá el futuro del expresidente, sino que servirá como termómetro de la capacidad de Honduras para enfrentar los delitos de corrupción y recomponer la confianza en su sistema de justicia.