Katz amenaza con arrasar infraestructuras libanesas para forzar el desarme de Hezbolá
El ministro de Defensa israelí endurece su mensaje a Beirut tras el ataque a un puente sobre el Litani y eleva la presión sobre un Estado que no ha logrado monopolizar la fuerza en su propio territorio.
La frontera entre Israel y Líbano ha entrado en una fase más peligrosa. Israel Katz advirtió este viernes 13 de marzo que su país seguirá elevando el coste sobre Líbano si el Gobierno no desarma a Hezbolá, después de un bombardeo sobre el puente de Zrariyeh, una infraestructura civil sobre el río Litani que el Ejército israelí asegura que utilizaba la milicia para mover operativos entre el norte y el sur del país. Lo más grave no es solo el golpe táctico. Es el cambio de doctrina: la presión ya no se dirige exclusivamente contra Hezbolá, sino contra la capacidad del propio Estado libanés para sobrevivir sin asumir la agenda de seguridad que le impone Israel.
La amenaza ya no distingue entre milicia y Estado
Katz no se limitó a reiterar el discurso habitual sobre la contención de Hezbolá. Su mensaje fue más allá: vinculó de forma explícita la seguridad de la infraestructura nacional libanesa con la obligación de Beirut de desarmar a la milicia chií. Días antes ya había avisado de que Líbano pagaría un “precio completo” si continuaban las amenazas desde su territorio, y recordó al presidente Joseph Aoun que el compromiso adquirido tras la tregua de noviembre de 2024 no se ha cumplido. Lo decisivo es el matiz político. Israel deja de tratar a Hezbolá como un actor separado y empieza a presentar al Estado libanés como responsable directo de cualquier incumplimiento. “Actúen antes de que nosotros vayamos todavía más lejos”, vino a decir Katz en un aviso que resume la nueva fase de coerción. Este hecho revela una lógica cada vez más extendida en la estrategia israelí: convertir la debilidad institucional del vecino en argumento para legitimar una campaña más amplia y menos contenida.
El puente sobre el Litani que cambia el tablero
El ataque al puente de Zrariyeh no es un episodio menor. Según Reuters, el propio Ejército israelí reconoció haber golpeado una infraestructura civil sobre el Litani y sostuvo que era utilizada por combatientes de Hezbolá para desplazarse entre el norte y el sur de Líbano. También afirmó que la milicia había instalado lanzaderas cerca del puente y que desde la zona se habían producido ataques contra Israel. Sin embargo, no aportó pruebas públicas de esa utilización militar ni aclaró qué asesoramiento jurídico precedió a la operación. Ese detalle importa mucho. Cuando una campaña pasa de depósitos, lanzaderas o mandos a puentes, carreteras o nodos logísticos, la frontera entre objetivo militar y coste colectivo se vuelve mucho más difusa. El diagnóstico es inequívoco: Israel está elevando el umbral de los blancos que considera aceptables. Y al hacerlo, convierte la infraestructura en un instrumento de presión estratégica, no solo de interrupción táctica. El contraste con las fases anteriores del conflicto resulta demoledor.
La línea roja que nunca llegó a cumplirse
El Litani no es un accidente geográfico cualquiera. Es el eje sobre el que descansa desde 2006 la arquitectura de seguridad que debía evitar una nueva guerra a gran escala. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad y el mandato de la FINUL establecen que el área entre la Línea Azul y el río Litani debe quedar libre de personal armado, bienes y armas que no pertenezcan al Gobierno libanés o a la propia misión de la ONU. La tregua alcanzada en noviembre de 2024 volvió a poner esa obligación en el centro: Hezbolá debía replegarse al norte del río, mientras el Ejército libanés y la FINUL debían consolidar el control del sur. Pero esa promesa nunca llegó a cristalizar del todo. La misión de la ONU sigue recordando que Líbano e Israel son los responsables primarios de aplicar la resolución, señal de que el marco existe, pero carece de ejecución suficiente. Lo más grave es que cada incumplimiento prolongado acaba siendo usado por una de las partes para justificar nuevos hechos consumados sobre el terreno.
Un Ejército libanés bajo presión y sin margen político
Beirut no llega a esta crisis desde una posición de fuerza. El Ejército libanés ha avanzado en el sur, pero a un ritmo insuficiente para cerrar el vacío que denuncia Israel. Reuters informó de que la institución esperaba completar su barrido del sur antes de final de 2025, aunque arrastraba una carencia tan básica como la falta de explosivos para destruir depósitos y túneles detectados. En paralelo, fuentes próximas al proceso señalaron que Hezbolá había cedido alrededor de 190 de sus 265 posiciones militares identificadas al sur del Litani. La cifra sugiere progreso, pero también una realidad incómoda: el desarme parcial no equivale a control efectivo del territorio ni resuelve el arsenal al norte del río, en Beirut o en el valle de la Bekaa. Ahí es donde empieza el verdadero problema. La consecuencia es clara: el Estado libanés puede actuar donde el coste político es manejable, pero sigue careciendo de consenso interno para imponer el monopolio de la fuerza en todo el país sin arriesgar una fractura doméstica.
La factura económica y social ya es insoportable
Golpear infraestructura en Líbano no es solo una decisión militar; es una forma de agravar una crisis nacional que ya era extrema. Human Rights Watch recordó que la franja al sur del Litani representa cerca del 8% del territorio libanés y alberga a cientos de miles de personas. A comienzos de marzo, el Ejército israelí había ordenado la evacuación de más de 100 pueblos y localidades, mientras la organización documentaba que entre septiembre y noviembre de 2024 hubo más de 1,2 millones de desplazados y que todavía quedaban más de 64.000 personas sin poder regresar a sus hogares en octubre de 2025. Además, más de 10.000 edificios resultaron gravemente dañados o destruidos en el sur del país. Si a esa base de devastación se añaden puentes cortados, corredores logísticos interrumpidos y nuevos golpes sobre activos nacionales, la reconstrucción se encarece, el comercio interno se frena y el riesgo soberano aumenta. Líbano no solo perdería movilidad: perdería Estado.
El frente jurídico y diplomático se estrecha
La legalidad internacional no desaparece porque un puente sea sospechoso de uso militar. El derecho de la guerra prohíbe, en términos generales, los ataques contra infraestructura civil, salvo que exista una utilización militar concreta que convierta ese activo en objetivo legítimo. Precisamente por eso resulta tan relevante que Israel no haya explicado qué base probatoria ni qué evaluación jurídica acompañaron el ataque sobre Zrariyeh. A esa duda se suma otra más amplia: la política de evacuaciones masivas. La FINUL expresó el 4 de marzo su seria preocupación por la orden israelí de desplazar a la población civil al norte del Litani, y Human Rights Watch advirtió de que esa instrucción plantea graves riesgos de violación del derecho internacional humanitario. El diagnóstico es incómodo para todas las partes. Hezbolá sigue operando en un marco que la resolución 1701 pretendía clausurar; pero responder a ese fracaso con castigos crecientes sobre la infraestructura y la población civil empuja el conflicto hacia un terreno jurídicamente mucho más expuesto y diplomáticamente más costoso.
