Las protestas dejan al menos 648 muertos y arrinconan al régimen iraní
El estallido social más grave en décadas combina represión, crisis económica y apagón informativo mientras crecen los riesgos geopolíticos y energéticos
Las calles de Irán arden desde hace semanas. Las ONG locales cifran ya en al menos 648 los muertos en las protestas que recorren el país, una cifra que podría ser muy superior bajo el férreo control informativo del régimen. La chispa fue la muerte bajo custodia de una joven detenida por la policía moral, pero el combustible llevaba años acumulándose: inflación disparada, paro juvenil masivo y un hartazgo profundo con la represión política.
La respuesta del Estado ha sido contundente: detenciones masivas, uso sistemático de munición real y cortes de internet de hasta 20 horas diarias en varias provincias clave. Mientras tanto, Naciones Unidas y las principales capitales occidentales multiplican las condenas, pero el aparato de seguridad iraní mantiene el control y cierra toda vía de mediación interna. El impacto va mucho más allá de los derechos humanos: el riesgo de desestabilización en un productor clave de petróleo empieza a filtrarse a los mercados de energía y a las primas de riesgo regionales.
Un estallido anunciado tras años de malestar acumulado
Las protestas actuales no surgen en el vacío. Durante la última década, Irán ha encadenado crecimientos anémicos, sanciones internacionales y episodios periódicos de contestación social. El PIB se ha contraído o estancado en cinco de los últimos diez años, mientras la inflación oficial ronda el 40%-45% y el desempleo juvenil supera el 30%, según estimaciones de centros de estudios independientes.
En este contexto, la detención y muerte en custodia de una joven acusada de incumplir las normas de vestimenta ha actuado como catalizador. Lo que comenzó como movilizaciones en torno a los derechos de las mujeres se ha transformado en un cuestionamiento abierto del sistema político. Las consignas ya no piden solo reformas, sino cambios estructurales.
El contraste con anteriores oleadas de protesta es evidente. Esta vez, la geografía es más amplia —decenas de ciudades medianas se han sumado al movimiento— y la composición social, más diversa: estudiantes, trabajadores del sector público, comerciantes tradicionales y trabajadores del petróleo han coincidido en las calles. El diagnóstico es inequívoco: el contrato social que sostenía al régimen se ha erosionado hasta el límite.
La chispa de 2025: de un caso concreto a un desafío nacional
El episodio que desencadena la crisis llega a finales de 2025, cuando la noticia de la muerte de la joven detenida por la policía moral se extiende por redes sociales y canales cifrados. Primero fueron vigilias y concentraciones localizadas; después, marchas simultáneas en Teherán, Mashhad, Isfahán y Shiraz.
En cuestión de días, las demandas se amplían: fin de la policía moral, liberación de presos políticos, garantías de igualdad legal para las mujeres y, sobre todo, responsabilidades concretas por las muertes en custodia. Los vídeos que logran esquivar la censura muestran manifestaciones de decenas de miles de personas en las principales ciudades, con un grado de desafío que no se veía desde 2009.
“Lo que ha cambiado es la sensación de que ya no hay nada que perder”, explica un investigador iraní en el exilio citado por organizaciones de derechos humanos. “Una generación entera ha crecido solo con sanciones, inflación y represión; para ellos, el riesgo de salir a la calle es alto, pero el de seguir como hasta ahora lo es aún más”.
La consecuencia es clara: el régimen ya no se enfrenta solo a focos puntuales de disidencia, sino a una protesta que cuestiona la legitimidad misma del sistema político y religioso.
Represión masiva y una cifra de muertos que podría ser mucho mayor
Frente a la expansión de las protestas, la reacción de las fuerzas de seguridad ha sido rápida y brutal. La organización Iran Human Rights documenta al menos 648 muertos desde el inicio de las movilizaciones, incluidos menores de edad, y varios miles de detenidos en todo el país.
Los testimonios recabados hablan de disparos a quemarropa, uso de francotiradores y presencia masiva de la Guardia Revolucionaria en las calles más conflictivas. Las morgues y hospitales de provincias como Kurdistán, Sistán-Baluchistán o Juzestán operan al límite, mientras se multiplican las denuncias sobre la negativa de las autoridades a entregar cuerpos a las familias sin condiciones previas.
La cifra de 648 víctimas mortales, aun siendo dramática, podría ser solo una estimación conservadora. En varias zonas rurales y ciudades periféricas no hay prensa independiente ni observadores internacionales, y el acceso físico está fuertemente restringido. El contraste con el discurso oficial, que habla de “disturbios aislados” y “muertos por causas desconocidas”, subraya la brecha entre realidad y propaganda.
Lo más grave es que la represión no parece haber alcanzado aún su techo. Cada nuevo funeral se convierte en foco de protesta, alimentando un círculo de violencia y duelo colectivo difícil de contener a corto plazo.
El apagón digital como arma de Estado
Uno de los rasgos más inquietantes de esta crisis es el uso sistemático de apagones de internet y bloqueo de comunicaciones como herramienta de control social. Desde el inicio de las protestas, el gobierno ha impuesto cortes totales o parciales de conexión en más de una docena de provincias, con periodos de desconexión que superan las 20 horas diarias en algunos casos.
El objetivo es doble. En primer lugar, fragmentar la capacidad de coordinación del movimiento, dificultando la convocatoria simultánea de marchas y la difusión de rutas de protesta o alertas sobre presencia policial. En segundo, levantar un muro de opacidad frente al exterior, reduciendo la capacidad de medios internacionales, ONG y gobiernos extranjeros para evaluar la magnitud real de la represión.
El impacto económico tampoco es menor. Cada día de apagón supone pérdidas millonarias para el comercio digital, los servicios financieros y las remesas, en una economía ya castigada por décadas de sanciones. Varios analistas calculan que el coste acumulado de los cortes podría superar el 1% del PIB anual si se prolongan durante varios meses.
Este hecho revela una paradoja: el régimen utiliza la tecnología para sofocar la disidencia, pero al hacerlo debilita aún más los cimientos económicos que alimentan el malestar social.
La respuesta internacional: condenas, pero pocas palancas reales
La comunidad internacional ha reaccionado con un guion conocido. Naciones Unidas, la Unión Europea y varios gobiernos occidentales han emitido resoluciones de condena y llamamientos a la contención, mientras las principales ONG de derechos humanos exigen investigaciones independientes y sanciones dirigidas contra los responsables de la represión.
Sin embargo, el peso real de estas declaraciones es limitado. Irán lleva más de una década operando bajo un régimen complejo de sanciones financieras y energéticas; los márgenes adicionales para castigar al país sin afectar a la población civil son cada vez menores. Al mismo tiempo, China y Rusia mantienen vínculos estratégicos y comerciales con Teherán, reduciendo el impacto de cualquier presión unilateral de Occidente.
“Estamos ante un régimen acostumbrado a sobrevivir en modo cerco”, resume un diplomático europeo. “Las condenas son necesarias, pero la capacidad de influir en su comportamiento interno es muy reducida”.
Lo más preocupante es que, mientras las capitales occidentales calibran sus opciones, la ventana para una salida negociada se estrecha. Sin canales de mediación creíbles entre el gobierno y los manifestantes, la crisis corre el riesgo de cronificarse en un escenario de baja intensidad pero alta violencia, con episodios periódicos de represión y protestas.
El frente económico: inflación, devaluación y petróleo en riesgo
En paralelo al drama humano, la economía iraní acusa con fuerza el impacto de la crisis. El rial ha sufrido nuevas presiones en el mercado paralelo, con depreciaciones de entre el 10% y el 15% frente al dólar desde el inicio de las protestas, mientras los precios de bienes básicos vuelven a acelerarse.
Las movilizaciones han afectado también a sectores críticos como el petróleo y la petroquímica. Trabajadores de varias refinerías y plantas de gas se han sumado a las protestas con paros intermitentes, y se han reportado interrupciones temporales en instalaciones clave del Golfo Pérsico. Aunque la producción oficial se mantiene por encima de los 2,8 millones de barriles diarios, los analistas advierten de que un deterioro prolongado del orden interno podría recortar hasta 300.000-400.000 barriles al día en los próximos meses.
Los mercados internacionales de crudo han reaccionado con repuntes puntuales de entre el 3% y el 5% ante cada nuevo episodio de tensión, conscientes de que Irán, aun bajo sanciones, sigue siendo una pieza relevante en el equilibrio oferta-demanda. El contraste con la relativa calma de otros productores del Golfo resalta el riesgo de que un agravamiento de la crisis iraní dispare la prima geopolítica del barril en un momento delicado para la inflación global.
La consecuencia es clara: la inestabilidad política interna ya no es solo un problema para Teherán, sino un factor de riesgo global para energía, comercio y precios.
Qué puede pasar ahora: escenarios abiertos y un régimen a la defensiva
A corto plazo, los escenarios para Irán se mueven entre la represión persistente y la posibilidad de una fractura dentro de la élite. El régimen todavía conserva un aparato de seguridad poderoso, recursos financieros procedentes del petróleo y apoyos externos que le permiten resistir. Pero el coste de seguir gobernando por la fuerza crece cada día.
Un primer escenario es el de normalización autoritaria, con el gobierno imponiendo un relato de “disturbios sofocados” y aplicando castigos ejemplares a activistas, periodistas y líderes locales. Sería la continuación de un patrón conocido, pero sobre una sociedad más empobrecida y resentida.
Un segundo escenario, más inestable, sería el de fisuras en la cúpula político-militar, si la Guardia Revolucionaria y los sectores más pragmáticos del sistema concluyen que la supervivencia del régimen exige concesiones reales o un relevo controlado. No hay señales claras en público, pero el malestar en las capas intermedias del Estado crece a medida que aumenta el coste reputacional y económico de la represión.
El escenario más incierto, pero no descartable, es el de una deriva prolongada de protestas recurrentes y economía al límite, una especie de “fatiga crónica” que mantenga al país en estado de crisis permanente. En cualquiera de los casos, la región —y los mercados— tendrán que acostumbrarse a un Irán aún más imprevisible.
