Putin prolonga hasta 2027 el veto a inversores de “países no amistosos” en empresas estratégicas de energía
El presidente ruso Vladímir Putin ha firmado un nuevo decreto que extiende hasta 2027 la prohibición de que ciudadanos y entidades de países considerados “no amistosos” puedan realizar transacciones de acciones en compañías estratégicas de los sectores del combustible y la energía. La medida, instaurada inicialmente en 2022 como respuesta a las sanciones occidentales, ya había sido prorrogada en 2023 y 2025, reforzando la estrategia del Kremlin de blindar sus activos críticos frente a presiones externas.
Un nuevo decreto que amplía el control sobre sectores estratégicos
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes un decreto que extiende hasta 2027 la prohibición de que ciudadanos y entidades procedentes de “países no amistosos” puedan llevar a cabo transacciones con acciones en empresas consideradas estratégicas dentro de los sectores del combustible y la energía.
La medida afecta a participaciones extranjeras en compañías clave de la infraestructura energética rusa y forma parte de la política de Moscú para proteger activos críticos frente a sanciones y presiones económicas internacionales. Las transacciones que impliquen transferencia de propiedad, venta o cualquier forma de cesión de acciones quedan bloqueadas salvo autorización directa del Kremlin.
Una política iniciada en 2022 y prorrogada en varias ocasiones
La primera versión de esta restricción se introdujo en 2022, tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados occidentales. Ese año, Putin emitió un decreto que exigía un control estricto de la inversión extranjera en empresas con influencia estratégica.
Posteriormente, el Gobierno ruso prorrogó la medida en 2023 y nuevamente en 2025, como parte de una estrategia continuada para limitar la capacidad de los países considerados “no amistosos” de influir en el funcionamiento o la propiedad de sectores clave para la economía nacional.
Con la nueva extensión anunciada este lunes, las restricciones permanecerán activas hasta 2027, confirmando la intención del Kremlin de mantener el control sobre la energía como herramienta de poder económico y político.
Respuesta a sanciones y tensiones internacionales
El decreto refleja la postura de Moscú de responder a las sanciones occidentales con contramedidas económicas de amplio alcance. Para el Gobierno ruso, limitar la participación de actores extranjeros en sectores estratégicos resulta esencial para garantizar la estabilidad interna ante un entorno internacional que considera hostil.
Además, la prohibición busca evitar que empresas o fondos occidentales puedan ejecutar movimientos especulativos o retirar capital de activos estratégicos de forma repentina, lo que podría tener efectos desestabilizadores para la economía rusa.
Impacto para inversores extranjeros y posibles excepciones
Aunque el decreto prohíbe las transacciones sin excepción general, fuentes del sector señalan que en casos muy concretos el Kremlin puede autorizar operaciones específicas si considera que no comprometen la seguridad económica del país.
Para los inversores extranjeros afectados, la prórroga implica la imposibilidad de vender, comprar o modificar su participación en dichas empresas durante al menos dos años más. El mercado de energía ruso, altamente dependiente del Estado, seguirá funcionando bajo un marco cerrado que excluye en gran medida a entidades occidentales.
Un mensaje geopolítico claro
Con esta extensión, Moscú envía una señal inequívoca: la confrontación económica con Occidente está lejos de resolverse. El Kremlin considera que el control absoluto de sus sectores energéticos es una herramienta central de soberanía en medio del entorno geopolítico actual.
El decreto de Putin refuerza, una vez más, la idea de que Rusia seguirá operando bajo un modelo económico protegido, priorizando el control estatal y limitando la entrada de capital extranjero mientras persistan las tensiones con los llamados “países no amistosos”.
