Trump financia su “Trumpcare” con aranceles y frena a los fondos buitre

Donald Trump ha presentado un plan que aspira a convertirse en la piedra angular de su agenda económica y social: un “Trumpcare” de bajo coste, financiado con aranceles internacionales, y acompañado de un paquete de medidas para frenar la especulación en el mercado de la vivienda. La propuesta llega en un contexto de polarización política y de fatiga ciudadana con un sistema sanitario que absorbe casi el 18% del PIB y deja a millones de familias al borde de la quiebra por una hospitalización imprevista.

El giro es tan audaz como polémico. Trump promete seguros médicos más asequibles, transparencia de precios “desde la pastilla hasta la cama de hospital” y un nuevo corsé regulatorio para impedir que los grandes fondos de inversión sigan acaparando viviendas familiares. Todo ello, asegura, sin disparar el déficit: la factura se pagaría con nuevos aranceles a las importaciones y con una reorientación de los recursos destinados al exterior. 

Un “Trumpcare” que mira a Europa pero juega en clave americana

El propio Trump admite que su plan se inspira en “lo que funciona fuera”, en clara referencia a sistemas europeos con cobertura casi universal y costes per cápita muy inferiores a los estadounidenses. Sin embargo, rehúye cualquier etiqueta de “modelo europeo” y presenta su propuesta como un híbrido: seguros privados, competencia entre aseguradoras y proveedores, pero bajo un paraguas de precios transparentes y tarifas máximas para ciertos servicios básicos.

El núcleo del proyecto es doble. Por un lado, limitar la opacidad tarifaria que permite que un mismo procedimiento médico cueste 2.000 dólares en un hospital y 20.000 en otro a pocos kilómetros. Por otro, incentivar pólizas de menor coste para familias con rentas medias y bajas gracias a créditos fiscales reforzados y a la negociación centralizada de precios para determinados medicamentos.

El mensaje político es claro: “no es socialismo sanitario, es capitalismo disciplinado”. Pero la letra pequeña plantea interrogantes: ¿hasta qué punto se puede rebajar la factura de las familias sin tocar márgenes de hospitales, aseguradoras y farmacéuticas? ¿Y cómo reaccionará un lobby sanitario que mueve cientos de miles de millones de dólares al año?

Aranceles como hucha sanitaria: el proteccionismo socializado

La pieza más disruptiva del plan está en el capítulo de financiación. Trump propone que una parte relevante del coste del nuevo esquema sanitario se cubra con aranceles sobre las importaciones, especialmente de países con los que Estados Unidos registra déficits elevados. La narrativa es simple y potente: “que paguen ellos”.

En la práctica, el mecanismo funcionaría como una transferencia indirecta: los aranceles encarecen productos extranjeros, elevan la recaudación federal y esos ingresos se destinan a subvencionar seguros de salud más baratos. Para la Casa Blanca, el movimiento tiene triple objetivo: proteger industria doméstica, reforzar la balanza comercial y aliviar el bolsillo del contribuyente.

Sin embargo, economistas de todo el espectro advierten de la trampa. En última instancia, son los consumidores estadounidenses quienes pagan una parte de los aranceles vía precios más altos. Es decir, la misma familia que ahorraría en la póliza sanitaria podría ver encarecidos desde el coche hasta el teléfono móvil. El riesgo es evidente: que el “Trumpcare arancelario” no sea más que un juego de vasos comunicantes, con ahorro sanitario por un lado y inflación importada por otro.

Reordenar el gasto exterior para mirar hacia dentro

El proyecto también introduce una dimensión geopolítica. Trump plantea reorientar partidas de gasto hoy ligadas a compromisos exteriores —desde contribuciones a organismos internacionales hasta programas de asistencia y presencia militar— hacia la financiación del bienestar interno. El mensaje se alinea con su eslogan clásico: “America First, también en sanidad”.

La Casa Blanca sostiene que una reducción gradual de ciertos compromisos externos permitiría liberar decenas de miles de millones de dólares anuales para reforzar el pilar sanitario y otros programas domésticos sin aumentar la presión fiscal directa. El argumento apela a un electorado cansado de guerras lejanas y rescates ajenos mientras en casa se encarecen las primas de seguro.

Pero esta lógica tiene derivadas: recortar presencia en determinadas regiones y reducir aportaciones a alianzas y organismos de seguridad puede debilitar la capacidad de influencia global de EEUU. La sanidad se convierte así en una pieza más de un giro estratégico hacia el repliegue, con consecuencias que van mucho más allá del sistema hospitalario.

Vivienda: freno a fondos buitre y blindaje de hogares

El otro gran pilar del paquete es la vivienda. Trump propone limitar de forma drástica la capacidad de los fondos de inversión, fondos buitre y grandes vehículos inmobiliarios para comprar vivienda familiar. Podrán seguir adquiriendo hoteles, oficinas, residencias de lujo y activos comerciales, pero se enfrentarán a vetos o impuestos punitivos si intentan seguir acumulando casas unifamiliares o edificios de apartamentos destinados a alquiler estándar.

El objetivo declarado es frenar una tendencia que ha expulsado a miles de familias del mercado: en algunos estados, más del 20% de las compras de vivienda unifamiliar en los últimos años han sido realizadas por inversores institucionales, que después alquilan a precios elevados o simplemente esperan plusvalías. Trump busca capitalizar la irritación de una clase media que ve cómo el sueño de la casa propia se aleja mientras fondos anónimos compran manzanas enteras.

Los defensores de la medida la presentan como una defensa del capitalismo popular frente al “financiero”. Los críticos alertan de que restringir a los grandes compradores puede reducir liquidez, frenar la construcción y desplazar la especulación hacia otros segmentos, encareciendo, por ejemplo, el alquiler de gama media. En cualquier caso, la batalla política está servida: desde Wall Street se acusará a la Casa Blanca de estrangular la libertad de inversión; desde Main Street se aplaudirá cualquier gesto que parezca poner a las familias por delante de los fondos.

Efectos colaterales en el mercado inmobiliario

A corto plazo, las restricciones a la compra de vivienda por parte de grandes fondos pueden provocar correcciones selectivas de precios en zonas donde esta demanda institucional tenía más peso. Promotores y bancos verán cómo una parte de sus compradores recurrentes desaparece o se desplaza hacia activos de lujo y hoteles, menos afectados por los nuevos límites.

A medio plazo, el impacto será más complejo. Si los fondos se ven obligados a rotar sus carteras hacia segmentos de alto standing, es probable que se produzca un aumento de la oferta de vivienda familiar en venta, lo que podría aliviar algo los precios de adquisición pero presionar el mercado del alquiler: más familias endeudadas para comprar y menos stock gestionado como alquiler profesionalizado.

La ecuación dependerá, en gran medida, de que el Gobierno acompañe las restricciones con incentivos a la construcción de vivienda asequible: suelo disponible, reducciones fiscales y agilización de licencias. Sin ese acompañamiento, existe el riesgo de cambiar quién posee las casas… sin resolver el problema de fondo del acceso.

Una apuesta de poder: sanidad, vivienda y hegemonía conservadora

Entre líneas, el plan revela una ambición que va más allá de la próxima legislatura. Trump y su entorno aspiran a reconstruir una base social duradera en torno a dos promesas muy tangibles: “sanidad que puedas pagar” y “casa que puedas comprar”. Si consigue combinar primas más bajas y freno a la especulación inmobiliaria, el proyecto puede convertirse en un ancla de hegemonía política conservadora a medio plazo.

La estrategia es clara: ocupar un terreno que tradicionalmente ha pertenecido al Partido Demócrata —protección social, acceso a vivienda— pero desde un enfoque de nacionalismo económico y orden en los mercados, no desde el incremento clásico del gasto público. Un “welfare patriótico” financiado con aranceles y redistribución interna, en lugar de subidas generalizadas de impuestos.

El riesgo, sin embargo, es doble. Si los aranceles no generan la recaudación prevista o provocan represalias comerciales, la financiación del plan puede quedar en entredicho. Y si las restricciones inmobiliarias se traducen en menos oferta y nuevas burbujas, el discurso de defensa de las familias podría volverse en contra de quien lo impulsa.

Las preguntas que decidirán el futuro del “Trumpcare arancelario”

De momento, el paquete de sanidad y vivienda abre más interrogantes que certezas. Tres preguntas marcarán su recorrido:

1. ¿Cuánto recaudarán realmente los aranceles y quién soportará el coste? Si los precios al consumidor se disparan, el alivio sanitario puede verse neutralizado.

2. ¿Aceptará el Congreso un modelo de financiación tan volátil? Basar un pilar social en ingresos comerciales sujetos a vaivenes geopolíticos es, como mínimo, arriesgado.

3. ¿Logrará la Casa Blanca contener el poder de los lobbies sanitario e inmobiliario? Hospitales, farmacéuticas, aseguradoras y grandes fondos tienen músculo suficiente para diluir o reescribir la norma en el proceso legislativo.

Mientras tanto, la opinión pública asiste a la presentación de un plan que promete soluciones simples a problemas enormemente complejos. Si el experimento funciona, Estados Unidos podría inaugurar una nueva forma de proteccionismo social. Si fracasa, quedará como otro capítulo en la larga historia de intentos fallidos de arreglar, a golpe de titular, los dos agujeros negros de la economía estadounidense: la sanidad y la vivienda.